Llega Chinchilla a mitad de mandato en medio de conflictos

Tras dos años caracterizados por conflictos políticos y sociales, enmarcados por inseguridad ciudadana, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se apresta a iniciar el 8 de mayo la segunda mitad de su mandato (2010-2014). La toma del control parlamentario por parte de un bloque opositor, un extenuante proceso judicial referido a un fuertemente cuestionado proyecto de minería a cielo abierto, la demanda judicial al gobierno por parte de una empresa petrolera, son algunos de esos problemas. El inicio de su segundo año de mandato comenzó política e institucionalmente agitado, cuando se produjo un drástico cambio de mando en la conducción del parlamento. Tras una crisis de aproximadamente 24 horas en la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral) a raíz de la elección, el 1 de mayo, de autoridades del Directorio, un bloque creado semanas antes por las cinco bancadas de oposición se hizo de los seis cargos. Luego de mutuas declaraciones de diálogo formuladas inicialmente, el Directorio opositor y el gobierno fueron dejando de lado esa comunicación. Asimismo, la cohesión del grupo de oposición fue impactada por la presentación, por parte del Poder Ejecutivo al Legislativo, del Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria. La iniciativa, que constituye una reforma fiscal, es apoyada por una parte del bloque –diputados de algunos partidos- y cuenta con la firme oposición de otros colegas –en algunos casos, compañeros de fracción de los primeros. El tema quedó trasladado al inicio del año próximo, cuando los parlamentarios se reintegren después del receso por las fiestas decembrinas. Asimismo, el complejo caso que involucra a una empresa minera, referido al cuestionado proyecto de minería a cielo abierto en el norte costarricense, fronterizo con Nicaragua, derivó el mes pasado en un escándalo de corrupción judicial. El caso refiere al proyecto minero “Crucitas”, propiedad de la empresa canadiense Infinito Gold Inc. y administrado por Industrias Infinito, filial de la primera en esta nación centroamericana. La situación estalló cuando, la noche del 11 de noviembre, el ex vocero de Industrias Infinito, el abogado y periodista William Mendez, informó que el borrador de la sentencia sobre el recurso de casación tramitado por la empresa minera fue filtrado a la compañía. El documento pertenecía la Sala I –instancia de casación de la Corte Suprema de Justica (CSJ)-, que se aprestaba a fallar sobre recursos presentados por la empresa contra el fallo emitido un año antes por el Tribunal Contencioso Administrativo contra la compañía. Méndez formuló la revelación tras haber presentado la denuncia formal, por la mañana, en el Ministerio Público (MP). El responsable de la filtración del documento resultó ser uno de los dos magistrados suplentes de la Sala I, Moisés Fachler, quien renunció a causa de la denuncia. El tribunal de casación resolvió, el 30 de noviembre, mediante la votación de los cinco magistrados que lo integran, la sentencia de la instancia contenciosa, cerrando el caso. El fallo de hace un año del Tribunal Contencioso Administrativo, contrario a Industrias Infinito generó un recurso de casación en la Sala I. La Procuraduría General de la República (PGR) y la empresa minera recurrieron, el 18 de enero de este año, a la Sala I, tras el fallo. El juicio contencioso, que se desarrolló del 4 al 24 de noviembre del año pasado, se centró en denunciadas irregularidades en la autorización inicial para el proyecto. El tribunal ordenó, al cierre del proceso, la cancelación de la concesión otorgada a la empresa minera, lo que fue seguido por el recurso de casación. El tribunal también ordenó que el Ministerio Público determine si debe iniciarse causa penal contra el ex presidente costarricense (2006-2010) Óscar Arias y su ex ministro de Ambiente, Roberto Dobles. Ambos son firmantes del decreto que, hace tres años, declaró al cuestionado proyecto como de conveniencia nacional. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgó, en 2008, viabilidad ambiental a Crucitas, y el gobierno de Arias decretó, ese año, que el proyecto minero “se declara de interés público y conveniencia nacional”. Arias y Dobles –quien luego dimitió a raíz de cuestionamientos éticos a su desempeño como ministro-, firmaron el 13 de octubre de 2008 el decreto, criticado por diversos sectores. Trámites judiciales fueron iniciados de inmediato por organizaciones ambientalistas que han denunciado riesgos tales como contaminación de ríos por el método de extracción de oro a cielo abierto, que incluye el uso de cianuro, han mantenido inactivo el proyecto minero. Quince días después de la resolución de la Sala I, la filial local anunció que, fruto del fallo del tribunal de casación, se ha visto obligada a aplicar masivos despidos en su fuerza laboral. “Industrias Infinito lamenta con mucho dolor informar a la opinión pública que nos vemos en la obligación de prescindir de los servicios de la mayor parte de nuestro personal”, afirmó la compañía. Ello “como consecuencia de las acciones que debe implementar la empresa consecuencia del voto de la Sala I”, agregó. “Como es deber de toda empresa costarricense, todos los trabajadores contarán con las garantías laborales que protege nuestra legislación”, afirmó en el comunicado de dos párrafos. Cerrado ese conflicto, otro diferendo, también en el campo ambiental, surgió en el escenario del gobierno. En este caso, se trata de la empresa petrolera estadunidense Mallon Oil Company, que aspira a explorar y explotar hidrocarburos, igualmente en un sector del norte costarricense limítrofe con Nicaragua. La iniciativa enfrenta la tenaz oposición de sectores de la sociedad civil de esta nación centroamericana, constituidos, en junio de este año, en el Frente Nacional de Lucha contra la Actividad Petrolera en Costa Rica. El bloque procura que el gobierno no firme con la empresa un contrato para la exploración y la explotación de hidrocarburos en la zona, dijeron entonces a Notimex los ambientalistas locales Fabián Pacheco y Mauricio Alvarez. La empresa ganó en 2000 una licitación para ambas actividades, pero una serie de recursos judiciales, ahora resueltos, impidió la firma del contrato del caso. En declaraciones que formuló el 21 de este mes a medios informativos el abogado Pedro Oller, representante legal costarricense de la empresa, advirtió que la compañía apunta a cobrar al gobierno daños derivados de la negativa a firmar el contrato. Mallon demandó al gobierno en el Tribunal Contencioso Administrativo, exigiendo la suscripción del contrato. “Si la conducta del gobierno es generadora de daños, esos daños deberían resarcirse”, aseguró Oller, quien indicó que del tribunal debe estimar la suma.