Niegan existencia de grupo de ejecución de subversivos en Perú

El ex coronel Roberto Huamán Azcurra, ex brazo derecho de Vladimiro Montesinos, rechazó hoy que haya existido un equipo paralelo a los 140 comandos que en 1997 rescataron a 72 rehenes, y que tuviera como objetivo ejecutar a subversivos. En un pronunciamiento, el ex militar que fue recientemente liberado luego de nueve años de prisión tras acogerse a la redención de la pena por trabajo, dejó entrever que se ha tejido una leyenda con el fin de encarcelar a militares. “No hubo tal grupo paralelo y la operación fue impecable”, dijo al rechazar las imputaciones de que él lideró a varios militares que se encargaron de “limpiar” la residencia nipona en Lima, que fue ocupada entre el 17 de diciembre de 1996 y el 22 de abril de 1997. En Perú es investigado si hubo ejecuciones extrajudiciales de miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), tras el ingreso de comandos a la residencia del embajador japonés, Morihisa Aoki, para rescatar a 72 rehenes. La Tercera Sala Penal Liquidadora investiga y realiza un juicio oral público contra Montesinos, director del Servicio de Inteligencia Nacionao (SIN) y otras personas por la presunta comisión de ejecuciones de ex rebeldes del MRTA. Huamán Azcurra, según versiones extraoficiales, habría acatado las órdenes dadas por el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) a Vladimiro Montesinos, de que no quedaran rebeldes vivos y el ex militar habría ordenado a un grupo paralelo ejecutar a los rendidos. El comandante Jorge Pérez Díaz, quien participó en el rescate con el equipo Delta 8, contó algunos aspectos técnicos sobre dominación del inmueble y las técnicas de tiro selectivo que se emplearon durante la toma de la embajada. “Nunca se nos dijo que personal del Servicio de Inteligencia iba a ingresar a la embajada de Japón y menos para ayudar en la operación militar”, señaló el comandante. Señaló que sólo vio que Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga (otro militar) quienes hacían coordinaciones. “Ellos llamaban, salían y coordinaban por teléfono”, aseguró. Recientemente, el fiscal superior Hugo Turriate Loayza sustentó en el juicio oral que se le sigue al ex asesor el pedido de 20 años de pena privativa de libertad para Montesinos, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el operativo “Chavín de Huántar”. El titular de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios precisó que en junio de 2011 reiteró su denuncia contra el ex asesor presidencial al iniciarse, por tercera vez, el juicio oral del caso “Chavín de Huántar”. El fiscal Turriate Loayza recordó que el Ministerio Público formuló acusación por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado contra Vladimiro Montesinos Torres, para quien pidió 20 años de pena privativa de libertad. También fueron pedidos 18 años de prisión para el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, y 15 años para los coroneles del Ejército, Roberto Edmundo Huamán Azcurra (quien está en libertad) y Jesús Zamudio Aliaga. De ser condenados, los procesados deberán pagar por concepto de reparación civil, de manera solidaria, unos 150 mil dólares a favor de los deudos de las víctimas. Los ejecutados habrían sido Herma Luz Meléndez Cueva, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, quien era conocido con el apelativo de “camarada Tito”. Pero el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, reiteró que la operación Chavín de Huántar “fue impecable”, porque permitió la liberación de los rehenes de la residencia del embajador de Japón en 1997. “Yo he manifestado que fue una operación impecable, lo que pudo haber existido después es materia de una investigación. Lo que tenemos que hacer en este momento es que el proceso siga y concluya”, acotó.