Mexicanos contra el castigo de rumores

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) también conocida como la Defensoría del Pueblo, entregó el martes una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el nuevo código penal del Estado de Veracruz. El artículo 373 del código penal, aprobado el pasado 20 de septiembre, castiga a quienes intenten aturdir el orden público con falsos rumores sobre " la existencia de aparatos explosivos, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud", informa EFE. La ley fue aprobaba tras el arresto de dos mexicanos a finales de agosto pasado, quienes fueron llamados a los tribunales para responder a un proceso penal por difundir falsos rumores sobre terrorismo y la publicaciones de falsas noticias por Twitter y Facebook acerca de lo mismo. El juicio de los acusados provocó la reacción de la sociedad mexicana, en especial las organizaciones civiles, que lo consideraron como una acusación contra la libertad de expresión, que podría llevar a María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez a cumplir hasta 30 años de prisión.

La ola de rechazo hizo que la fiscalía retirará los cargos por "terrorismo" y "sabotaje", aunque dejo abierto el caso por "perturbación del orden público". CNDH, en su demanda aseveró que "el delito de perturbación del orden público es contrario a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de expresión, tuteladas en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales, la libertad de expresión es un derecho esencial del ser humano". A juicios de la defensoría del pueblo, la ley "carece de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión" ya que no precisa, ni "la conducta sujeta a sanción, ni menos precisa el medio para tenerla por demostrada", ocasionando una situación jurídicamente inadmisible, ya que el ciudadano no llega a conocer el motivo de esa prohibición. mls/rh/tt