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El Estado mantiene siete litigios contra Hernani por apoyar a ETA, homenajear a presos o pagar gastos de su alcaldesa

07/02/2010 11:38 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Estado mantiene siete litigios contra el ayuntamiento de Hernani por realizar actos de apoyo a ETA, pagar a su alcaldesa los gastos derivados de un proceso judicial contra ella por enaltecer a etarras o no retirar el nombre de una plaza dedicado a un terrorista, entre otros.

Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, se trata del municipio vasco gobernado por ANV que acumula más recursos de la Abogacía del Estado, algunos de ellos, incluso, por reiterar el mismo hecho presuntamente delictivo año tras año y el último litigio interpuesto, por negarse a la "remoción" de su alcaldesa a pesar de haber sido condenada por un delito relacionado con el terrorismo.

Hernani, que recibió en 2009 un total de 3, 38 millones de euros del Plan E del Gobierno y prevé obtener otros 2, 078 millones de euros este año, cuenta con una plaza dedicada al etarra José Manuel Aristimuño; su corporación municipal ha homenajeado a los presos de ETA en las fiestas dos años seguidos; creó una comisión de presos; ha pagado con el dinero público los gastos judiciales de su alcaldesa por enaltecer a ETA y no ha ejecutado la sentencia que inhabilita a esta, Marian Betialarrangoitia, para ejercer su cargo.

Además, se han producido otras resoluciones recientes, que afectan a este municipio, en contra de homenajes a presos de ETA, como el organizado por Askatasuna para el 5 de septiembre pasado. Este acto, que incluía un torneo de fútbol, una comida popular y un campeonato de mus, fue prohibido por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska. Aún así, la Ertzaintza tuvo que disolver una manifestación que pretendían celebrar ese mismo día los convocados por Askatasuna, a pesar de la prohibición del juez.

Sin embargo, el camino de los recursos contencioso administrativos que ha presentado el Estado por hechos similares --como los homenajes a presos de ETA que incluyó la Corporación Municipal en el programa de fiestas de San Juan en 2008 y en 2009--, está siendo mucho más lento y tortuoso.

Algunos recursos, como el presentado por la Abogacía del Estado contra el homenaje a favor de "presos, refugiados y represaliados" de las fiestas de 2008, llevan ya más de año y medio en los tribunales y aún no han comenzado su tramitación. El motivo es que el Juzgado en el que ha recaído ha planteado falta de competencia jurisdiccional para conocer el asunto, después de haber denegado la medida "cautelarísima" de suspensión del acto.

El ayuntamiento de Hernani volvió a incluir otro homenaje a los presos en las fiestas de San Juan de 2009, que también fue recurrido por el Estado, quien pidió la medida "cautelarísima" de suspensión, que fue denegada y ahora está a la espera de recibir el expediente para formalizar la demanda.

También lleva casi dos años en tramitación el recurso presentado por la Abogacía del Estado para que se retire el nombre del etarra José Manuel Aristimuño de una plaza de Hernani, quien falleció en un enfrentamiento con la Policía en Vitoria el 23 de marzo de 1981.

Tras los requerimientos presentados por parte de la Delegación del Gobierno en el País Vasco al ayuntamiento para que cambiase el nombre de la plaza y, al no haber sido atendidos, la Abogacía del Estado presentó el 9 de mayo de 2008 un recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, el Juzgado conocedor del mismo planteó falta de competencia jurisdiccional y la cuestión está pendiente de resolverse casi dos años después.

El Estado también presentó recurso en mayo de 2007 contra la creación de una comisión informativa de presos que quería evaluar el "nivel de violación de los derechos" de estos. El asunto se encuentra en tramitación en un Juzgado de lo contencioso-administrativo de San Sebastián y también están pendiente de resolverse la petición de medidas cautelares.

Igualmente se ha formulado demanda contra el Reglamento de Participación ciudadana aprobado por el ayuntamiento y contra el acuerdo municipal para abonar a su alcaldesa los gastos derivados del proceso penal seguido contra ella por reclamar un aplauso para presuntos miembros de ETA.

Precisamente por este hecho, la alcaldesa Marian Betialarrangoitia ha sido condenada por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, de la que se derivaría la inhabilitación para ejercer su cargo.

De hecho, la Abogacía del Estado formuló una consulta a la Junta Electoral Central sobre la posibilidad de alegar inelegibilidad sobrevenida al amparo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para una persona electa condenada por delito de terrorismo con independencia de que la sentencia no fuera firme.

La Junta Electoral respondió a la consulta mostrando su conformidad con el criterio de la Abogacía del Estado, por ello, la Delegación del Gobierno en el País Vasco requirió al ayuntamiento de Hernani para que se tramitara la "remoción" de la Alcaldesa. Sin embargo, el ayuntamiento se ha negado, lo que ha provocado un nuevo litigio, planteado por el Estado el pasado 16 de diciembre de 2009, ante el Juzgado Decano de lo Contoncioso-Administrativo de San Sebastián.


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