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Marbella pide 14 millones de euros de indemnización a los acusados en 'Malaya'

19/06/2010 00:04 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha solicitado, en su escrito de conclusiones provisionales en el caso 'Malaya', contra la corrupción municipal en dicha localidad, el pago a los acusados en esta causa de 14, 1 millones de euros de indemnización por los perjuicios causados al Consistorio con distintos convenios.

En el escrito, de 376 folios y al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que estos perjuicios que se solicitan "son los reales atendiendo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente a la fecha de los convenios" y se apunta que "el perjuicio virtual, es decir, el referido a parámetros del plan en revisión, es siempre muy superior".

Asimismo, se pide que los bienes, efectos e instrumentos que sean fruto de las condenas, "dado que han tenido como vehículo del que se han valido al Ayuntamiento, sean destinados a la citada entidad local" y recuerda que "ha sido el único municipio de España disuelto, el único que ha debido recibir un préstamo de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 100 millones de euros --que hay que devolver--, y que cuenta con unas deudas a la Seguridad Social y Agencia Tributaria, así como a otros acreedores, de más de 500 millones de euros".

"Carecería de sentido que el Estado recibiera las multas y comiso y el municipio conservara las deudas por Seguridad Social y Hacienda", señala el documento, en el que se añade que en caso de no estimarse esta pretensión se solicita a la Sala que "se dirija al Gobierno de la Nación exponiendo lo conveniente sobre la modificación de los preceptos a fin de que el destino de las multas y bienes decomisados sea el de reparar los daños sufridos".

El Consistorio, personado como acusación particular, acusa a 95 personas, entre ellas al presunto cerebro de la supuesta trama, Juan Antonio Roca, para el que solicita 39 años de prisión por los delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, falsedad, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

Así, también acusa al ex alcalde marbellí Julián Muñoz, para el que pide 14 años de cárcel por los delitos continuado de malversación y continuado de cohecho, así como 30 años de inhabilitación. Para la entonces alcaldesa Marisol Yagüe solicita 17 años y medio de prisión por delitos de malversación, cohecho y malversación de usos bienes muebles e inmuebles; así como 40 años inhabilitación.

Por su parte, el escrito provisional solicita un total de seis años y seis meses de prisión para Isabel García Marcos por un delito continuado de cohecho y 10 años de inhabilitación especial; mientras que para el ex edil Tomás Reñones pide 10 años y seis meses de cárcel por los delitos de continuado de cohecho, malversación y prevaricación, así como 24 meses de inhabilitación.

En cuanto a los promotores, el Ayuntamiento acusa, entre otros, a Tomás Olivo, para el que se solicita 11 años de cárcel por los delitos de blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho; a José Ávila Rojas, para el que pide 15 años de cárcel por los delitos continuado de cohecho y otro continuado de blanqueo de capitales y 15 años de inhabilitación especial para el ejercicio del comercio.

Por su parte, pide para el ex primer teniente de alcalde Pedro Román Zurdo, se solicita 11 años de prisión por los delitos de malversación --en concepto de cooperador necesario o inductor-- continuado de blanqueo de capitales y otro continuado contra la Hacienda Pública; así como siete años de inhabilitación absoluta y dos de inhabilitación especial.

URBANISMO

Esta acusación comienza su escrito haciendo referencia a la declaración el 13 de octubre de 2005 del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, en la que se refirió a una reunión de julio de 1998 dirigida por el entonces alcalde Jesús Gil, en presencia del secretario, el interventor, y varios técnicos municipales.

Este funcionario habló de que el alcalde "ordenó que todos los informes técnicos y jurídicos hicieran referencia a la revisión del Plan General en trámite y que se suprimiera la expresión plan vigente, pues los concejales estaban siendo imputados en los juzgados". Relató el funcionamiento del urbanismo en Marbella y "el poder omnímodo" de Roca.

El Ayuntamiento subraya en sus conclusiones iniciales que el protagonismo de Roca "es total tanto en la suscripción de los convenios como en la decisión adoptada por la comisión de Gobierno respecto a la licencia" y añade que "los empresarios eran plenamente conscientes de que la firma del convenio auspiciada por Roca equivalía a la concesión de la licencia urbanística o al trámite de desarrollo deseado".

"Efectivamente, como la instrucción de este sumario ha corroborado, Roca dominaba de principio a fin toda la actividad relacionada con el urbanismo en la ciudad de Marbella", insiste el documento, en el que se destaca también la importancia de los archivos Maras, a juicio del instructor, "la prueba esencial de los hechos investigados".

Esta parte añade, al respecto, que son "la base principal de la acusación" pues "ponen de manifiesto los flujos monetarios de Roca que tendrían un origen y destino supuestamente delictivo". Se indica que los cobros son "pagos de empresarios a Roca"; mientras que "las salidas tienen varios destinos", como las sociedades de éste, gastos personales o Ayuntamiento, que "se conceptúa como una sociedad o empresa más pero que tiene como misión específica entregar cantidades en efectivo a edil y funcionarios".

BLANQUEO

El escrito precisa que desde el inicio de las investigaciones "queda acreditado" que el Gabinete Jurídico Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita prestaba a Roca "un servicio integral para ocultar y alejar el producto de los presuntos ilícitos cometidos por éste". La relación entre ambas partes se basaba "exclusivamente en la confianza".

Entre los servicios prestados por este despacho, se encontraba poner al servicio de los intereses de Roca sociedades ya constituidas, en las que "se oculta la verdadera titularidad de las participaciones, haciéndose constar que están participadas bien a nombre de los propios letrados y socios del gabinete jurídico, de los asalariados del despacho y profesionales vinculados al mismo a través de la prestación de servicios en régimen mercantil, así como de otras personas que actúan a modo de testaferros".

Como se expone en el informe de la Agencia Tributaria, apunta la acusación particular, no se ha intervenido ningún documento que ponga en evidencia la existencia de fiducia alguna respecto a Roca, la cual "se da por la vía de los hechos".

Las sociedades constituidas ex profeso o adquiridas y puestas al servicio del ex gerente de Urbanismo "no sólo son utilizadas para la ocultación de la titularidad del inmenso patrimonio de Roca, de su control y dominio, sino que también se utilizan para la legitimación de la reintroducción en el circuito económico, comercial y financiero de los bienes conseguidos, transformándolos hasta darles apariencia de licitud".

PROTEGER EL PATRIMONIO DE ROCA

Más aún, el escrito especifica que "el velo y las relaciones intersocietarias dentro del entramado se utilizan para constituirse en sucesivas capas de cebolla o como anillos concéntricos con la finalidad de proporcionar el anonimato, dificultar la investigación y garantizar la protección del patrimonio de Roca, además de servir para ocultar la presunta actividad ilícita realizada".

Las sociedades acaban en muchos casos, tal y como se expone, siendo propietarias de fincas e inmuebles en Marbella que proceden de promotores que han obtenido con ayuda de Roca resoluciones favorables del Ayuntamiento de Marbella.

Esos bienes que le son transmitidos a las sociedades de Roca provenían "en no pocos casos" del propio Ayuntamiento de Marbella y habían sido enajenados, adjudicados o entregados en dación de pago de forma irregular.


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