Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Mi Pequeña Aportación escriba una noticia?

El nacionalismo separatista: un invariante de la Historia

27/10/2017 17:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El separatismo recalcitrante, sectario y fanático, es una actitud propia del siglo XIX, absolutamente arcaica y desfasada. Debemos evitar caer en actitudes radicales igualmente arcaicas para neutralizarlo: la Democracia solo se defiende con la fuerza de la Ley, nunca con la ley de la fuerza

Históricamente, Europa fue testigo de innumerables luchas de diferentes pueblos por temas territoriales. El eslavo fue uno de ellos y desde el siglo VI ocupó parte del centro y oriente del continente. A lo largo del tiempo, se fue dividiendo en otros pueblos, entre ellos los checos y los polacos en la parte central; los rusos, ucranianos y bielorrusos en el Este y otro tercer grupo: los eslavos meridionales, ubicándose en la zona de los Balcanes, donde podemos destacar a serbios, croatas y búlgaros. Es decir, se separó en decenas de nuevos pueblos con identidades, lenguas y religiones muy diferentes entre sí. Los episodios más recientes datan de las últimas décadas del siglo XX: la disolución de la ex Yugoslavia a principios de los 80 fue el pistoletazo inicial para el estallido; a su vez, a mediados de los 90, grupos nacionalistas kosovares de ascendencia Bosnia, reclamaron su independencia al sur de Serbia.

Lo anterior parece confirmar que, a pesar de todo lo que ha sucedido desde que, a finales del siglo XV, comenzaron a gestarse en Europa los antecedentes del estado-nación, para la mayoría de la humanidad, o de sus dirigentes, aún parece imposible concebir la civilización al margen de unidades territoriales separadas las unas de las otras por fronteras, en teoría, inmutables. Guerra tras guerra, invasión tras invasión y revolución tras revolución, el mapa del mundo ha ido configurándose y fragmentándose a lo largo de los últimos 500 años hasta desembocar en los 193 Estados independientes reconocidos actualmente como tales por las Naciones Unidas, una realidad que sigue determinando la vida (y en demasiados casos, la muerte) de millones de personas. Para muchos, no obstante, este mapa no refleja aún ni su identidad ni su historia ni sus aspiraciones, por no hablar de sus intereses económicos.

En todo el planeta movimientos nacionalistas y separatistas de las más diversas ideologías siguen albergando el viejo sueño de la independencia, en contextos muy diferentes, de forma pacífica o violenta, como salida a situaciones de opresión colonial en algunos casos, o como mera reafirmación política de una tradición cultural propia en otros.

Los países sin movimientos nacionalistas son una excepción en Europa. Un continente que, torturado por la crisis económica y por las desigualdades territoriales, no parece estar acercándose precisamente a esa idea de unidad a la que se suponía que iba a conducirle la creación de la Unión Europea. Más preocupada, al final, por sus intereses financieros y mercantiles que por su razón de ser histórica y cultural.

Los países sin movimientos nacionalistas en Europa, aquellos donde coinciden sin problemas los conceptos de nación como comunidad cultural y Estado como entidad político-administrativa, son una excepción. La inmensa mayoría se han gestado históricamente a base de tratados políticos o conquistas bélicas, y actualmente tan solo Eslovenia, Bulgaria, Portugal, Malta y Luxemburgo no tienen disputas territoriales reseñables dentro de sus fronteras.

El sueño de lograr la independencia es compartido por numerosas regiones europeas y existe un partido político: Alianza Libre Europea (conocido también como 'Partido Democrático de los Pueblos de Europa'), formado en total por 40 fuerzas políticas de una veintena de países de la Unión Europea, que incluye varias formaciones políticas que defienden el derecho a la autodeterminación. Además de los movimientos separatistas más conocidos, hay también otros de los que quizás muchos no hayan oído hablar nunca. 

