Santo Domingo.- El entonces presidente de la República Leonel Fernández dispuso vía la creada Comisión para la Reforma de la Empresa Pública (Ley 141-97) un proceso de capitalización (privatización) de las instalaciones empresariales ya deteriorados y de costoso mantenimiento, que fueron heredados de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Mediante esa medida, se esperaba que el sector privado participara en un esquema joint venture junto al Estado dominicano, algo que nunca ocurrió fueron sometidas a ese proceso Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Corporación Dominicana de Electricidad, los hoteles que conforman la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y el Consejo Estatal del Azúcar . La capitalización de estas sociedades anónimas se realizará por un aumento del capital, mediante nuevos aportes provenientes de inversionistas privados, nacionales y/o extranjeros. El número de acciones suscritas mediante esos nuevos aportes de capital, no podrá, en ningún caso, exceder del 50% del total de acciones efectivamente pagadas por las sociedades objeto de la capitalización.

Se dispuso por igual que el sector eléctrico, en manos del Estado que sus operaciones se dividieran en áreas. Así para la gerencia fue transformada la antigua Corporación Dominicana de Electricidad en la actual Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). El sector privado quedaba invitado a participar mediante nuevos proyectos e inversiones, junto al Estado.

Según los analistas, " Los contratos originales de la capitalización de la CDE, ejecutada durante el primer gobierno del PLD (1996-2000), firmados entre las nacientes EGE-HAINA y EGE-ITABO con las empresas distribuidoras, fijaban el precio del kilovatio-hora con base en fórmulas incorrectas que en poco tiempo lo llevaron a las nubes, le daban ganancias exageradas a las generadoras, provocaban pérdidas a las distribuidoras y obligaban al Gobierno a pagar más de 200 millones de pesos mensuales en subsidios. En esa ruta, la reforma recién instalada caminaba hacia un callejón sin salida."

Para modificar dichos contratos, el gobierno de Hipólito Mejía, a través de la CDE, propuso un acuerdo entre las empresas generadoras y las distribuidoras. Ese arreglo, firmado en agosto del 2001, es conocido hoy como el Acuerdo de Madrid, cuyos contratos vencieron el pasado 31 de julio 2016.

Según relató Bernardo Castellanos, esto fue mas o menos el significado del llamado Acuerdo de Madrid incluyó tonalidades como estas:

Los contratos de compra y venta de energía firmados entre generadores y distribuidores en el proceso de Capitalización del sector eléctrico con una duración de cinco (5) años y que expiraban en el 2004, fueron renegociados en el año 2001.

Para compensar la pérdida de ingresos que experimentarían los generadores como consecuencia de la disminución del 36% en el precio de venta de energía a las distribuidoras, se extendió la validez de los contratos por doce (12) años adicionales, situándose la nueva fecha de expiración de los mismos en el 2016 en lugar del 2004 como fueron originalmente firmados durante el proceso de Capitalización.

Los contratos existentes entre la entonces Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y generadores privados independientes de energía (IPP) que estaban vigentes y operando al momento del inicio del mercado eléctrico que instauró el proceso de Capitalización (Seaboard, Compañía de Electricidad de Puerto Plata (CEPP), Dominican Power Partners (DPP)), fueron renegociados y traspasados a las distribuidoras bajo las mismas condiciones que los contratos negociados bajo el Acuerdo de Madrid, teniendo dichos contratos igual fecha de expiración del 2016, eliminando la inútil, ineficaz, innecesaria y costosa intermediación de la CDEEE.

Aunque todos los contratos renegociados en el 2001 fueron contratos suscritos en base a la Ley, Reglamento y espíritu del mercado eléctrico que se creó a partir del proceso de Capitalización, y que, en todos esos contratos, el Estado no asumía ni los riesgos ni perdidas de los inversionistas privados ni garantizaba el retorno de la inversión ni de la rentabilidad esperada por los inversionistas privados, los cuales asumían todos los riesgos asociados a su inversión, lo cierto es que hubo un debate entre críticos y defensores, y un solo perdedor: el consumidor dominicano que ha debido soportar por largos años, apagones y onerosas facturaciones. Por el lado del Estado, que debió reasumir del sector privado las Distribuidoras, y pagar inversiones que nunca se hicieron, estas empresas solo han registrado defiiencias y pérdidas, derivadas de la estructura de estos contratos.

Para cumplir con los contratos, debieron los gobiernos establecer una participación en forma de subsidios y evitar al consumidor una tarifa impagable, frente a una generación costosa y deficiente, de pésima calidad, en base a un parque de generación que muchos le han llamado "chatarras".

Cogentrix

En el 1998 se firma el contrato comercial entre Cogentrix y la CDE el cual posee la característica que es un contrato del tipo take or pay donde el Estado a través de la CDE garantiza al inversionista privado el retorno del capital invertido y la rentabilidad esperada, asumiendo el Estado todos los riesgos y perdidas asociadas al contrato y a la inversión privada y el inversionista privado solo recibe el retorno de la inversión y las utilidades o ganancias esperadas.

