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Cómo se levantan las ‘alfombras’ en las Comunidades Autónomas

07/06/2011 23:53 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Los expertos alertan de que los datos de déficit oculto que se están manejando se basan en meras estimaciones

El PP ha desatado la voz de alarma al anunciar que hará auditorías externas en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos en los que entrará a gobernar tras la contundente victoria del 22-M. No se fía de las cuentas que heredará del PSOE. La guerra de cifras del déficit y de la deuda que acaba de saltar a la opinión pública, y que está provocando fuertes divisiones entre los dos grandes partidos, no es nueva. Aunque con matices, el problema ya estalló tras el cambio de Gobierno en Cataluña, y aún está muy lejos de solucionarse.

¿Cómo se contabiliza el déficit oculto del que hablan ya los futuros dirigentes de las comunidades?

Por ahora, los cálculos de los futuros responsables sobre el déficit y la deuda oculta, tanto en Castilla-La Mancha como en otras regiones y municipios, se basan en meras estimaciones y no en datos constatables. Hasta las cifras que ha ofrecido la Generalitat de Cataluña, que ya lleva varios meses en el poder, son provisionales. Por lo tanto, para medir con exactitud los números rojos en comunidades como Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña habrá que esperar al trabajo de las grandes auditoras, que casi con seguridad serán las encargadas de levantar las alfombras, utilizando la jerga que se utiliza coloquialmente.

¿Cómo se realiza una auditoría en una administración pública?

Según José Luis Ruiz Expósito, socio responsable de Mercados de Ernst & Young, cuando los nuevos gobiernos encargan auditorías lo que en realidad están pidiendo es que les pongan sobre la mesa un “plan estratégico”.

Ruiz Expósito aclara que una auditoría estricta consiste sólo en descubrir “cuál es el déficit a día de hoy”. Sin embargo, si se observa el pliego del concurso en el que Artur Mas pone en marcha la revisión de las cuentas en Cataluña, una “foto clara de la que partir” es sólo el principio. Las administraciones pretenden que las empresas analicen desde fuera la situación; que descubran los pagos comprometidos para el futuro; determinen cuáles son prescindibles (y se pueden cancelar) y que ofrezcan una solución para sanear las arcas.

¿Es equiparable la situación de Cataluña a la de las otras comunidades en la que habrá cambio de poder?

El lenguaje que están utilizando las regiones en las que gobernará el PP es más agresivo. Los expertos consultados por este periódico señalan que el Gobierno de Artur Mas no puso en duda la credibilidad de las finanzas públicas catalanas, sino las previsiones del tripartito liderado por el PSC. Y es que no es lo mismo cuestionar unas cuentas ya revisadas por los funcionarios de las distintas administraciones, lo que ocurrió en Grecia, que poner en duda las previsiones de ingresos y de gastos y hacer un diagnóstico más realista. Las cifras que ahora están saliendo a la luz son parte del debate político, y no de un análisis exhaustivo de la realidad.

¿Cuánto se tarda en hacer una auditoría en una CCAA?

Como mínimo, hay que esperar seis meses desde que se produce el anuncio. La auditoría en Cataluña, cuyo pliego de condiciones se dio a conocer a comienzos de marzo, no se acabará hasta, al menos, el mes de septiembre. Los trabajos de los auditores tardan en realizarse 75 días (dos meses y medio), un tiempo al que hay que añadir el periodo de elaboración de los pliegos y en el que está abierto el concurso. Por lo tanto, en las comunidades en las que el PP acaba de ganar no se esperan datos definitivos y fiables hasta finales de 2011, por lo que todas las cifras que se están dando a conocer aún son meras estimaciones, como ya han reconocido los propios dirigentes de la formación que dirige Mariano Rajoy.

¿Se hacen igual las auditorías en el sector público y en el sector privado?

El procedimiento es parecido. Sin embargo, si en una empresa privada lo que analizan básicamente es la cuenta de resultado y el balance, en una empresa pública lo más útil es vigilar la liquidación del presupuesto, el remanente de tesorería y sus componentes (es decir, analizar lo que hay realmente en la caja).

En las administraciones también es prioritario conocer cuáles son los derechos pendientes de cobro (las facturas que no cobran las administraciones) y las obligaciones pendientes de pago (las deudas con los proveedores).