El mencionado partido reconoce movimientos separatistas relacionados, al menos, con los siguientes territorios: Carintia (comunidad eslovena en Austria), Pirin (comunidad macedonia en Bulgaria), Alsacia, Cornuallles, Rijeka (Fiume), Andalucía, Sorbios de Lusacia, Rusohablante en Letonia, Aosta, Lerin (comunidad macedonia en Grecia), Cerdeña, Aragón Moravia, Saboya, Baviera, Occitania, Schleswig-Holstein (comunidad danesa en Alemania), Bretaña, Países catalanes, Escocia, Islas Canarias, País Vasco, Silesia, Córcega, Friuli (eslovenos en Italia), Tirol del sur, Gales, Frisia, Véneto, Eupen (comunidad alemana en Bélgica), Frisia oriental en Alemania, Flandes, Galicia, Frisia septentrional en Alemania, Alemanes en Dinamarca, Húngaros en Eslovaquia.

Aunque no están reconocidos en ese foro, sufren tensiones secesionistas otros territorios: Transnistria (Moldavia), República Srpska (Bosnia-Herzegovina), Groenlandia (Dinamarca), Nagorno-Karabaj (Azerbaiyán), Nación Mapuche (Chile), Xinjian, Macao y Hong Kong (China), Aceh (Indonesia), Baluchistán (Pakistán), Somalilandia (Somalia).

Algunos territorios donde existen movimientos separatistas y/o autonomistas, han llegado a ser reconocidos como independientes por algunos Estados: Kosovo (reconocido por 108 de los 193 miembros de Naciones Unidas –Serbia, Rusia y España, entre los que no lo hacen–), Osetia del Sur y Abjasia (en Georgia, reconocidos por Rusia); son reconocidos internacionalmente como ocupados (Palestina, la República del Norte de Chipre, el Sáhara Occidental); o una parte de la población desea pertenecer a un Estado diferente (Cachemira, Ucrania).

Asimismo, hay territorios en todo el mundo en los que existen importantes movimientos cuyo objetivo es la consecución de un Estado independiente:

Escocia (Reino Unido): Fue un Estado soberano hasta la aprobación del Acta de Unión de 1707, cuando el entonces Reino de Escocia fue unido al Reino de Inglaterra dando lugar al Reino Unido;

País Vasco (España): La sombra de la violencia terrorista de ETA (829 muertos hasta el anuncio del cese definitivo de la lucha armada en 2011) sigue marcado el independentismo vasco, que aspira a la creación de un Estado soberano en los actuales países vascos español y francés, e incluyendo, aunque esta opción no es unánime entre los nacionalistas, parte o la totalidad de Navarra;

Quebec (Canadá): La provincia de Quebec es la más extensa de Canadá, y tiene una población que supera los 8 millones de habitantes, el 80% de los cuales son francófonos. Por su idioma, su cultura y sus instituciones, fue reconocida en 2006 por el Parlamento canadiense como una "nación dentro de Canadá", un concepto social y cultural que no tiene significación legal. A diferencia de las demás provincias canadienses, donde son idiomas oficiales tanto el inglés como el francés, Quebec tiene como única lengua oficial el francés. El nacionalismo quebequés se alimenta no solo de su identidad lingüística y cultural, sino también de los periodos de represión y asimilación causados por la mayoría anglófona en determinados momentos históricos;

Flandes (Bélgica): La Región Flamenca, o Flandes, es una de las tres regiones que componen Bélgica, junto con Valonia y la región de Bruselas (capital tanto del Estado como de la propia Flandes). Constituye la zona del país, en el norte, donde la mayoría de la población habla holandés (flamenco). El resentimiento generado en algunos sectores de la población por los subsidios de que disfrutan las regiones francófonas (más pobres) alimenta el separatismo flamenco;

Véneto y "Padania" (Italia): El territorio histórico de la república independiente de Venecia, correspondiente en parte a la actual región italiana de Véneto, y una de las grandes potencias mediterráneas hasta la invasión napoleónica de 1797, fue incorporado al Reino de Italia en 1866, tras pasar por las manos primero de Francia y después de Austria;

