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Ley de memoria histórica

16/05/2010 20:39 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura

Texto Oficial

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto

al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas,

que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una

Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa

voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un

Estado social y democrático de derecho con clara vocación

integradora.

El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional

de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado

nunca y explica las diversas medidas y derechos

que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de

todo el período democrático, en favor de las personas

que, durante los decenios anteriores a la Constitución,

sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen

dictatorial que la sucedió.

Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas

por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las

demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el

ámbito parlamentario como por distintas asociaciones

cívicas. Se trata de peticiones legítimas y justas, que

nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional

de concordia, y en el marco de la Constitución,

no puede dejar de atender.

Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifestado por

la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados

que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad

una Proposición no de Ley en la que el órgano de representación

de la ciudadanía reiteraba que «nadie puede

sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar

la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones

políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios

a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo

que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad

democrática». La presente Ley asume esta Declaración así

como la condena del franquismo contenida en el Informe

de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado

en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron

las graves violaciones de Derechos Humanos

cometidas en España entre los años 1939 y 1975.

Es la hora, así, de que la democracia española y las

generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y

recuperen para siempre a todos los que directamente

padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos

u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias

religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia.

Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos,

a sus familias. También a quienes perdieron su libertad, al

padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes,

trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración

dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en

fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un

largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. Y,

por último, a quienes en distintos momentos lucharon por

la defensa de los valores democráticos, como los integrantes

del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales,

los combatientes guerrilleros, cuya rehabilitación

fue unánimemente solicitada por el Pleno del

Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, o los

miembros de la Unión Militar Democrática, que se autodisolvió

con la celebración de las primeras elecciones

democráticas.

En este sentido, la Ley sienta las bases para que los

poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas

al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la

memoria democrática.

La presente Ley parte de la consideración de que los

diversos aspectos relacionados con la memoria personal

y familiar, especialmente cuando se han visto afectados

por conflictos de carácter público, forman parte del estatuto

jurídico de la ciudadanía democrática, y como tales

son abordados en el texto. Se reconoce, en este sentido,

un derecho individual a la memoria personal y familiar de

cada ciudadano, que encuentra su primera manifestación

en la Ley en el reconocimiento general que en la misma

se proclama en su artículo 2.

En efecto, en dicho precepto se hace una proclamación

general del carácter injusto de todas las condenas,

sanciones y expresiones de violencia personal producidas,

por motivos inequívocamente políticos o ideológicos,

durante la Guerra Civil, así como las que, por las

mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior.

Esta declaración general, contenida en el artículo 2, se

complementa con la previsión de un procedimiento específico

para obtener una Declaración personal, de contenido

rehabilitador y reparador, que se abre como un derecho

a todos los perjudicados, y que podrán ejercer ellos

mismos o sus familiares.

En el artículo 3 de la Ley se declara la ilegitimidad de

los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza

administrativa creados con vulneración de las más elementales

garantías del derecho a un proceso justo, así

como la ilegitimidad de las sanciones y condenas de

carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos

o de creencias religiosas. Se subraya, así, de

forma inequívoca, la carencia actual de vigencia jurídica

de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los

derechos humanos y se contribuye a la rehabilitación

moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas.

En este sentido, la Ley incluye una disposición derogatoria

que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a

aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente

represoras y contrarias a los derechos fundamentales

con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión

del ordenamiento jurídico e impedir su invocación

por cualquier autoridad administrativa y judicial.

En los artículos 5 a 9 se establece el reconocimiento

de diversas mejoras de derechos económicos ya recogidos

en nuestro Ordenamiento. En esta misma dirección,

se prevé el derecho a una indemnización en favor de

todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa

de la democracia, de la democracia que hoy todos disfrutamos,

y que no habían recibido hasta ahora la compensación

debida (art. 10).

Se recogen diversos preceptos (arts. 11 a 14) que,

atendiendo también en este ámbito una muy legítima

demanda de no pocos ciudadanos, que ignoran el paradero

de sus familiares, algunos aún en fosas comunes,

prevén medidas e instrumentos para que las Administraciones

públicas faciliten, a los interesados que lo soliciten,

las tareas de localización, y, en su caso, identificación

de los desaparecidos, como una última prueba de respeto

hacia ellos.

