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Un magistrado del TS censuró en 2008 la norma que da cobertura al sistema de escuchas

05/11/2009 14:58 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Oscar González censuró en enero de 2008, mediante la formulación de un voto particular, el Real Decreto por el que el Gobierno aprobó en 2005 un Reglamento que da cobertura al sistema que emplea la Policía para escuchar y localizar las llamadas y comunicaciones vía internet de los presuntos delincuentes (Sitel). La norma obtuvo el aval del resto de magistrados, que rechazaron en sentencia el recurso interpuesto por la Asociación de Internautas.

El citado voto particular discrepó del criterio mayoritario de la Sala, que había considerado que el rango de Real Decreto era suficiente para asegurar el secreto de las comunicaciones propugnado en el artículo 18.3 de la Constitución Española, puesto que las intervenciones están sometidas en todo caso a intervención judicial. La resolución del Supremo fue recurrida ante el Constitucional, que está pendiente de resolver la cuestión.

Por su parte, el magistrado González cuestionó incluso el artículo 33 de la Ley General de Comunicaciones General de Comunicaciones, que impone a los operadores la obligación de facilitar a la policía una serie de información que puede no estar incluida en la orden del juez, como el número de cuenta asignada por el proveedora de servicio de internet, la dirección de correo electrónico, la situación geográfica de la terminal o, si se trata de servicio de móviles, la posición del punto de comunicación.

"Muchos de estos datos no sólo inciden sobre el secreto de las comunicaciones, sino incluso sobre el derecho a la intimidad personal", afirmaba el magistrado discrepante, que añadía que "por muy interesantes que estos datos puedan resultar para la investigación policial, no puede dejar de reconocerse que son muy personales, y rebasan con mucho la mera instrumentalidad".

SIN PRESCINDIR DEL JUEZ

A este respecto, el resto de magistrados que componían la Sala insistieron que es a la autoridad judicial a quien corresponde la procedencia de incluir o no dichos datos identificativos en las actuaciones policiales, una posibilidad que se ha considerado necesaria por el Consejo de la Unión Europea "en el actual estado de la tecnología, para garantizar la eficacia de aquélla".

La sentencia del Tribunal Supremo también afirmó que "la entrega de estos datos ha de hacerse con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal no implica, antes al contario, que se pueda prescindir de ésta", según parecía sugerir la Asociación de Internautas.

"Corresponderá en todo caso, por lo demás, a las autoridades judiciales compententes resolver acerca de la legitimidad de la obtención de los datos a los que se haya tenido acceso con carácter previo a la orden legal de interceptación", señaló el Supremo sobre esta cuestión.

La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, de la que fue ponente el magistrado Manuel Campos Sánchez-Bordona, confirmaba lo dicho en su día por la Audiencia Nacional en el sentido de que la aprobación del sistema de escuchas por Real Decreto es, en este caso, suficiente para asegurar el derecho al secreto de las comunicaciones que proclama la Constitución Española, puesto que las intervenciones están sometidas en todo caso a intervención judicial.

Así, el alto tribunal señaló que "la reserva de Ley orgánica no tiene por qué extenderse a todas y cada una de las cuestiones accesorias o instrumentales relacionadas con dichas interpretaciones, entre las que figuran los protocolos de actuación de los operadores de telecomunicaciones obligados a realizar físicamente las medidas amparadas en una resolución judicial de interceptación". Este criterio fue el que suscitó el voto particular discrepante del magistrado Oscar González.

Según estableció el Supremo, el "déficit de cobertura legal" del propio Reglamento desapareció tras la nueva redacción del artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones, por el que se incorporó a esta norma de alto rango "lo esencial del capítulo que la disposición reglamentaria impugnada dedicaba a la interceptación de las comunicaciones (...) elevando de rango, por así decirlo, buena parte de su contenido material".

El Real Decreto venía además a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de la Unión Europea para que pudieran cumplirse las obligaciones impuestas a los operadores de comunicaciones al ejecutar las órdenes legales de escuchas.

"Su incorporación a la legislación interna requiere, como es lógico, la aprobación de las oportunas medidas legales o reglamentarias, conforme a las exigencias del ordenamiento constitucional de cada Estado". En el caso de España, se optó por reformar el citado artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones.

Sobre las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, el magistrado discrepante señaló que consisten en solicitar a los estados miembros la puesta en práctica de las disposiciones necesarias para cumplir ciertos requisitos, lo que no significa que lo puedan hacer por cualquier medio normativo, "sino que será con arreglo a la legislación interna de cada uno de ellos, y de acuerdo con el rango legal exigido por la Constitución".


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