Justo, que no justicia

La sentencia ha sido unánime. Los siete magistrados del Supremo, sin piedad, han despojado de toga al ya ex juez Baltasar Garzón. Lo han condenado a once años de inhabilitación de su cargo, consiguiendo de esta manera que no vuelva a presidir un juicio jamás. El delito, en realidad, es muy grave: prevaricación. Se produce ésta cuando cualquier autoridad, en este caso un juez, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Algo así como abusar de manera consciente de la autoridad que implica el cargo. Y cuando esto se produce, entra en escena el Derecho penal, que ha de actuar de manera inmediata, buscando la protección tanto del ciudadano en general como de la propia Administración.

El delito surgió cuando el juez Baltasar Garzón ordenó investigar las comunicaciones de los imputados de la trama Gürtel, permitiendo que se grabaran las conversaciones que mantenían los acusados Correa, Crespo y Antoine Sánchez, con sus abogados. Las trascripciones de aquellas tertulias carcelarias bien lo definía uno de sus abogados defensores, alegando que se había causado "un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable", lo cual ya nos da una idea del jugoso contenido. Por otra parte, el entonces juez se justificaba señalando que no había otra solución para impedir que los presos siguieran delinquiendo. Es decir, tenían sospechas de que seguían quebrantando la ley desde el interior de la cárcel y, queriendo evitarlo, se encontró con que no existía ningún instrumento legal que legitimara una reacción tan inmediata como la que más tarde se produjo cuando cometió prevaricación. En realidad, no le había quedado más remedio: si quería demostrar que estaban actuando ilegalmente, él también debía hacerlo. O no hacer nada.

De esta manera, se ha conseguido así la primera condena dentro del caso de la trama Gürtel: el propio juez. Alguien que optó por la prevaricación con el consentimiento y bendición de la fiscalía, parte que no ha estado involucrada en este juicio a Garzón. Ingenuo él, quien consideró que la libertad de una persona termina donde empieza la de la siguiente, salvo en la cárcel, donde la pierdes irremediablemente; alguien que siempre luchó contra todo tipo de pensamientos y pensadores que promovían la gran libertad de unos pocos sobre la de muchos; alguien con la conciencia tranquila.

Los magistrados, sin embargo, lo han tenido claro. Todos a una le han condenado, arguyendo que no puede existir juicio justo si se desprestigia el derecho de defensa, ya que entonces quedaría carente de significado; más o menos lo mismo que se aprende desde algunos canales de televisión, sobre todo en ciertos programas sanguíneos, donde son más duchos en eso del desprestigio, aunque sin mayores consecuencias. Dicen en el veredicto, así mismo, que el mero hecho de consentir las escuchas fue un acto arbitrario, carente de razón, que impide la consecución de un proceso justo; como si no fuera suficientemente razonable querer buscar la verdad. Dicen que el fin no justifica los medios; aunque eso signifique que el resultado sea injusto.

Si un padre descubre que su hijo ha pegado a otro niño, ¿acaso no hace todo lo posible por solucionar el problema, hablando con los otros padres, contando toda la verdad y, si llega el caso, obligando al hijo a disculparse? Sin embargo, crecemos y descubrimos que no, lo legal es no hacerlo, de esta forma evitaremos reconocer el delito. ¿Por qué estos valores parecen desinflarse si hablamos de justicia, con el paso del tiempo ya tan desactualizada, en donde lo moralmente discutible es hoy en día aceptable y la trampa se encuentra en tropezar?

La condena ha sido por prevaricación. Lo cual significa que las pruebas obtenidas a través de las escuchas, las que consiguió el juez Garzón de manera tan ilegal, a fin de impedir que los presos siguieran delinquiendo, no sirven absolutamente para nada. O tal vez de mucho, dependiendo de la perspectiva. Porque, pálpito siniestro, me da que los acusados de la trama Gürtel sí encontrarán ahora una resolución más justa. Con menos pruebas.

¿Es esto acaso justicia?