Se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts. 15

y 16) en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos

de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas

en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación

militar, de la Guerra Civil y de la represión de la

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Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos

tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos

sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento,

ofensa o agravio.

El legislador considera de justicia hacer un doble reconocimiento

singularizado. En primer lugar, a los voluntarios

integrantes de las Brigadas internacionales, a los que

se les permitirá acceder a la nacionalidad española sin

necesidad de que renuncien a la que ostenten hasta este

momento (art. 18); y, también, a las asociaciones ciudadanas

que se hayan significado en la defensa de la dignidad

de las víctimas de la violencia política a que se refiere esta

Ley (art. 19).

Con el fin de facilitar la recopilación y el derecho de

acceso a la información histórica sobre la Guerra Civil, la

Ley refuerza el papel del actual Archivo General de la Guerra

Civil Española, con sede en Salamanca, integrándolo

en el Centro Documental de la Memoria Histórica también

con sede en la ciudad de Salamanca, y estableciendo que

se le dé traslado de toda la documentación existente en

otros centros estatales (arts. 20 a 22).

La presente ley amplía la posibilidad de adquisición

de la nacionalidad española a los descendientes hasta el

primer grado de quienes hubiesen sido originariamente

españoles. Con ello se satisface una legítima pretensión

de la emigración española, que incluye singularmente a

los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad

española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o

la Dictadura.

En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar

heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción

a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la

persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia

de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura.

Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de

que, profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro

y de la concordia de la Transición, no son sólo

esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados

sino también la Democracia española en su conjunto. No

es tarea del legislador implantar una determinada memoria

colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido

de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con

el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal

y familiar como expresión de plena ciudadanía

democrática, fomentar los valores constitucionales y promover

el conocimiento y la reflexión sobre nuestro

pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia

y violación de derechos humanos como las entonces

vividas.

Este es el compromiso al que el texto legal y sus consecuencias

jurídicas responden.

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y

ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución

o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de

creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura,

promover su reparación moral y la recuperación de su

memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias

destinadas a suprimir elementos de división

entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la

cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de

españoles en torno a los principios, valores y libertades

constitucionales.

2. Mediante la presente Ley, como política pública,

se pretende el fomento de los valores y principios democráticos,

facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias

acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura,

y asegurando la preservación de los documentos

relacionados con ese período histórico y depositados en

archivos públicos.

Artículo 2. Reconocimiento general.

1. Como expresión del derecho de todos los ciudadanos

a la reparación moral y a la recuperación de su

memoria personal y familiar, se reconoce y declara el

carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones

y cualesquiera formas de violencia personal producidas

por razones políticas, ideológicas o de creencia

religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas

por las mismas causas durante la Dictadura.

2. Las razones a que se refiere el apartado anterior

incluyen la pertenencia, colaboración o relación con partidos

políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares,

minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas

y grupos de resistencia, así como el ejercicio de

conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas

o de orientación sexual.

3. Asimismo, se reconoce y declara la injusticia que

supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra

Civil y la Dictadura.

Artículo 3. Declaración de ilegitimidad.

1. Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados

y cualesquiera otros órganos penales o administrativos

que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido

para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de

creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal,

así como la de sus resoluciones.

2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más

elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se

declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión

de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden

Público, así como los Tribunales de Responsabilidades

Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos

políticos, ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley.

3. Igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de

forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por

motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera

tribunales u órganos penales o administrativos

durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad

institucional anterior, pretendieron el restablecimiento

de un régimen democrático en España o intentaron

vivir conforme a opciones amparadas por derechos y

libertades hoy reconocidos por la Constitución.

Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento

personal.

1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración

de reparación y reconocimiento personal a quienes

durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos

de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores.

Este derecho es plenamente compatible con los

demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en

normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones

a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia.

2. Tendrá derecho a solicitar la Declaración las personas

afectadas y, en caso de que las mismas hubieran

fallecido, el cónyuge o persona ligada por análoga relación

de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes

y sus colaterales hasta el segundo grado.

3. Asimismo, podrán solicitar la Declaración las instituciones

públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado

de gobierno, respecto de quienes, careciendo de

cónyuge o de los familiares mencionados en el apartado

anterior, hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante

en las mismas.

