La ministra de igualdad nos regala nuevamente unas declaraciones sobre la necesidad de que la Iglesia regule lo que es pecado, pero no lo que es delito.

Evidentemente son dos conceptos distintos el delito y el pecado. Uno afecta a comportamientos que son socialmente inaceptables, mientras que el pecado delimita comportamientos que nos alejan de Dios mediante el daño propio, el daño a otros o la ofensa al Creador.

Hay comportamientos que son claramente pecaminosos, pero no son delitos: faltar a misa un domingo, los pensamientos impuros, todos los impulsos contra el amor al prójimo; y la Iglesia jamás ha pretendido que dichos actos sean considerados socialmente inaceptables (ni delito, ni falta, ni sanción administrativa, ni nada), porque la Iglesia siempre ha tenido muy clara la delimitación personal del pecado y del delito.

Por otro lado, habría que recordarle a la ministra la existencia de la ley natural, esa ley inscrita en los corazones, no revelada por Dios, que nos dice lo que está bien y lo que está mal sin necesidad de que sea legislado ese comportamiento. Uno de los principios básicos de la ley natural es "no matarás". Las legislaciones de los paises occidentales se han cimentado a lo largo de la historia precisamente sobre estos principios ("no matarás", "no harás daño a otro", "no robarás", etc.) y no necesariamente porque sean pecado o no, sino porque perturban gravemente la convivencia y lesionan derechos fundamentales de la persona como la vida, la libertad, la integridad física, etc.

El problema de la ministra y de todos los que opinan como ella, es que nos quieren convencer por todos los medios posibles de que el aborto es socialmente aceptable, que no infringe el precepto de "no matarás", cuando no hay prueba más palpable de que el aborto intencionado interrumpe voluntaria y forzadamente una vida, y no hay más que remitirse a los efectos: unos restos humanos, con forma humana, con vida humana, con genes humanos, que son desechados a la basura como material orgánico.

"... el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables..." (Código Civil, art. 29).

¿Cómo puede ser socialmente aceptable apoyar cualquier actividad humana que obtenga como resultado querido e intencionado que donde hay vida humana, ya no la haya? ¿Es posible poner límites arbitrarios a la condición humana según el tiempo de su crecimiento?

Los niños recién nacidos dependen de otras personas (madre, padre e incluso ajenos a la familia) para sobrevivir: ¿esa dependencia justificará algún día el infanticidio?

Los redactores de nuestro Código Civil, de 1889, tenían las ideas mucho más claras cuando redactaron el artículo 29, vigente en la actualidad: "... el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables...". ¿Cabe mayor efecto favorable para la persona que la conservación de la propia vida?

Como nos tienen acostumbrados, los ministros actuando como garantes y protectores de la confusión en lugar de defender los derechos de los ciudadanos. Más le valdría a la señora ministra dedicarse a concienciar a todos del horror que es un aborto y dejarse de justificar comportamientos de muerte.