Chechenia (Rusia): Chechenia es una de las 21 repúblicas que integraban la Federación Rusa. Su pequeño territorio norcaucásico, rico en crudo y nudo estratégico de la ruta petrolera hacia Occidente, limita con Georgia. La mayoría de la población es de religión musulmana. Tras la disolución de la Unión Soviética, y pese al rechazo de Rusia, proclamó la independencia del territorio. La reacción rusa no tardó en llegar, con irrupciones militares a gran escala que constituyeron dos guerras –condenadas ambas por Occidente– disputadas en esta autonomía. A pesar de proclamarse el fin de la guerra en 2002, los combates continuaron. Los rusos han sido acusados de practicar torturas de forma sistemática, así como de violaciones, saqueos, contrabando y malversación. Los señores de la guerra chechenos, por su parte, también han cometido graves crímenes contra los prisioneros, rehenes y civiles rusos. Tanto Amnistía Internacional como el Consejo de Europa han condenado reiteradamente estos hechos;

Kurdistán (Turquía, Irak, Irán, Siria): No existe un censo oficial, pero se calcula que los kurdos son actualmente entre 40 y 50 millones. Están repartidos entre Turquía (más de 20 millones), Irán (unos 13 millones), Irak (8 millones), Siria (algo menos de 2 millones) y Armenia (unos 100.000). Muchos viven también en la diáspora, sobre todo en Alemania, Suecia y el Reino Unido. Todos comparten una lengua y una cultura comunes, y la mayoría son musulmanes (suníes, principalmente), aunque existe también una minoría de cristianos e incluso algunos judíos. Tras el reparto de Oriente Medio que hicieron las potencias occidentales al término de la Primera Guerra Mundial, el territorio del Kurdistán quedó fragmentado entre los nuevos países, y los kurdos se convirtieron en turcos, iraquíes, sirios o iraníes, después de una efímera independencia que fue aplastada en 1921, con la ayuda de los británicos. A los kurdos se les considera el mayor pueblo del mundo sin Estado propio;

Tíbet (China): La región autónoma del Tíbet (1.228.000 kilómetros cuadrados, 2, 93 millones de habitantes) se encuentra bajo administración de China desde el año 1951. El antiguo gobierno tibetano fue expulsado en 1959 mediante el uso de la fuerza. Aunque el Tíbet ha estado bajo la influencia de los mongoles, reyes de Nepal, emperadores manchúes y gobernantes británicos durante algunos periodos de su historia, nunca perdió su condición de Estado independiente hasta que en 1950 China invadió el territorio. En 1959 se produjeron los primeros choques violentos entre las autoridades chinas y la población ocupada. Cincuenta años más tarde, en marzo de 2008, el Tíbet registró la últimas protestas hasta ahora contra el Gobierno chino. A consecuencia de estas tensiones, el Tíbet permaneció largos periodos de tiempo cerrado a turistas extranjeros, se limitó el acceso a la prensa internacional y se repitieron incidentes aislados de enfrentamientos entre tibetanos y fuerzas de seguridad;

Yemen del Sur (Yemen): La República de Yemen nació el 22 de mayo de 1990, cuando la República Árabe del Yemen (Yemen del Norte) y la República Popular (Yemen del Sur), marxista, se unieron, después de 300 años, para formar una nueva nación. En 1994, sin embargo, el país volvió a romperse tras un levantamiento del antiguo sur que desembocó en una breve (diez semanas) pero sangrienta guerra civil entre las fuerzas del Gobierno central del nuevo Estado, controlado por el norte, y los grupos secesionistas del sur, que acabó con la derrota de la milicia de la parte meridional;

Todo lo anterior pone claramente de manifiesto que el nacionalismo separatista o secesionista es una realidad de todas las épocas que, en la actualidad, afecta a muchos países y territorios.

El independentismo, o secesionismo, catalán actual propugna la independencia de Cataluña, bien en su actuales límites como comunidad autónoma, bien de una Cataluña ampliada con la denominada "Cataluña Norte" (Rosellón y Alta Cerdaña, en Francia) y la franja oriental de Aragón, bien de los denominados Países Catalanes, en los que se incluirían asimismo la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y parte de Aragón.

En relación con Cataluña, la Historia registra múltiples episodios de desafección respecto a España y la monarquía española reinante en cada momento.