4. Las personas o instituciones previstas en los apartados

anteriores podrán interesar del Ministerio de Justi53412

Jueves 27 diciembre 2007 BOE núm. 310

cia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar

toda la documentación que sobre los hechos o el

procedimiento obre en su poder, así como todos aquellos

antecedentes que se consideren oportunos.

5. La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible

con cualquier otra fórmula de reparación prevista

en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el

reconocimiento de responsabilidad patrimonial del

Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará

lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica

o profesional. El Ministerio de Justicia denegará

la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo

dispuesto en esta Ley.

Artículo 5. Mejora de las prestaciones reconocidas por

la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento

de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia

social a favor de las viudas, hijos y demás familiares

de los españoles fallecidos como consecuencia

o con ocasión de la pasada Guerra Civil.

1. Con el fin de completar la acción protectora establecida

por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento

de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y

asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares

de los españoles fallecidos como consecuencia o

con ocasión de la pasada Guerra Civil, se modifican las

letras a) y c) del número 2 de su artículo primero, que

quedan redactadas como sigue:

«a) Por heridas, enfermedad o lesión accidental

originadas como consecuencia de la guerra.

C) Como consecuencia de actuaciones u opiniones

políticas y sindicales, cuando pueda establecerse

asimismo una relación de causalidad personal

y directa entre la Guerra Civil y el fallecimiento.»

2. Las pensiones que se reconozcan al amparo de lo

dispuesto en el apartado anterior tendrán efectos económicos

desde el primer día del mes siguiente a la fecha de

entrada en vigor de la presente Ley, siendo de aplicación,

en su caso, las normas que regulan la caducidad de efectos

en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Artículo 6. Importe de determinadas pensiones de orfandad.

1. La cuantía de las pensiones de orfandad en favor

de huérfanos no incapacitados mayores de veintiún años

causadas por personal no funcionario al amparo de las

Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de

junio, se establece en 132, 86 euros mensuales.

2. A las pensiones de orfandad a que se refiere el

presente artículo les será de aplicación el sistema de complementos

económicos vigentes y experimentarán las

revalorizaciones que establezcan las Leyes de Presupuestos

Generales del Estado para cada año.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores tendrá

efectividad económica desde el primer día del mes

siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley,

sin perjuicio de las normas que sobre caducidad de efectos

rigen en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Artículo 7. Modificación del ámbito de aplicación de las

indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión

como consecuencia de los supuestos contemplados

en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

1. Con el fin de incorporar supuestos en su día

excluidos de la concesión de indemnizaciones por tiempos

de estancia en prisión durante la Dictadura, se modifican

los apartados uno y dos de la disposición adicional

decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 1990, que quedan

redactados como sigue:

«Uno. Quienes acrediten haber sufrido privación

de libertad en establecimientos penitenciarios

o en Batallones Disciplinarios, en cualquiera de sus

modalidades, durante tres o más años, como consecuencia

de los supuestos contemplados en la Ley

46/1977, de 15 de octubre, y tuvieran cumplida la

edad de sesenta años en 31 de diciembre de 1990,

tendrán derecho a percibir por una sola vez una

indemnización de acuerdo con la siguiente escala:

Tres o más años de prisión: 6.010, 12 €.

Por cada tres años completos adicionales: 1.202, 02 €.

Dos. Si el causante del derecho a esta indemnización

hubiese fallecido, y en 31 de diciembre

de 1990 hubiera podido tener cumplidos sesenta

años de edad tendrá derecho a la misma el cónyuge

supérstite, que sea pensionista de viudedad por tal

causa o que, aun no teniendo esta condición, acredite

ser cónyuge viudo del causante.»

2. Se añaden un apartado dos bis y un apartado siete

a la Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990,

de 29 de junio de Presupuestos del Estado con la siguiente

redacción:

«Dos bis. Una indemnización de 9.616, 18 € se

reconocerá al cónyuge supérstite de quien, habiendo

sufrido privación de libertad por tiempo inferior a

tres años como consecuencia de los supuestos contemplados

en la Ley 46/1977, de 15 de octubre,

hubiese sido condenado por ellos a pena de muerte

efectivamente ejecutada y no haya visto reconocida

en su favor, por esta circunstancia, pensión o indemnización

con cargo a alguno de los sistemas públicos

de protección social.»

