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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene en su mano deshacer una subida de impuestos adoptada por su antecesor ?el popular Cristóbal Montoro? particularmente criticada, también por su partido. En 2012, el Gobierno del PP subió el IVA a los servicios de peluquería, que pasaron de gravarse con un tipo reducido del 10% al tipo general del 21%. En 2018, estando todavía en la oposición, el PSOE presentó una proposición no de ley en el Congreso, que fue apoyada por una mayoría parlamentaria, para instar al Gobierno de Mariano Rajoy, a bajar de nuevo el impuesto a esta actividad. Ahora, la ministra de Hacienda tiene sobre la mesa una enmienda a los Presupuestos para 2021 para aplicar esta bajada desde el Gobierno.
La plantea Compromís, uno de los grupos considerados socios del Gobierno, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez y que por lo general está alineado con el Ejecutivo en el Parlamento. En concreto, la formación valenciana pide que para el año que viene los "servicios de imagen personal" se incluyan en la categoría de actividades que tienen un IVA reducido del 10%, junto a bibliotecas, museos, cines, teatros o conciertos.
De esta forma, la actividad de las peluquerías se incluiría en la categoría del denominado IVA cultural, gravado con el 10%, de la que Compromís también pide excluir los "festejos taurinos" e incluir a los instrumentos musicales destinados a la enseñanza.
En la justificación de su enmienda, este partido recuerda a Montero que la prestación de servicios de imagen personal forma parte de un sector compuesto por pequeñas y medianas empresas que "vieron incrementar injustamente el IVA en la prestación de sus bienes y servicios, pasando de soportar un IVA reducido a uno de tipo general". Esto provocó, dice Compromís, "el aumento de los precios al público o un descenso de los ingresos del empresario al asumir ellos la diferencia".
De momento, Hacienda no ha dado una respuesta sobre si incluirá esta bajada en los Presupuestos del año que viene y en el Ministerio que dirige Montero recuerdan que los grupos han presentado más de 4.000 enmiendas a los Presupuestos. Sin embargo, de esta bajada del IVA en concreto se habló la semana pasada en una primera reunión entre Compromís y Hacienda para negociar las enmiendas, donde este grupo no percibió un excesivo interés por parte del Gobierno para bajar el IVA.
Más bien, las fuentes apuntan que la ministra pasó por encima de esta cuestión, a diferencia de otras, como la mayor inversión que pide Compromís en infraestructuras en la Comunitat o medidas de tipo cultural, que ha habían sido habladas previamente con el Ministerio de Cultura.
Quien no guarda silencio es el sector de las peluquerías, muy movilizado desde la subida del IVA en 2012. Se agrupa en una iniciativa llamada Alianza por la Bajada del IVA al 10% a las Peluquerías y Estética que con el PP todavía en el Gobierno hizo campaña para que la oposición le instara a volver a bajar este impuesto. Después de la moción de censura, en 2019 emplazó al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez a que deshiciera la subida de Montoro y devolviera el IVA a los servicios de imagen personal al 10%.
En una reacción que incluso sorprendió a Compromís, el Gremio Provincial de Peluquería de Valencia, miembro de la Alianza, celebró la semana pasada esta enmienda a los Presupuestos en relación con "un servicio esencial" y advirtió de que "el futuro de miles de peluquerías y salones de estética está en juego, y con ello el de miles de empleados y las propias finanzas de las arcas del Estado".
Por su parte, una de las enmiendas que ha presentado Ciudadanos a los Presupuestos reclama al Gobierno una deducción del IRPF por contratar a empleados del hogar que presten sus servicios al menos 40 hora semanales. Como la anterior y las miles de propuestas presentadas por los grupos, también deberá ser estimada o desestimada por el Gobierno.
En concreto, proponen que las personas que tengan contratada a una persona por el Sistema Especial de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social tengan una deducción del 30% de las cuotas ingresadas, hasta un límite anual de 500 euros al año. En el caso de las familias numerosas o con algún miembro con discapacidad, el empleador titular tendrá derecho a una deducción de 40%, hasta un límite de 600 euros al año.
Fuentes del partido naranja señalan que el valor de la propuesta no está tanto en que sea una bajada de impuestos sino que en que va a permitir aflorar una actividad que en muchos casos no está declarada que, a su vez revertirá en las arcas públicas. Según explican, la deducción en el IRPF puede animar la contratación de asistentes del hogar que hoy trabajan en negro y que quedarán así dados de alta en la Seguridad Social.