En las administraciones también es prioritario conocer cuáles son los derechos pendientes de cobro

¿A qué se refieren los políticos cuando hablan de facturas en el cajón?

Aunque sea cuestionable políticamente, las normas contables sí permiten que muchas de las facturas y de las deudas del sistema sanitario no se contabilicen en el ejercicio en el que se compra el bien o presta el servicio, sino que se computen en el de años futuros. Otra cuestión diferente (y más preocupante) es ver si hay facturas aparcadas con las que ni siquiera se cuentan en próximos ejercicios.

¿Por qué se encargan a auditores externos y no a funcionarios?

Algunos funcionarios critican que se haya puesto en cuestión su trabajo. Pero la elección de auditorías privadas tiene otra explicación. Los partidos que llegan al poder no sólo quieren que les analicen las cuentas pasadas, sino que les hagan un examen a la administración rápido y que les propongan medidas concretas, algo que no está entre las labores de un interventor. Con un auditor externo los programas de recortes y de subidas fiscales que se anuncien estarán avalados por una firma independiente.

El impacto de los cambios de Gobierno en las arcas públicas

Colaboración en Aragón

De momento, Aragón parece ser la región donde va a cambiar el Gobierno de forma menos traumática. Todavía no se ha cerrado el acuerdo de gobierno, pero todo hace indicar que el camino más probable es un gobierno del PP –que obtuvo 30 de los 67 diputados de la Cámara regional– con el apoyo del PAR. A estas alturas ninguno de los dos partidos tiene prisa por cerrar un acuerdo y mientras el presidente del PAR, José Ángel Biel, quiere esperar a que se conformen los ayuntamientos y las diputaciones, la candidata popular, Luisa Fernanda Rudi, no descarta gobernar en coalición o con un pacto de legislatura.

Marcelino Iglesias, el todavía presidente aragonés, señaló ayer que ya ha hablado con Rudi, y le ha hecho una “oferta de total colaboración”, además de pedir a todos sus consejeros “un informe completo y exhaustivo para poder hacer en las mejores condiciones el traspaso”. El presidente aragonés en funciones ha dejado claro que no dificultará las negociaciones del PP con el PAR.

Complicaciones en Baleares

La voz de alarma sobre el esqueleto financiero del archipiélago la daba el pasado día 1 el inminente presidente del PP en Islas Baleares, José Ramón Bauzá. El ganador de las elecciones del 22-M constataba su temor a que la situación de las cuentas en las Islas fuera “ peor” de lo previsto. Un día después, el mismo dirigente ‘popular’ recordaba que la comunidad tiene un límite de déficit del 1, 3% para este año y que durante el primer trimestre ya cuenta con una tasa “del 0, 97%, que sepamos”.

“La situación va a ser francamente complicada y, lo más importante, los ciudadanos tienen que saber cuál es el estado de cuentas real y no el que se nos facilitan”, apuntó. No obstante, el Ejecutivo saliente no ve así la jugada. El pasado viernes, la portavoz del Gobierno en funciones, Joana Barceló, consideraba que el próximo Gabinete autonómico no se encontrará “ninguna sorpresa” con las auditorías internas que el PP anunció que realizará en todas las instituciones en las que gobierne.

Empresas públicas paralelas en Asturias

Otra de las comunidades bajo lupa es Asturias. Allí, Francisco Álvarez Cascos, líder de Foro Ciudadano, el partido más votado en las elecciones, sabe que cuando forme gobierno –aún está por ver con quién– se enfrentará a “problemas políticos (corrupción), económicos (parálisis), y sociales (paro)”, según señaló ayer en un encuentro online en El Mundo. La presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, fue más allá al avisar de que existen “muchos indicios” para pensar que en el Principado “puede haber ocurrido lo mismo” que su partido ha denunciado en Castilla-La Mancha.

“Existen muchos indicios para pensar que lo mismo que en Castilla-La Mancha puede haber ocurrido en Asturias o en Gijón con tantos y tantos años de gobierno monocolor”, afirmó la diputada nacional. Fernández Pardo subrayó que ya se ha denunciado que “se habían montado muchas empresas públicas paralelas”. Indicó que ha habido informes de la Sindicatura de Cuentas que avalaban que “los contratos no se estaban haciendo de manera regular”.

Para conocer las cifras reales habrá que esperar al resultado de las auditorías externas


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