«Siete. Quienes se consideren con derecho a

los beneficios establecidos en los apartados uno y

dos anteriores, ya sean los propios causantes o sus

cónyuges supérstites o pensionistas de viudedad

por tal causa, deberán solicitarlos expresamente

ante la citada Dirección General de Costes de Personal

y Pensiones Públicas.»

Artículo 8. Tributación en el Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas de las indemnizaciones a favor de

quienes sufrieron privación de libertad como consecuencia

de los supuestos contemplados en la Ley

46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

Con efectos desde el 1 de enero de 2005, se añade una

nueva letra u) al artículo 7 del texto refundido de la Ley

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado

por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de

marzo, que quedará redactada de la siguiente manera:

«u) Las indemnizaciones previstas en la legislación

del Estado y de las Comunidades Autónomas

para compensar la privación de libertad en establecimientos

penitenciarios como consecuencia de los

supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de

octubre, de Amnistía.»

Artículo 9. Ayudas para compensar la carga tributaria de

las indemnizaciones percibidas desde el 1 de enero

de 1999 por privación de libertad como consecuencia

de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977,

de 15 de octubre, de Amnistía.

1. Las personas que hubieran percibido desde el 1 de

enero de 1999 hasta la fecha de entrada en vigor de la

BOE núm. 310 Jueves 27 diciembre 2007 53413

presente Ley las indemnizaciones previstas en la legislación

del Estado y de las Comunidades Autónomas para

compensar la privación de libertad en establecimientos

penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados

en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía,

podrán solicitar, en la forma y plazos que se determinen,

el abono de una ayuda cuantificada en el 15 por

ciento de las cantidades que, por tal concepto, hubieran

consignado en la declaración del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas de cada uno de dichos períodos

impositivos.

2. Si las personas a que se refiere el apartado 1 anterior

hubieran fallecido, el derecho a la ayuda corresponderá

a sus herederos, quienes podrán solicitarla.

3. Las ayudas percibidas en virtud de lo dispuesto en

el presente artículo estarán exentas del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas.

4. Por Orden del Ministro de Economía y Hacienda

se determinará el procedimiento, las condiciones para su

obtención y el órgano competente para el reconocimiento

y abono de esta ayuda.

Artículo 10. Reconocimiento en favor de personas fallecidas

en defensa de la democracia durante el período

comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre

de 1977.

1. En atención a las circunstancias excepcionales

que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a

una indemnización, por una cuantía de 135.000 €, a los

beneficiarios de quienes fallecieron durante el período

comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre

de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y

derechos democráticos.

2. Serán beneficiarios de la indemnización a que se

refiere el apartado primero de este artículo los hijos y el

cónyuge de la persona fallecida, si no estuviere separado

legalmente ni en proceso de separación o nulidad matrimonial,

o la persona que hubiere venido conviviendo con

ella de forma permanente con análoga relación de afectividad

a la del cónyuge durante, al menos, los dos años

inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento,

salvo que hubieren tenido descendencia en común, en

cuyo caso bastará la mera convivencia.

Subsidiariamente, si no existieran los anteriores,

serán beneficiarios, por orden sucesivo y excluyente, los

padres, nietos, los hermanos de la persona fallecida y los

hijos de la persona conviviente, cuando dependieren económicamente

del fallecido.

Cuando se produzca la concurrencia de diversas personas

que pertenezcan a un grupo de los que tienen derecho

a la indemnización, la cuantía total máxima se repartirá

por partes iguales entre todos los que tengan derecho

por la misma condición, excepto cuando concurran el

cónyuge o persona con análoga relación afectiva y los

hijos del fallecido, en cuyo caso la ayuda se distribuirá

al 50 por ciento entre el cónyuge o la persona con análoga

relación de afectividad y el conjunto de los hijos.

3. Procederá el abono de la indemnización siempre

que por los mismos hechos no se haya recibido indemnización

o compensación económica alguna o, habiéndose

recibido, sea de cuantía inferior a la determinada en este

artículo.

4. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará

las condiciones y el procedimiento para la concesión de la

indemnización prevista en este artículo.

