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Libertad de expresión con subtítulos

03/03/2010 20:18 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Autor: Abogado. Ángel Escolano Rubio

Desde que empezó el debate acerca de la Ley de Política Lingüística, y durante toda su elaboración y posterior aprobación y aplicación, se ha escrito mucho acerca de su marcado carácter contrario a la Constitución.

Como ya afirmó el profesor Francesc de Carreras en su día en el voto particular que formuló al dictamen del Consell Consultiu sobre la ley, la Generalitat aplica técnicas propias de las potestades de policía en un ámbito donde deben predominar las potestades de fomento; en el ámbito de las relaciones entre particulares, es el principio favor libertatis quien debe presidir la actuación administrativa.

El pasado jueves día 4 la Generalitat defendió por enésima vez, esta vez ante el Juez de lo Contencioso durante el juicio de Nevot, que la Ley de Política Lingüística respeta la legalidad constitucional e internacional vigente. Y una vez más volvió a esgrimir su tradicional argumento: la ley no prohíbe el uso del castellano, sino tan sólo obliga a utilizar "al menos" el catalán.

Pero la Generalitat sabe muy bien que bajo esa fórmula se coarta la libertad de los ciudadanos. Como tuve ocasión de defender en la vista de dicho juicio, la expresión "al menos" no es más que una argucia del legislador catalán para tratar de burlar el Pacto Internacional de Derechos Civiles de Nueva York. Dicho Pacto, en su artículo 19, consagra el Derecho a la Libertad de Expresión. Un derecho que, como el propio Comité de Derechos Humanos ha manifestado reiteradamente, incluye en su contenido esencial la Libertad de Elección de Lengua.

El letrado de la Generalitat, al contestar la demanda, afirmó que la Ley de Política Lingüística no vulnera dicho artículo, toda vez que no prohíbe el castellano, sino tan sólo obliga a utilizar al menos el catalán: la Generalitat sí permite utilizar el castellano en las comunicaciones comerciales, pero siempre y cuando se acompañe la correspondiente traducción en catalán.

Lo que el legislador catalán olvida es que el artículo 19 del tratado sólo establece dos posibles limitaciones del derecho a la libertad de expresión: "asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás" o para "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas".

Por tanto no es una limitación válida del derecho a la libertad de expresión de los castellanohablantes en Cataluña el que se les exija que incorporen una traducción simultánea en catalán. Y el carácter no válido de dicha limitación conlleva que la propia Ley de Política Lingüística, en toda su regulación respecto al uso obligatorio del catalán por parte de particulares, constituya un auténtico atentado contra el derecho fundamental a la Libertad de Expresión.

El Comité de Derechos Humanos es muy claro al respecto: "Todo Estado puede optar por tener uno o más idiomas oficiales, pero, fuera del ámbito público, no puede negar a nadie el derecho a expresarse en un determinado idioma (Comunicación 385/1989)".

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso número 9 de Barcelona ha avalado la postura de la Generalitat, abriéndonos por fin el acceso al Tribunal Constitucional.

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