En adición a la modalidad de contrato take or pay, el contrato de Cogentrix con la CDE posee garantía soberana del Estado, convirtiéndolo en el único contrato en la historia del sector eléctrico en la Republica Dominicana de ser beneficiado con el privilegio de garantía soberana y de todas las implicaciones que resultan de esa condición.

Según informaciones aparecidas en medios de comunicación el acuerdo recién anunciado de conversión de Cogentrix para que pueda operar con gas natural en lugar de Fuel Oil No.2, además de extender el contrato take or pay existente por quince (15) años adicionales, extiende además por igual periodo de tiempo la garantía soberana del Estado a dicho contrato.

El Ministerio de Energía y Minas, según un proyecto de ley, será el encargado de concentrar todas las actividades del sector eléctrico en manos del Estado

En el contrato actual vigente, el pago por capacidad a Cogentrix disminuiría drásticamente a partir del año 2016 donde se pagaría para ese año un total de US$27 millones en comparación a los US$58 millones que se pagarían en el 2014 A partir del 2017 hasta la finalización del contrato (2022) el pago anual por capacidad se sitúa alrededor de US$8 millones lo que significa una reducción de alrededor un 86% con relación al pago actual.

Cogentrix, fue de las operaciones antinacionales que han dejado los políticos, puesto que a esta empresa hay que pagarle millones de dólares al mes, no por estar generando, sino por "capacidad" de generación, algo injustificable e inexplicable, pero cierto y doloroso.

Ha sido el negocio eléctrico en los resultados, independiente de sofismas y de valoraciones interesadas, un "timo", en el que hay dos perdedores visibles, el Estado como institución y los usuarios finales.

No solo en lo eléctrico. República Dominicana ha sido un lugar atractivo para "inversores" que en complicidad con políticos en el gobierno, y socios locales, han colocado "iniciativas empresariales", en las que salen perdiendo los dominicanos, como financieras, ahorros, seguros, etc.

Posible que hayan otros países timados, pero los ejemplos dominicanos, además de abusivos, son ridículos e intolerables, insostenibles.

NOVEDADES

La energía que se distribuye ahora con compradas por las EDES, en el llamado mercado "Spot", donde existe una competencia entre los generadores en precios, y se reflejan las variables del tipo de combustible que utilizan.

Antes de esto, los generadores, todos, cotizaban el kilowatt de energía que v endían a las Edes, a través de un "techo fijo" tomando como base el combustible más caro, el full oil número seis, sin tomar en cuenta, que generaran con distintos combustibles, incluyendo los renovables, ni las variaciones de precios del petróleo y derivados.

El único problema en el nuevo mercado, transitorio en lo que se define una licitación de compra de energía que convocará la CDEEE tras la conclusión del llamado Pacto Eléctrico, una especie de diálogo entre los actores, para definir de nuevo el mercado eléctrico, es que se capitalizan los atrasos que puedan tener las Distribuidoras para pagarle por energía comprada a los generadores.

Nadie se atreve a estimar cuántos millones de dólares se echaron en los bolsillos generadores extranjeros y socios dominicanos, y se exportaron a los países de origen de los generadores, mediante el esquema del "Acuerdo de Madrid".

Dicho acuerdo, que debió vencer en 2004, fue extendido por el entonces presidente Mejía, como una forma de compensarle a los generadores, puesto que alegaban que perdían 100 millones de dólares, y por demás, los gobiernos se hicieron cargo de sostener un "subsidio", para que la tarifa, de por sí "gansterosa" no subiera a niveles que los consumidores no pudieran pagar.

Millones de dólares sacados a los contribuyentes, también fueron a parar por esa vía a manos de los dueños de la generación, convirtiéndose este en uno de los negocios más atractivos por su alta tasa de beneficios y retorno de la inversión. República Dominicana en tanto isla, es un mercado cautivo para cualquier iniciativa, entre usuarios con pocas opciones.

El Gobierno del presidente Medina, intentando acabar con el mecanismo recurrente de los "cortes" del servicio eléctrico, a que recurrían los generadores cuando el gobierno les adeudaba, entró en construcción de una planta en la provincia Peravia, municipio Catalina, que deberá producir 729 megawatts, cuando entre en operación y generará a carbón.

Un intento del presidente Medina de colocar una tarifa de referencia, porque el precio que surja de la generación de Catalina será la que rija el mercado, y las plantas que estén activas entrarán por "méritos", y por generar con combustibles y precios "competitivos".

Para cuando esto resulte, que se estima entre fines de 2017 o primeros trimestres del 2018, los dominicanos nunca podrán recuperar lo timado en el mercado eléctrico privado, con la complicidad de gobiernos y el silencio de expèrtos y medios de comunicación.

Millones de dólares sacados a los contribuyentes, fueron a parar a manos de los dueños de la generación, negocios más atractivos por su alta tasa de beneficios y retorno de la inversión

Solo pocas voces, como la de José Luis Moreno San Juan, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que han mantenido un discurso crítico sobre la mafia eléctrica.