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De la LGE a la LOMLOE: la 'ley Celáa' será la novena ley de Educación desde 1970

19/11/2020 16:23 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Educación sigue siendo una de las principales tareas pendientes en España. Un asunto tan básico que sigue cambiando cada vez que el Parlamento cambia de mayorías, lo que ha provocado que, desde la Democracia, se hayan aprobado hasta siete reformas del sistema educativo. Ahora, la LOMLOE será la octava durante esta época, pero la novena legislación de calado en 50 años, ya que durante los últimos años del franquismo se aprobó la Ley General de Educación (LGE), que estableció algunas bases que permanecerían vigentes hasta los años 90. Éstas son todas las que se han aprobado en España desde entonces.

Esta ley entró en vigor en agosto de 1970, impulsada por el ministro de Educación José Luis Villar Palasí durante la última etapa del franquismo, y estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica hasta los 14 años. Además, introdujo una nueva estructura educativa que se mantendría vigente hasta los años 90, con la EGB (Enseñanza General Obligatoria) desde los 6 a los 14 años, el BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) y el COU (Curso de Orientación Universitaria) desde los 14 a los 18 años y la FP (Formación Profesional), una alternativa "con visión de futuro, y con aspectos muy innovadores", según la marcaba la ley.

Fue aprobada en junio de 1980, con UCD en el Gobierno y bajo la firma del ministro José Manuel Otero. Fue una ley de transición y la primera en materia de educación que se aprobó tras la Constitución de 1978. Introducía un modelo democrático en la organización de los centros docentes y regulaba la creación de órganos colegiados de gobierno con representación de todos los sectores de la comunidad educativa, entre ellas las asociaciones de padres de alumnos.

Sin embargo, el PSOE la recurrió por no respetar la Constitución y el Tribunal Constitucional le dio la razón en bastantes puntos, por lo que UCD debía revisar la Ley en profundidad, pero el golpe de Estado del 23-F, y la posterior victoria electoral del PSOE lo evitó y no llegó a entrar en vigor.

Ya con el PSOE en el Gobierno, la ley fue aprobada en 1985 con José María Maravall como ministro de Educación. Si bien esta norma mantuvo la estructura de las enseñanzas tal y como estaban reguladas en la Ley del 70, con la EGB y el BUP, se modificó el antiguo sistema de subvenciones a colegios privados por un nuevo sistema de conciertos, que obligaba a los centros a cumplir una serie de requisitos e imponía un baremo que les obligaba a admitir preferentemente a los niños que residían más cerca de cada colegio, a los de menores recursos económicos o a los que ya tenían hermanos en el centro.

Además, contempló por primera vez el derecho de profesores, alumnos, padres y personal de administración y servicios a participar en la gestión y funcionamiento de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, a través de los consejos escolares. Su entrada en vigor tampoco estuvo exenta de polémica ya que también vivió su paso por los tribunales, lo que hizo se retrasara su tramitación.

Aprobada en 1990 durante el Gobierno de Felipe González y con Javier Solana Madariaga como ministro de Educación, solo contó con los votos en contra del Partido Popular. Esta ley introdujo algunos de los cambios más profundos en Educación, como la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años, el descenso de 40 a 25 alumnos por clase y la enseñanza de asignaturas impartidas por profesores especializados (idiomas, música o educación física).

La LOGSE acabó con la estructura establecida por la LGE de los años 70 y dividió los ciclos académicos de los alumnos en Educación Infantil (0 a 6 años), Educación Primaria (6 a 12 años), Educación Secundaria Obligatoria -ESO- (de 12 a 16 años) y Bachillerato, ciclo no obligatorio desde los 16 a los 18 años, el mismo periodo en el que se puede cursar la Formación Profesional de grado medio. Es esta misma estructura la que sigue vigente a día de hoy.

De nuevo de la mano de los socialistas entró en vigor una nueva reforma educativa que, en este caso y con Gustavo Suárez Pertierra de ministro, tenía el objetivo de complementar la LOGSE. Estaba centrada, como indica su nombre, en la organización de los centros educativos, a los que otorgaba una mayor autonomía y obligaba a los colegios concertados a admitir a alumnos pertenecientes a minorías sociales.

El director seguía siendo elegido por el Consejo Escolar y desempañaba el cargo durante cuatro años, en lugar de tres. Esta legislación supuso, además, un refuerzo de la función inspectora y permitió hasta el año 2000 la jubilación anticipada del profesorado a los 60 años.

Fue una de las reformas educativas con una vida más breve. Aprobada en 2002, durante el Gobierno de José María Aznar y con Pilar del Castillo como ministra de Educación, no entró en vigor hasta 2003. Establecía diferentes itinerarios en la ESO y el Bachillerato, cambios de contenidos en la educación infantil, una prueba de reválida al final del bachillerato y la asignatura de religión evaluable y computable.

Sin embargo, la victoria del PSOE en 2004 y un posterior real decreto aprobado por el nuevo gobierno socialista paralizó la aplicación de muchos de los puntos que incluía esta ley, que vieron la luz muy poco tiempo porque en 2006 se aprobó una nueva norma educativa.

En vigor desde mayo de 2006, ya con Zapatero en el Gobierno y con María Jesús San Segundo como impulsora -posteriormente la desarrolló su sucesora Mercedes Cabrera-, esta ley derogó las leyes educativas anteriores (la LOGSE, la LOPEG y la LOCE) salvo la LODE de 1985, aunque mantuvo la estructura que marcaba la LOGSE.

Entre las novedades, incluía la polémica asignatura de Educación para la ciudadanía y mantenía la de religión como oferta obligada por los centros, pero optativa para los alumnos. Permitía pasar de curso al superar todas las materias o con dos suspensos, como máximo, y se blindaban las enseñanzas comunes que debían impartirse en todas las comunidades.

La actual ley educativa, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y bautizada como ley Wert , en referencia a su impulsor, el entonces ministro José Ignacio Wert, generó una gran polémica por, entre otras cuestiones, reducir las optativas e implantar evaluaciones, más conocidas como reválidas, al final de la ESO y Bachillerato. Además, eliminaba las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Ciencias para el Mundo Contemporáneo y volvía a dar a la de Religión un mayor peso académico. Fue esta ley la que incluyó el castellano como lengua vehicular.

En pleno proceso de tramitación y aprobada ya en el Congreso, esta norma, bautizada como ley Celáa en referencia a la actual ministra de Educación Isabel Celáa, tampoco está exenta de polémica. Entre sus puntos establece la eliminación del español como lengua vehicular de la enseñanza; que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deban disponer de los medios para escolarizar al alumnado de Educación Especial o que Ética no sea obligatoria en 4º de la ESO. Esta ley es la primera impulsada por un Gobierno de coalición, dirigido por el PSOE y Unidas Podemos.


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