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Ocho magistrados y cinco catedráticos fijarán la posición de la Junta Electoral Central sobre las movilizaciones

19/05/2011 18:59 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image La Junta Electoral Central, que este jueves estudiará la incidencia de las movilizaciones del 15 de mayo en la campaña de los comicios locales del día 22, está formada por ocho magistrados del Tribunal Supremo y por cinco catedráticos.

Los magistrados del Supremo son designados mediante sorteo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a ellos se reservan los puestos de presidente y de vicepresidente, actualmente Antonio Martín Valverde y Rafael Fernandez Montalvo, respectivamente.

Los cinco catedráticos, que deben estar en activo y proceder de la ramas de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, son designados a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados al inicio de cada legislatura.

Actualmente son Pedro González Trevijano (rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), Pablo Santolaya Machetti (catedrático de Constitucional), Silvia Díaz Alabart (catedrática de Derecho Civil de la Complutense de Madrid), Rosario García Mahamut (catedrática de Constitucional que fue directora general de Política Interior con José Antonio Alonso en Interior), y el catalán Joan Manuel Trayter Jiménez (catedrático de Derecho Administrativo).

DOS VOCALES NATOS SIN VOTO

A ellos se suman, con voz pero sin voto, el secretario general del Congreso, Manuel Alba Navarro, que actúa como secretario de la JEC, y el director de la Oficina del Censo Electoral, Jaume García Villar.

La Junta Electoral Central es el organismo arbitral de nivel superior y el único permanente. Su sede está en el Congreso de los Diputados, ya que son las Cortes Generales las que le facilitan los medios que precisa, incluyendo las dietas y gratificaciones a su personal.

Entre otras funciones, corresponde a la JEC dirigir y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral, cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las Juntas Provinciales, resolver con carácter vinculante las consultas, reclamaciones y recursos que le eleven, revocar de oficio, o a instancia de parte, las decisiones de las otras Juntas, unificar los criterios interpretativos de todos los organismos arbitrales, corregir las infracciones que se produzcan en el proceso (siempre que no sean constitutivas de delito) e imponer multas, y expedir las credenciales a los diputados y senadores.

Por el contrario, no le compete declarar la nulidad de unas elecciones, ni cuestionar la legalidad de una convocatoria electoral, ni promover o disponer la inscripción de un partido en el Registro de Partidos Políticos, ni inmiscuirse en los conflictos internos de formaciones políticas.

Sus decisiones son adoptadas colegiadamente salvo que por razones de urgencia no pueda convocarse el pleno o bien se trate de asuntos en que haya resoluciones anteriores y concordantes, supuestos en los que el presidente puede dar una respuesta provisional que después podrá ser ratificada o modificada por el pleno. No caben recursos administrativos a sus acuerdos.


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