La ONU advirtió el viernes que la lentitud a la hora de aplicar el acuerdo de paz en Colombia con la guerrilla de las FARC crea un "vacío de poder" que puede ser aprovechado por el crimen organizado.

El acuerdo que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron en noviembre tiene un enorme potencial para mejorar la situación de los derechos básicos en Colombia, se felicitó el Alto Comisionado de Derechos Humanos.

Según los términos del acuerdo, los guerrilleros de las FARC deben concentrarse en 27 zonas en Colombia, para luego entregar sus armas progresivamente.

Pero "dos semanas después del inicio del proceso, ninguna de esas zonas ha sido equipada para recibirlos de forma apropiada" lamentó Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado.

La portavoz citó en particular el acceso limitado al agua potable, la electricidad, la falta de alimentos y de atención sanitaria.

"La experiencia demuestra que los primeros días de desmovilización son los más críticos para convencer a los combatientes que no abandonen el proceso de paz" dijo.

"Los guerrilleros han empezado a abandonar las zonas que estaban tradicionalmente bajo su control, pero el Estado no las ha ocupado totalmente, lo que crea un vacío de poder" destacó la vocera.

"Los grupos criminales armados se enfrentan para tomar el control de las actividades económicas ilegales en esas zonas", advirtió.

En esas zonas rurales se han producido ya 61 asesinatos de defensores de los derechos humanos y dirigentes sociales. Un tercio de esas muertes se produjeron tras el fin del primer acuerdo de paz a finales de septiembre.

La ONU alentó al gobierno colombiano a nombrar un responsable con suficientes poderes para solucionar las cuestiones prácticas.

"También pedimos una acción inmediata, determinada y visible del Estado sobre el terreno, para garantizar la seguridad y los servicios básicos, y para que empiece a aplicar todos los aspectos del acuerdo" declaró Shamdasani.