Los días pasan en España sin que haya un nuevo Gobierno a la vista, Cataluña mantiene el rumbo a la independencia y el mundo económico y financiero está cada vez más preocupado por que este rompecabezas político lastre la reactivación económica.

El Partido Popular (PP) perdió su mayoría absoluta en las elecciones generales del 20 de diciembre y se encuentra con muchas dificultades para formar Gobierno dentro de un Parlamento muy fragmentado que se constituirá por primera vez el miércoles.

"Desde el punto de vista de las empresas, lo que nos interesa es que haya un Gobierno sólido, fuerte, de los que afronten las dificultades de la situación económica", afirma el presidente de la patronal CEOE, Joan Rosell, contactado por la AFP.

La situación se complicó más el domingo con la investidura de un independentista convencido, Carles Puigdemont, como presidente de Cataluña, con la promesa de proclamar en 2017 la independencia de una comunidad que genera cerca del 20% del PIB español.

Los bancos, los primeros en alarmarse por los riesgos del separatismo al conocerse que un millar de empresas dejaron la región en 2014, volvieron a activar las sirenas.

El presidente del catalán Banco Sabadell, Josep Oliu, pidió "estabilidad institucional y seguridad jurídica". El de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, reclamó "respetar la ley" y advirtió de que una declaración unilateral de independencia afectaría al sector financiero.

La secesión de Cataluña y su consecuente salida de la zona euro complicaría la financiación de los bancos presentes en esa región a través del Banco Central Europeo (BCE) y, por consiguiente, dificultades de acceso al crédito para familias y empresas.

Esta incertidumbre inquieta a las empresas justo cuando España recuperó la senda del crecimiento tras una crisis económica devastadora. La progresión del PIB podría haber alcanzado el 3, 2% en 2015, tras un 1, 4% en 2014, una de las mayores alzas de la zona euro.

- Nuevas elecciones -

De repente, el país debe pagar más para financiarse en los mercados mientras el sector público necesita más de 200.000 millones de euros en 2016, aproximadamente lo mismo que el sector privado, según el ministro de Economía Luis de Guindos.

La tasa de interés a 10 años subió del 1, 7% antes de las legislativas del 20 de diciembre al 1, 84% este martes. "España se financia más caro que Italia cuando su deuda pública es inferior y su crecimiento mejor", señala Jesús Castillo, economista en Natixis, como prueba de esta desconfianza de los inversores.

Esto puede acarrear costes para el Estado, que todavía debe refinanciar su gran deuda (98, 7% del PIB en 2015) y cuyo déficit público se encuentra por encima de los límites marcados por Bruselas.

"De momento, parece que la situación no está afectando a las decisiones empresariales" de invertir o contratar en España porque la demanda sigue siendo elevada, matiza Álvaro Sanmartín, economista jefe en la consultoría Grant Thornton.

Pero la situación podría agravarse si se deben convocar nuevas elecciones en el caso de que ningún partido pueda formar Gobierno, prolongando varios meses este clima de incertidumbre.

La industria del automóvil, responsable del 10% del PIB nacional, sigue de cerca los acontecimientos políticos. "La industria tiene todavía que atraer nuevas inversiones y nuevas cargas de trabajo" a sus fábricas y sufriría si los grandes grupos extranjeros dan la espalda a España, reconoce una fuente del sector.

Otro temor empresarial es la continuidad de la política de austeridad y flexibilización del mercado laboral aplicada por el PP desde su llegada al poder, en diciembre de 2011.

En este caso, "los sectores que dependen más de la regulación pública, como el sector energético y las infraestructuras, podrían quedar afectadas", comenta Sanmartín.

El mundo empresarial evita pronunciarse sobre su coalición de Gobierno preferida pero, sin lugar a dudas, la llegada al poder de la izquierda radical de Podemos no les genera ninguna ilusión.