Las primeras tensiones pueden situarse ya en 1412 con la sublevación de Jaime de Urgell. Poco después, en 1430, estalló una guerra civil en Cataluña, que ha sido interpretada por algunos historiadores como una guerra de los catalanes contra un rey castellano. Otro episodio notable, antes de que terminase el siglo XV, fue el intento de regicidio, perpetrado por Juan Canyamàs, contra Fernando el Católico, que tuvo lugar en Barcelona el 7 de diciembre de 1492.

Posteriormente hay que sumar varios intentos de Cataluña para declararse independiente de España. El primero de ellos data de 1640, tras la revolución, Cataluña busca amparo en Francia y Pau Clarís proclamó la República Catalana en 1641; en 1873, durante la I República, José García Viñas y Paul Brousse proclamaron el Estado Catalán; en 1931 Francesc Maciá proclama de nuevo la República Catalana; en 1934 Lluis Companys proclamó nuevamente el Estado Catalán. El último intento, por ahora, lo estamos viviendo en estos días.

Todo lo anterior, revela con claridad meridiana que el actual “procés” no responde a una actitud aislada que surge en este momento de la Historia. Es el reflejo de un sentimiento ancestral de independentismo en la sociedad catalana, gestado ya desde comienzos del siglo XV, con anterioridad a la formación de la España moderna, (en el sentido histórico de la Edad Moderna), por los Reyes Católicos. Este sentimiento, además, ha sido mantenido y alimentado de forma permanente, con mayor o menor visibiliodad exterior, según las circunsatancias, en la familia, en la escuela, en las instituciones ligadas a la Cataluña profunda (Montserrat, por ejemplo) y de manera especial por la Generalitat, cuando ésta ha existido de forma explícita.

En Europa y otros ámbitos del mundo desarrollado el final del siglo XX y el siglo XXI parecen ser un periodo de nacionalismos pacíficos y no revolucionarios, a diferencia de los siglos XIX y casi todo el XX en que fueron violentos, revolucionarios y sanguinarios. Así, Checoslovaquia se disolvió pacíficamente en la República Checa y Eslovaquia el 1 de enero de 1993. La división en dos naciones separadas fue calificada como el "divorcio de terciopelo".

En este siglo, unos pocos territorios han logrado alcanzar el estatus de estados independientes, son los casos de Sudán del Sur y Timor Oriental.

Sudán del Sur (Sudán): Sudán del Sur se separó de Sudán el 9 de julio de 2011, convirtiéndose en la nación más joven del mundo. Este paso marcó el final de un conflicto de décadas que comenzó incluso antes de que Sudán se independizara del Reino Unido en 1956. Los residentes del Sur -que es predominantemente católico y habitado por varios grupos étnicos con estrechos vínculos con otros países africanos- se sentían discriminados por el gobierno en Jartum, dominado por árabes del norte de Sudán. Varios grupos rebeldes, incluido el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, tomaron las armas contra el gobierno sudanés, que respondió con fuerza brutal. Ambas partes firmaron finalmente un acuerdo de paz en 2005 y en un referéndum de 2011 los votantes apoyaron a un sur independiente.

El país insular de Timor Oriental había sido una colonia portuguesa durante siglos hasta que declaró la independencia a finales de 1975. Pero inmediatamente después, el país del sudeste asiático fue invadido por Indonesia. En mayo de 2002, la República Democrática de Timor-Leste, más conocida como Timor Oriental, se convirtió en el estado soberano más joven de Asia. Timor Oriental sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Alrededor de la mitad de sus 1, 2 millones de personas viven en la pobreza, un resultado de años de conflictos prolongados, falta de estructuras administrativas civiles y escasez de trabajadores cualificados.

Ahora en Europa no se aceptan, ni mucho menos se justifican, ni el sectarismo, ni las actitudes de adoctrinamiento, odio, violencia e ilegalidad arbitraria, ni los procesos de ruptura de la legalidad democrática, de rebelión o revolucionarios; pero tampoco se acepta ni justifica la represión.

