Las reivindicaciones sociales parece que comienzan a calar entre los diputados y algunos de ellos renuncian a ciertos privilegios, tratando así de dar ejemplo de austeridad solidaria -¿o es solidaridad austera?- a la ciudadanía. Comenzaron por hacerlo Cayo Lara y Alberto Garzón (IU) y les han seguido políticos de otras formaciones políticas, como es el caso de Tony Cantó (UPyD) que renuncia, además, a parte de los gastos que le corresponden por desplazarse a Madrid y al kit tecnológico; o Joan Coscubiela (ICV). Otros, como Duran i Lleida (CiU), se limitan a rechazar el iPad que le regala el Congreso, pero dicen las malas lenguas -y no tan malas- que hay en eso algo más de riña con la tecnología que otra cosa.

El caso es que uno, en plena celebración del aniversario de la Constitución, no debería hacerse ilusiones pensando que cundirá el ejemplo. Sus señorías no están dispuestas a renunciar a ese "pago en especie", como lo calificó Gaspar Llamazares (IU) hace una semana, indicando que sólo renunciaría si lo dictaba la política de partido -finalmente sí lo hará, víctima de la presión popular, en parte, twittera.

Todo indica que 343 de los 350 diputados mantendrán sus privilegios que se suman a otros como disponer de guardería en la propio edificio del Congreso o su pensión máxima con tan sólo cotizar siete años. ¿Faltan políticos de talla? Seguro, eso es indiscutible. Atrás han quedado los tiempos en los que hombres como el profesor Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía con Adolfo Suárez, renunció a sus coche oficial y, tras dejar de ser ministro, a su pensión vitalicia. En ese sentido, cuando más avanza la Democracia, más retrocede. Y lo que veremos en 2012.