5. Los beneficiarios de la indemnización establecida

en este artículo dispondrán del plazo de un año, a contar

desde la entrada en vigor del Real Decreto a que se refiere

el apartado anterior, para presentar su solicitud ante la

Comisión en él mencionada.

Artículo 11. Colaboración de las Administraciones públicas

con los particulares para la localización e identificación

de víctimas.

1. Las Administraciones públicas, en el marco de sus

competencias, facilitarán a los descendientes directos de

las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación,

localización e identificación de las personas desaparecidas

violentamente durante la Guerra Civil o la represión

política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo

previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse respecto de

las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004,

incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines.

2. La Administración General del Estado elaborará

planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar

gastos derivados de las actividades contempladas en

este artículo.

Artículo 12. Medidas para la identificación y localización

de víctimas.

1. El Gobierno, en colaboración con todas las Administraciones

públicas, elaborará un protocolo de actuación

científica y multidisciplinar que asegure la colaboración

institucional y una adecuada intervención en las

exhumaciones. Asimismo, celebrará los oportunos convenios

de colaboración para subvencionar a las entidades

sociales que participen en los trabajos.

2. Las Administraciones públicas elaborarán y pondrán

a disposición de todos los interesados, dentro de su

respectivo ámbito territorial, mapas en los que consten los

terrenos en que se localicen los restos de las personas a

que se refiere el artículo anterior, incluyendo toda la información

complementaria disponible sobre los mismos.

El Gobierno determinará el procedimiento y confeccionará

un mapa integrado que comprenda todo el territorio

español, que será accesible para todos los ciudadanos

interesados y al que se incorporarán los datos que

deberán ser remitidos por las distintas Administraciones

públicas competentes.

Las áreas incluidas en los mapas serán objeto de

especial preservación por sus titulares, en los términos

que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, los

poderes públicos competentes adoptarán medidas orientadas

a su adecuada preservación.

Artículo 13. Autorizaciones administrativas para actividades

de localización e identificación.

1. Las Administraciones públicas competentes autorizarán

las tareas de prospección encaminadas a la localización

de restos de las víctimas referidas en el apartado 1

del artículo 11, de acuerdo con la normativa sobre patrimonio

histórico y el protocolo de actuación que se

apruebe por el Gobierno. Los hallazgos se pondrán inmediatamente

en conocimiento de las autoridades administrativas

y judiciales competentes.

2. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de

sus competencias, establecerán el procedimiento y las

condiciones en que los descendientes directos de las víctimas

referidas en el apartado 1 del artículo 11, o las entidades

que actúen en su nombre, puedan recuperar los

restos enterrados en las fosas correspondientes, para su

identificación y eventual traslado a otro lugar.

3. En cualquier caso, la exhumación se someterá a

autorización administrativa por parte de la autoridad

competente, en la que deberá ponderarse la existencia de

oposición por cualquiera de los descendientes directos de

las personas cuyos restos deban ser trasladados. A tales

efectos, y con carácter previo a la correspondiente resolución,

la administración competente deberá dar adecuada

publicidad a las solicitudes presentadas, comunicando en

53414 Jueves 27 diciembre 2007 BOE núm. 310

todo caso su existencia a la Administración General del

Estado para su inclusión en el mapa referido en el apartado

primero del artículo anterior.

4. Los restos que hayan sido objeto de traslado y no

fuesen reclamados serán inhumados en el cementerio

correspondiente al término municipal en que se encontraran.

Artículo 14. Acceso a los terrenos afectados por trabajos

de localización e identificación.

1. La realización de las actividades de localización y

eventual identificación o traslado de los restos de las personas

referidas en el apartado 1 del artículo 13 se constituye

en fin de utilidad pública e interés social, a los efectos

de permitir, en su caso y de acuerdo con los artículos 108

a 119 de la Ley de Expropiación Forzosa, la ocupación

temporal de los terrenos donde deban realizarse.

2. Para las actividades determinadas en el apartado

anterior, las autoridades competentes autorizarán, salvo

causa justificada de interés público, la ocupación temporal

de los terrenos de titularidad pública.

3. En el caso de terrenos de titularidad privada, los

descendientes, o las organizaciones legitimadas de

acuerdo con el apartado anterior, deberán solicitar el consentimiento

de los titulares de derechos afectados sobre

los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere

dicho consentimiento, las Administraciones públicas

podrán autorizar la ocupación temporal, siempre tras

audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración

de sus alegaciones, y fijando la correspondiente

indemnización a cargo de los ocupantes.

Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de

sus competencias, tomarán las medidas oportunas para

la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o

menciones conmemorativas de exaltación, personal o

colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de

la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá

incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación

cuando las menciones sean de estricto recuerdo

privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran

razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas

protegidas por la ley.

3. El Gobierno colaborará con las Comunidades

Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de

un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la

Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.

4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones

o ayudas a los propietarios privados que no

actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 16. Valle de los Caídos.

1. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por

las normas aplicables con carácter general a los lugares

de culto y a los cementerios públicos.

2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo

actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra

Civil, de sus protagonistas, o del franquismo.

Artículo 17. Edificaciones y obras realizadas mediante

trabajos forzosos.

El Gobierno, en colaboración con las demás Administraciones

públicas confeccionará un censo de edificaciones

y obras realizadas por miembros de los Batallones

Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por

prisioneros en campos de concentración, Batallones de

Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias

Militarizadas.

Artículo 18. Concesión de la nacionalidad española a

los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales.

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoció

el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios

integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron

en la Guerra Civil de 1936 a 1939, no les será de

aplicación la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad

requerida en el artículo 23, letra b, del Código Civil,

en lo que se refiere a la adquisición por carta de naturaleza

de la nacionalidad española.

2. Mediante Real Decreto aprobado por el Consejo

de Ministros, se determinarán los requisitos y el procedimiento

a seguir para la adquisición de la nacionalidad

española por parte de las personas mencionadas en el

apartado anterior.

Artículo 19. Reconocimiento a las asociaciones de víctimas.

Se reconoce la labor de las asociaciones, fundaciones

y organizaciones que hayan destacado en la defensa de la

dignidad de todas las víctimas de la violencia política a la

que se refiere esta Ley. El Gobierno podrá conceder,

mediante Real Decreto, las distinciones que considere

oportunas a las referidas entidades.

Artículo 20. Creación del Centro Documental de la Memoria

Histórica y Archivo General de la Guerra Civil.

1. De conformidad con lo previsto en la Ley 21/2005,

de 17 de noviembre, se constituye el Centro Documental

de la Memoria Histórica, con sede en la ciudad de Salamanca.

2. Son funciones del Centro Documental de la

Memoria Histórica:

a) Mantener y desarrollar el Archivo General de la

Guerra Civil Española creado por Real Decreto 426/1999,

de 12 de marzo. A tal fin, y mediante el procedimiento que

reglamentariamente se determine, se integrarán en este

Archivo todos los documentos originales o copias fidedignas

de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939

y la represión política subsiguiente sitos en museos,

bibliotecas o archivos de titularidad estatal, en los cuales,

quedará una copia digitalizada de los mencionados documentos.

Asimismo, la Administración General del Estado

procederá a la recopilación de los testimonios orales relevantes

vinculados al indicado período histórico para su

remisión e integración en el Archivo General.

B) Recuperar, reunir, organizar y poner a disposición

de los interesados los fondos documentales y las fuentes

secundarias que puedan resultar de interés para el estudio

de la Guerra Civil, la Dictadura franquista, la resistencia

guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de

españoles en campos de concentración durante la

Segunda Guerra Mundial y la transición.

C) Fomentar la investigación histórica sobre la Guerra

Civil, el franquismo, el exilio y la Transición, y contribuir

a la difusión de sus resultados.

D) Impulsar la difusión de los fondos del Centro, y

facilitar la participación activa de los usuarios y de sus

organizaciones representativas.

E) Otorgar ayudas a los investigadores, mediante

premios y becas, para que continúen desarrollando su

labor académica y de investigación sobre la Guerra Civil y

la Dictadura.

BOE núm. 310 Jueves 27 diciembre 2007 53415

f) Reunir y poner a disposición de los interesados

información y documentación sobre procesos similares

habidos en otros países.

3. La estructura y funcionamiento del Centro Documental

de la Memoria Histórica se establecerá mediante

Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.

Artículo 21. Adquisición y protección de documentos

sobre la Guerra Civil y la Dictadura.