Es necesario asumir que los desafíos y pronunciamientos soberanistas hay que gestionarlos para que se resuelvan y no se reactiven una y otra vez. No se trata, simplemente, de sofocarlos, pues el uso de la violencia, que podría parecer una solución a corto plazo, solo contribuye a perpetuar y confirmar el sentimiento de opresión e injusticia y, por tanto, a mantener viva la llama del nacionalismo separatista. Por otra parte, la simple represión es una actuación que, en nuestro entorno geográfico, político, económico y social claramente pertenece al pasado y en la actualidad no sería aceptada, con toda razón, por los países democráticos, con lo cual se vuelve hacia el que la aplica y le estigmatiza.

El separatismo recalcitrante, sectario y fanático, es una actitud propia del siglo XIX, absolutamente arcaica y desfasada en Europa. Por ello, debemos evitar caer en conductas radicales igualmente arcaicas para neutralizarlo.

Asimismo y, concretamente en el ámbito interno de nuestro país, el independentismo secesionista se trata de algo que hay que gestionar, evitando descalificaciones generalizadas, escaladas de odio, incomprensión e individualismo.

No a la dialéctica de los “enemigos de España”, bastante trasnochada también, por otra parte. El patriotismo no consiste en gritar ¡Viva España!, envolverse en la bandera y negarse a cualquier forma de diálogo.

El patriotismo se demuestra cumpliendo las leyes, pagando impuestos en nuestro país y respetando a todos los conciudadanos. Defendiendo un país (una patria) de tolerancia que acoja, que sea incluyente y no excluyente de todas las sensibilidades, que convenza y no que venza a los que quieren desvirtuar su naturaleza. La siguiente manifestación es ilustrativa en este sentido: “En todos los acontecimientos importantes de este gran y antiguo país siempre ha habido vascos y catalanes como protagonistas y encima han estado orgullosos de ello. Y el que no lo entienda que aprenda historia.” (Ainhoa Arteta, 11/10/2017).

El tratamiento del hecho independentista se debe de abordar desde una actitud de respeto hacia la otra parte. No es sensato, ni razonable, ni conduce a nada, tomarlo a broma; se trata de una actitud muy extendida en España ante los asuntos que no comprendemos o que nos producen temor. En el fondo es una manifestación más de intolerancia, conducta de la que tenemos también una larga tradición en nuestro solar patrio. Trata de disfrazar la ignorancia o la inquietud hacia lo diferente, procurando su desaparición por el expeditivo método de negarlo y destruirlo.

Las Leyes democráticas se pueden cambiar utilizando los medios que ofrece la propia democracia, pero no por la imposición de unos pocos

Otros errores de apreciación y tratamiento del independentismo secesionista que no contribuyen a resolver nada son considerarlo con la misma categoría que una agresión exterior, plantear una Cruzada para contrarrestarlo, adoptar actitudes de prepotencia y de superioridad abrumadora, abundando en descalificaciones generales y radicales de los independentistas y de todos aquellos que no les combaten sin cuartel.

No fomentemos el odio y la exclusión respecto a las personas, simpatizantes con el independentismo, simplemente neutrales, o que no se oponen de forma tajante a él. Sería caer en la misma actitud que los nacionalistas radicales. Evitemos el desprecio visceral del adversario, por el mero hecho de defender algo que rechazamos.

Se deberían de fomentar actitudes de acogida y entendimiento, disposición para dialogar y comprender y, como objetivo último, convencer: no se trata de vencer, hay que convencer; evitando los absolutos (nunca, jamás, …) o las propuestas de boicot a los productos y servicios que proceden de los territorios que reclaman su absoluta independencia y separación del resto del Estado.

Uno de los mayores retos es establecer una relación de tolerancia y comprensión entre los colectivos independentistas y el resto del Estado. Es necesario revertir la tendencia de los radicales de ambas partes al adoctrinamiento desde la escuela y a la inoculación en la infancia del odio hacia los otros. Quizá el mayor desafío sea mantener con total determinación el principio que establece que, en el actual contexto del mundo civilizado y desde una posición democrática, la Democracia solo se defiende con la fuerza de la Ley, nunca con la ley de la fuerza.

Es imprescindible realizar el máximo esfuerzo en la búsqueda de soluciones, dialogando abiertamente y aportando propuestas que permitan establecer un marco de legalidad democrática aceptado por todos, mediante diálogo, participación y representatividad equilibrada. La Democracia ampara a todos: independentistas y no independentistas y exige que todos puedan ejercer su derecho a decidir sobre algo que les afectará a todos de forma significativa.

