La encrucijada calderonista

En la lucha contra el crimen organizado y todos los males que con éste vienen aparejados, el uso del Ejército como punta de lanza aparece como una opción ineludible, pese a los dolores de cabeza que su participación ha dejado en el imaginario colectivo, ahí en donde la percepción de indefensión ante quienes están obligados a defender a los ciudadanos de bien, ha sido vital para convertir a los miembros de las fuerzas armadas en los villanos de la película.

En la realidad de la lucha anti narco, la verdad es que hay villanos y muchos al interior de las fuerzas encabezadas por Felipe Calderón, la milicia incluida, pero éstos también se encuentran incrustados en el hampa, inclusive con agentes municipales, estatales y federales trabajando para el crimen, donde el municipio de San Fernando, Tamaulipas, sirve de crudo mirador de eso en lo que se está convirtiendo el país por no aplicar el Estado de Derecho.

De cara a las exigencias que surgieron tras la marcha encabezada por el poeta y periodista Javier Sicilia, padre de Juan Francisco Sicilia, víctima de la peor oleada de inseguridad pública de que se tenga memoria durante el actual sexenio, resulta que FCH se encuentra entre la espada y la pared, porque su equipo de trabajo simplemente no ha sabido comunicar las razones de su empeño militarista, tan necesario por su poder de fuego, como criticado por sus ostensibles fallos de logística.

Aunque válida y necesaria la exigencia de regresar a sus cuarteles al Ejército, en previsión de que la opción militarista termine por asentarse en tierras aztecas, la situación actual deja ver que las autoridades civiles se han visto rebasadas por el poder de fuego y de cooptación corruptora del crimen organizado, hasta el punto de convertir a municipios enteros, como es el caso de San Fernando y Ciudad Mier, Tamaulipas, en pueblos fantasmas.

El caos en el que se encuentra la República, huelga decir, vuelve necesaria la participación de toda la fuerza del Estado y en ese rubro va también el Ejército Nacional, pero vale precisar, esta participación castrense se debiera aplicar con tino e inteligencia, para que en el intento por restablecer el orden, se evite que aquellos que pretenden devolverle la paz a los ciudadanos, acaben por incrementar los niveles de violencia e impunidad que la ley les obliga a combatir.

El problema no radica en la presencia del Ejército en las calles, sino en la ausencia de una adecuada coordinación entre autoridades militares y civiles para lograr que, en apego a sus atribuciones legales, cada quien haga su parte en la lucha contra el crimen, so riesgo de que, de no ocurrir así, el Estado Fallido se vuelva perenne. Lo malo es que los políticos no están a la altura de esta circunstancia, pues, contrario a su deber ser, perpetúan el clima de inseguridad.

Mientras tanto, a Calderón, quiéralo no, le toca apechugar, porque si envía a los militares a sus cuarteles, le llovería y fuerte, dada la incapacidad de las autoridades estatales y municipales para enfrentar al crimen organizado; y si los mantiene en las calles, pues igual, porque tendrá sobre su oreja a quienes piensan, errónea e ingenuamente, que ya sin el Ejército Nacional como parte de la ecuación anticrimen, la violencia disminuiría.

Fotos: www.presidencia.gob.mx, www.sedena.gob.mx