1. La Administración General del Estado aprobará,

con carácter anual y con la dotación que en cada caso se

establezca en los Presupuestos Generales del Estado, un

programa de convenios para la adquisición de documentos

referidos a la Guerra Civil o a la represión política

subsiguiente que obren en archivos públicos o privados,

nacionales o extranjeros, ya sean en versión original o a

través de cualquier instrumento que permita archivar,

conocer o reproducir palabras, datos o cifras con fidelidad

al original. Los mencionados fondos documentales

se incorporarán al Archivo General de la Guerra Civil

Española.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985,

de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, los documentos

obrantes en archivos privados y públicos relativos

a la Guerra Civil y la Dictadura se declaran constitutivos

del Patrimonio Documental y Bibliográfico, sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.

Artículo 22. Derecho de acceso a los fondos de los archivos

públicos y privados.

1. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantiza

el derecho de acceso a los fondos documentales

depositados en los archivos públicos y la obtención de las

copias que se soliciten.

2. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación,

en sus propios términos, a los archivos privados

sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos.

3. Los poderes públicos adoptarán las medidas

necesarias para la protección, la integridad y catalogación

de estos documentos, en particular en los casos de mayor

deterioro o riesgo de degradación

Disposición adicional primera. Adecuación del Archivo

General de la Guerra Civil Española.

Se autoriza al Gobierno a que lleve a cabo las acciones

necesarias en orden a organizar y reestructurar el Archivo

General de la Guerra Civil Española.

Disposición adicional segunda.

Las previsiones contenidas en la presente Ley son

compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a

los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios

establecidos en las leyes o en los tratados y convenios

internacionales suscritos por España.

Disposición adicional tercera. Marco institucional.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de

esta Ley, el Gobierno establecerá el marco institucional

que impulse las políticas públicas relativas a la conservación

y fomento de la memoria democrática.

Disposición adicional cuarta. Habilitación al Gobierno

para el reconocimiento de indemnizaciones extraordinarias.

1. Se autoriza al Gobierno a que, en el plazo de 6

meses, mediante Real Decreto, determine el alcance, condiciones

y procedimiento para la concesión de indemnizaciones

extraordinarias en favor de quienes hubiesen

sufrido lesiones incapacitantes por hechos y en las circunstancias

y con las condiciones a que se refiere el apartado

uno del artículo 10 de la presente Ley.

2. Procederá el reconocimiento de las indemnizaciones

previstas en esta disposición siempre que por los

mismos hechos no se haya recibido indemnización o

compensación económica con cargo a alguno de los sistemas

públicos de protección social.

3. Las indemnizaciones establecidas en esta disposición

se abonarán directamente a los propios incapacitados

y serán intransferibles.

Disposición adicional quinta.

A los efectos de la aplicación de la Ley 37/1984, de 22

de octubre, el personal de la Marina Mercante que fue

incorporado al Ejército Republicano desde el 18 de julio

de 1936 se considerará incluido en el Decreto de 13 de

marzo de 1937 que establecía la incorporación a la reserva

naval, el Decreto de 12 de junio de 1937 que aplicaba el

anterior fijando el ingreso y escalafonamiento en la citada

reserva y la orden circular de 10 de octubre de 1937 que

aprueba el reglamento del citado escalafonamiento en

desarrollo de los anteriores. Procederá el abono de la

pensión correspondiente siempre que, por el mismo

supuesto, no se haya recibido compensación económica

alguna, o, habiéndose recibido, sea de cuantía inferior a

lo determinado en las mencionadas disposiciones.

Disposición adicional sexta.

La fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá

entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de

todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra

Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió

con objeto de profundizar en el conocimiento de este

período histórico y de los valores constitucionales. Asimismo,

fomentará las aspiraciones de reconciliación y

convivencia que hay en nuestra sociedad. Todo ello con

plena sujeción a lo dispuesto en el artículo 16.

Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacionalidad

española.

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido

originariamente español podrán optar a la nacionalidad

española de origen si formalizan su declaración en el

plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente

Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado

por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite

de un año.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos

de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad

española como consecuencia del exilio.

Disposición adicional octava. Acceso a la consulta de

los libros de actas de defunciones de los Registros

Civiles.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, en

cuanto sea preciso para dar cumplimiento a las previsiones

de esta Ley, dictará las disposiciones necesarias para

53416 Jueves 27 diciembre 2007 BOE núm. 310

facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas de

defunciones de los Registros Civiles dependientes de la

Dirección General de los Registros y del Notariado.

