La justicia española no sacará de una fosa común al amigo de Antonio Machado y otros cinco maestros de escuela asesinados por franquistas en Cobertelada (Soria) en 1936. El Juzgado de Instrucción 1 de Almazán lideraba las labores de exhumación, lo que supone que el Estado se hace cargo de los costes económicos, hasta que cambió de rumbo a petición de la fiscal jefe de Soria, que pidió el sobreseimiento del caso.