Se trata pues de encontrar soluciones en un marco democrático en virtud de las cuales todos tengan la oportunidad de manifestar su derecho a decidir. Esta aspiración está plenamente en línea con lo que, según el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 23ª edición, 2014), el DRAE, es democracia. En efecto, de acuerdo con esa fuente, democracia es, entre otras definiciones: “4. f. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc.” y, también: “5. f. Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones.”

Resulta sorprendente que el concepto de democracia no parece coincidir entre su definición en español y la que ofrece el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, versión en línea, 19/10/2017. En efecto, ésta última fuente, establece para la entrada “democracia” la siguiente definición: “f POLÍT 1 Doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l'elecció dels governants”. Se trata de una definición, como mínimo, ambigua y poco específica: “intervención del pueblo”, en la que no se dice nada de la práctica de igualdad de derechos para todos (acepción 4 del DRAE), ni de la participación de todos en la toma de decisiones (acepción 5 del DRAE).

En democracia las leyes se pueden cambiar o derogar, pero desde la legalidad; es decir, mediante procedimientos dentro de la Ley. Han pasado ya en Europa los tiempos en los que, en un contexto de tiranía, era lícito y, probablemente la única forma de poder hacerlo, cambiar la situación mediante movimientos revolucionarios o procesos de rebeldía contra el Poder, pues ahora, ese Poder ha sido democrática y legalmente instituido.

Las Leyes establecidas con garantías democráticas tienen previsto cómo se pueden cambiar ellas mismas. Por ello, el que cesa de cumplir las leyes que acataba previamente en una democracia no puede alegar que las incumple por sus ideas; si no está de acuerdo con la Ley debe de trabajar en el marco democrático, vale decir, en el seno de esas mismas Leyes, para cambiarlas.

En democracia, para cambiar la situación hay que utilizar los medios que ofrece la propia democracia y trabajar en el marco democrático para cambiar y acordar por mayoría los cambios a introducir en la legislación, de forma que puedan, razonablemente, ser aceptados por todos. En todo caso, siempre existen mecanismos para que aquellos que, en un momento dado, no estén de acuerdo con el ordenamiento vigente puedan proponer y someter a votación su modificación.

En línea con lo anterior, nada se debería de oponer a que haya procedimientos para cambiar cualquier ley, de forma democrática, pero no así por la imposición de unos pocos. Es decir, no basta con que sea una porción no mayoritaria de un colectivo de afectados la que exprese su voluntad de cambiar las leyes en un determinado sentido. Mientras tal cambio no sea deseado y aceptado por la mayoría real de todos los que experimentarán las consecuencias de tal cambio, las leyes vigentes han de seguir siendo cumplidas por todos.

Así, en un contexto democrático actual, no es aceptable la desobediencia de las leyes con las que no estamos de acuerdo y que otros muchos, o toda la sociedad, asuman las consecuencias. De aceptar esa actitud, ¿permitiremos que los demás desobedezcan, a su vez, las leyes o normas que nosotros establezcamos?, si no es así, ¿es que solo nuestras leyes son justas?

Por otra parte, si las personas que ocupan cargos a los que han accedido por un proceso regulado por las mismas leyes que no quieren cumplir incitan, con su ejemplo, a no cumplirlas, automáticamente quedan deslegitimados en sus cargos. Si estimulamos el incumplimiento de las leyes que no nos gustan porque, entendemos, coartan nuestra libertad de hacer lo que, por acuerdo en mayoría de un determinado colectivo, se acordó no hacer, sembramos la semilla del caos.

Además, ¿es democrático imponer nuestras leyes, aunque hubieran sido establecidas por procedimientos democráticos, si estamos dispuestos a desobedecer otras leyes establecidas, también, por procedimientos democráticos? Esa forma de actuar conduce, de hecho y sin ninguna duda, a un régimen de tiranía. Los que no cumplen las Leyes que han sido democráticamente establecidas son delincuentes y si son encarcelados de ninguna forma pueden ser considerados presos políticos.