Disposición derogatoria.

En congruencia con lo establecido en el punto 3 de la

Disposición Derogatoria de la Constitución, se declaran

expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de

julio de 1936, de la Junta de Defensa Nacional aprobado

por Decreto número 79, el Bando de 31 de agosto de 1936

y, especialmente, el Decreto del general Franco, número

55, de 1 de noviembre de 1936: las Leyes de Seguridad del

Estado, de 12 de julio de 1940 y 29 de marzo de 1941, de

reforma del Código penal de los delitos contra la seguridad

del Estado; la Ley de 2 de marzo de 1943 de modificación

del delito de Rebelión Militar; el Decreto-Ley de 18 de

abril de 1947, sobre Rebelión militar y bandidaje y terrorismo

y las Leyes 42/1971 y 44/1971 de reforma del Código

de Justicia Militar; las Leyes de 9 de febrero de 1939 y la

de 19 de febrero de 1942 sobre responsabilidades políticas

y la Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de la

masonería y el comunismo, la Ley de 30 de julio de 1959,

de Orden Público y la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de

Orden Público.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.

Se habilita al Gobierno y a sus miembros, en el ámbito

de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones

sean necesarias para el desarrollo y aplicación

de lo establecido en esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción

de la Disposición Adicional Séptima que lo hará al año de

su publicación.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

22297 CORRECCIÓN de errores de la Ley Orgánica

13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución

extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración

clandestina de personas.

Advertido error en la publicación de la Ley Orgánica

13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial

del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de

personas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»

número 278, de 20 de noviembre de 2007, se procede a

efectuar la oportuna rectificación:

En la página 47335, primera columna, en el apartado

Uno del artículo segundo, por el que se modifica el apartado

1 del artículo 313 del Código Penal, donde dice: «... o

por otro país...», debe decir: ... o a otro país...».

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

22298 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de

la Dirección General del Tesoro y Política Financiera

por la que se modifica la de 9 de julio de

1996, por la que se dictan normas para la aplicación

de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden

del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27

de diciembre de 1991, sobre transacciones

económicas con el exterior.

La última modificación de la regulación contenida en

esta Resolución se realizó a través de la Resolución de 31

de octubre de 2000, de la Dirección General del Tesoro y

Política Financiera. En la misma se elevó la cuantía a partir

de la cual se establece la exigencia de la declaración,

fijándose la franquicia en 12.500 euros, o en su contravalor

en pesetas.

Desde la citada modificación, tanto la normativa

comunitaria (en concreto, el Reglamento 2560/2001 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de

2001, sobre los pagos transfronterizos en euros), como

las orientaciones fijadas por el 5.º informe sobre la Zona

Única de Pagos para el Euro (SEPA) publicado el 20 de

julio de 2007 por el Banco Central Europeo sobre la citada

regulación, así como la elevación general de las cuantías

de las transferencias en el mercado hacen aconsejable

que se eleve la citada franquicia de la obligación de declarar

a 50.000 euros y, que se haga únicamente referencia a

su valor en euros.

La citada adaptación se lleva a cabo en esta Resolución

en desarrollo de lo establecido por la Orden del

Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre

de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20

de diciembre, sobre transacciones económicas con el

exterior.

En su virtud, dispongo:

Artículo único.

La Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección

General de Política Comercial e Inversiones Exteriores,

por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos

4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía

y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del

Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones

económicas con el exterior queda modificada

como sigue:.

El apartado 5 de la Instrucción 4.ª queda redactado del

siguiente modo:

«5. La exigencia de declaración establecida en

la presente instrucción no será de aplicación a los

cobros, pagos o transferencias cuya cuantía sea

igual o inferior a 50.000 euros, siempre que no constituyan

pagos fraccionados.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A la entrada en vigor de esta Resolución queda derogado

el párrafo tercero del apartado 4 de la instrucción 4.ª

de la Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección

General de Política Comercial e Inversiones Exteriores,

por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos

4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía

y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del


Sobre esta noticia

Autor:
Alberto Concha Miño (1 noticias)
Visitas:
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Tipo:
Nota de prensa
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