Una ley del estado estadounidense de Carolina del Norte considerada discriminatoria de personas transgénero, viola derechos civiles, advirtió el miércoles el Departamento de Justicia estadounidense.

La advertencia está contenida en una carta enviada por el Departamento de Justicia al gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, y cuyo texto fue reproducido por los medios locales.

La ley conocida como HB2, promulgada en marzo por McCrory, obliga a los individuos a usar los baños públicos que correspondan a su sexo de nacimiento y no a su identidad de género, lo que irritó a las personas transgénero y desató un boicot contra el estado del sureste del país de celebridades, organizaciones deportivas y empresas.

"El estado está incurriendo en un patrón de discriminación contra empleados transgénero y tanto usted como el estado están incurriendo en un patrón de oposición al disfrute total de los derechos" garantizados en la ley de derechos civiles de 1964, indicó la carta del Departamento de Justicia a McCrory, publicada por el canal WSOCTV. La ley de derechos civiles prohíbe a un empleador discriminar contra un individuo en base a su sexo, recordó la misiva.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a las peticiones de la AFP para compartir la carta.

El Departamento conminó al gobernador McCrory a comunicar a más tardar el 9 de mayo "si revertirá estas violaciones", mediante la no implementación de la ley HB2, y pidió informar a los empleados estatales que "en consonancia con leyes federales, se les permitirá el acceso a baños de acuerdo a su identidad de género".

Ante el creciente boicot, McCrory redujo en abril el alcance de la HB2, para dejarla sin efecto sobre el sector privado, pero la ley sigue siendo válida en escuelas y edificios administrativos.

El presidente Barack Obama calificó en días pasados de "equivocadas" dicha ley y otra similar en el estado de Misisipi, que discriminan contra la comunidad LGTB (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), y pidió su derogación.

Estas leyes se inscriben en una serie de iniciativas en estados conservadores en respuesta a la decisión de junio de 2015 del Tribunal Supremo estadounidense de legalizar a nivel nacional el matrimonio homosexual.