Nuestra libertad acaba donde empieza la de los demás y para eso, como ya descubrieron, en Mesopotamia, los Sumerios y Babilonios, hace más de 3.700 años, es necesario que todos, de mutuo acuerdo, respetemos una serie de leyes o normas, lo que llevó al establecimiento de la más antigua recopilación de leyes que ha llegado hasta nosotros: el código de Hammurabi (ca -1728).

Respecto a posibles fórmulas para establecer leyes que sean aceptadas tanto por los partidarios de la integración, como por los de la segregación de territorios es interesante conocer la solución encontrada en Canadá, en relación con las tensiones separatistas generadas y mantenidas durante decenios por la provincia o territorio de Quebec, que es conocida como la Ley de la Claridad.

En 1995 el Gobierno Federal Canadiense acudió al Tribunal Supremo, que en Canadá, como en muchos otros países, tiene funciones de interpretación de la Constitución. El objetivo era que el Tribunal estableciera las condiciones de un eventual proceso de secesión. El fallo se conoció en 1998 y supuso el embrión de lo que dos años más tarde se conocería como "Ley de Claridad", aprobada por el Parlamento nacional el 29 de junio de 2000. Así, Canadá se convertía en el primer Estado democrático que preveía su propia divisibilidad.

La llamada “Clarity Act” (“Loi de clarification” en francés) aceptó que hay medios que un Estado democrático no debe emplear para retener contra su voluntad a una determinada población concentrada en una parte de su territorio. Pero también estableció las condiciones concretas para llevar a cabo un intento de secesión. La Cámara de los Comunes habría de comprobar que la pregunta del referéndum resultara perfectamente clara, inteligible y abordara directamente la secesión. La ley preveía igualmente qué elementos deberían figurar en una nueva agenda de negociación, tales como la repartición del activo y el pasivo o el establecimiento por parte de la Cámara de los Comunes de una mayoría clara o “mayoría reforzada” para dar por bueno el resultado, así como un porcentaje mínimo de participación.

La “Ley de Claridad” prevé una posible nueva definición de las fronteras, esto es: “En el caso de que determinadas poblaciones concentradas territorialmente en Quebec solicitaran claramente seguir formando parte de Canadá, debería preverse para ello la divisibilidad del territorio quebequés con el mismo espíritu de apertura con el que se aceptaba la divisibilidad del territorio canadiense”.

De manera que, conforme a la Ley de Claridad, la secesión no habría de producirse necesariamente sobre todo el Quebec. Así, si existieran en Quebec territorios en los que la proporción de partidarios de permanecer en Canadá fuera sustancial y claramente mayoritaria, Quebec, para separarse, debería aceptar desprenderse de ellos para que puedan seguir siendo parte de Canadá.

De la misma manera que Canadá adopta una postura abierta respecto a la potencial salida de territorios con una sustancial mayoría de habitantes que no desean seguir siendo canadienses, la Provincia (Quebec) también debe aceptar desprenderse de porciones de la misma por la razón, en este caso simétrica e idéntica, de que una mayoría sustancial de su población sí desee seguir siendo canadiense.

Al hilo de lo anterior, interesa conocer que, desde hace algunos años (2011, concretamente), existe en Cataluña un movimiento, fortalecido, al parecer, como respuesta al proceso independentista, que busca la permanencia en España de lo que denominan "Tabarnia", la suma de Tarragona y Barcelona y sus respectivas áreas de influencia, que acumulan el 80% del PIB catalán. Según esta organización, Cataluña estaría formada por “dos zonas claramente diferenciadas desde el punto de vista económico, lingüístico, identitario, poblacional y social”. Y en tanto que se trataría de un área geográfica con escasa penetración del separatismo, sería susceptible de quedarse en España caso de aplicarse aquí una solución con el mismo espíritu que la Ley de Claridad canadiense.

Como una aportación más en la línea de poner de manifiesto opciones de normas que puedan resultar aceptables, tanto para los que defienden la secesión, como para los que no la consideran conveniente, puede resultar útil la especulación que se expone a continuación.

