Se acaba la legislatura y la vida de este último gobierno del Partido Popular en solitario, con mayoría absoluta para imponer sus decisiones, pero carente de toda autoridad moral y deslegitimado en las encuestas.

Sacar adelante una Ley que se sabe efímera y odiada, es de una perversión sin límites, esos mismo límites que serían necesarios, para deslindar la corrupción de un partido implicado hasta las orejas en todo tipo de escándalos y que desborda de forma nauseabunda a una sociedad cansada.

Cuando el Poder Judicial es elegido y  sometido a la voluntad y la presión del Poder Ejecutivo, con un parlamento dominado por la mayoría absoluta del partido gobernante, evidentemente nos encontramos a un paso de la tentación totalitaria.

Cuando el Poder Judicial está en cuestión, difícilmente se puede confiar en la correcta aplicación de las leyes.

La existencia del Estado supone en sí misma una limitación de las libertades individuales y colectivas al someter a los ciudadanos e instituciones al imperio de la Ley.

Ley que ha de estar al servicio de los ciudadanos, en su defensa y como garantía de seguridad e igualdad ante ella, pero nunca para reprimir la libertad de expresión y manifestación de sus opiniones.

 Limitar la libertad de manifestación, de expresión y de información, con leyes claramente represivas y limitadoras del ejercicio de derechos fundamentales es caer claramente en el totalitarismo y significa un clarísimo retroceso al franquismo.

Un monumento a la derecha franquista que va a ser demolido en breve

Esta es también una Ley electoralista, claramente dirigida a mantener el voto de la derecha reaccionaria, último baluarte del Partido Popular y tabla de salvación ante una desaparición posible, como parecen anunciar los resultados de las elecciones andaluzas.

Es una llamada de última hora a cerrar  filas para salvar los restos del franquismo, a punto de hundirse después de una cómoda transición y dentro de la estrategia de dar barra libre a los sectores más conservadores y recalcitrantes de la derecha, a cuya cabeza se ha puesto Esperanza Aguirre.

La ley Mordaza, estará en vigor, lo que tarden en constituirse las nuevas Cortes, vistos los resultados de Andalucía y vistas las expectativas de voto de los populares y sus acólitos.

La izquierda que se presume será mayoritaria en el parlamento, no augura mucha vida al engendro parido por el odio y el desprecio de la derecha a las libertades democráticas.

Unas libertades y una democracia en las que nunca ha creído  y que aceptó en su día a regañadientes para salvar los muebles del franquismo y seguir disfrutando de las prebendas del Poder del que nunca ha sido desalojada totalmente.

La madurez de los pueblos del Estado español, volverá a restablecer las libertades recortadas, por medio de sus legítimos representantes, esos a los que elegirán para que les representen y ejerzan la democracia delegada en el parlamento del Estado.

No estaría de más recordar la conveniencia de elegir democráticamente a los jueces, que no en vano conforman un Poder del Estado y los Poderes del Estado se deben a la soberanía popular, tal como reza la Constitución.

@ordosgonzalo

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