De acuerdo con la acepción 5 del DRAE, en un ámbito democrático, es absolutamente imprescindible encontrar una fórmula que haga posible que la opinión de todos los españoles sea tenida en cuenta para decidir si algún territorio se separa del resto. En esa línea, la Ley debería establecer que la decisión está sometida a la existencia de una mayoría real de todos los afectados, tanto los que viven en el territorio que se segregaría, como los que lo hacen en el resto del Estado, pues, en tanto no se produzca tal segregación, todos ellos constituyen el “Pueblo” que debe de ejercitar su derecho a decidir y todos serán afectados de forma significativa por el resultado de una consulta en tal sentido y la posterior puesta en práctica del mismo.

Una posible fórmula podría ser la consideración de los porcentajes de votos a favor o en contra de la propuesta de forma independiente: por una parte en el territorio que plantea su separación (Cataluña, en este caso) y, por otro lado, en el resto del Estado, configurando después el resultado definitivo de la consulta como la media aritmética de ambos resultados. Así, para aprobar la segregación de un determinado territorio, si el 70% de los votantes del mismo eligieran esa opción haría falta que, al menos el 30% de los votantes del resto del Estado estuvieran de acuerdo con la misma.

De esta forma, en la práctica, cada voto del territorio secesionista valdría por tantos votos del resto del Estado como la relación de los censos electorales de ambos colectivos. Es decir, si (INE, 01/09/2017) Cataluña tiene un censo de 5, 3 millones de electores y el resto del Estado lo tiene de 29, 2 millones de votantes, cada voto de Cataluña valdría por 29, 2/5, 3 = 5, 5 votos del resto del Estado.

El planteamiento anterior evoca la siguiente reflexión:

Las mayorías silenciosas deben de tomar partido. No parece razonable que se suponga que los votos en blanco, o los que no sean depositados, aceptan lo que decida la mayoría (que puede ser una minoría, en sentido estricto) de los que van a votar.

Si no hay una participación suficiente, el proceso de consulta se debería de repetir. Hay países en los que es obligatorio ir a votar. Los votos en blanco, nulos, o no depositados deberían de contabilizarse en las Cámaras y dejar sus asientos vacíos.

Es decir, si el porcentaje de votos válidos sobre el total del censo fuera, por ejemplo, el 64%, un 36% de los escaños deberían de quedar vacíos durante toda la legislatura. Por ejemplo en el caso de las Cortes Generales españolas, que acogen a 350 diputados, con ese porcentaje de votos válidos, debería de haber 126 escaños vacíos, y para obtener mayoría absoluta una propuesta debería de conseguir 176 votos en sesión. En este caso no sería posible obtener mayoría cualificada 2/3 (233 votos), ya que sólo habría 224 diputados, pero si una mayoría cualificada 3/5 (210 votos).

Así se ahorraría el erario público las subvenciones por esos votos y los sueldos de esos representantes. Si por causa de esos asientos vacíos no puede haber mayorías parlamentarias, el mensaje es que el Pueblo no está de acuerdo con las propuestas de los representantes electos, que no representan a todos, puesto que una parte significativa de los votantes posibles ha preferido no votar a ninguno de ellos.

Lo anterior supone una plena aceptación por los ciudadanos de su responsabilidad como tales, en virtud de la cual se deben de sentir obligados a expresar con claridad su opinión en las urnas. Asimismo, la conciencia clara de que si no depositamos nuestro voto podría tener consecuencias de más calado que el hecho de votar a una determinada opción, debería de servir de estímulo adicional a los ciudadanos para ejercer su derecho al voto.

Por último, en el caso de que la opción elegida por los ciudadanos sea dejar una buena parte de los escaños vacíos, los políticos deben asumir también su responsabilidad por no ser capaces de convocar a los ciudadanos para que cumplan de forma eficaz con el deber fundamental para ellos en una democracia, que es el de expresar su opinión en las urnas para hacer posible el proceso de gobierno de la colectividad de acuerdo con el mandato explícito de los propios ciudadanos.


Sobre esta noticia

Autor:
Mi Pequeña Aportación (23 noticias)
Visitas:
2462
Tipo:
Opinión
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.