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Estudios sobre políticas de Estado sobre seguridad vial en el Hemisferio Occidental y sus indicadores

La Seguridad Viaria como nueva Politica de Estado.

Ing. Mario Holguin

Rep. Dominicana

Enero, 2012

Garantizar seguridad personal con la implementación de un eficiente sistema de transporte público y la de proveer adecuada infraestructura viaria, son responsabilidad del Estado. Por igual, una buena educación, un buen sistema de salud; en fin, el Estado debe proporcionar bienestar sostenible y justo a la ciudadanía, de orden económico, social, jurídico y cultural, mediante un fiable sistema de autoridad que proporcione tranquilidad a las familias por la falta de responsabilidad en los conductores jóvenes y los peatones de avanzada edad, en particular.

En estos tiempos, un elemento propio del desarrollo, en especial en los países de economía creciente, es el transporte; lo que ha motivado una proliferación del campo vehicular. Como contradicción se evidencia un aumento exorbitante en la versión de dos ruedas, propio del sector poblacional más deprimido social y económicamente, degenerando también en el uso predilecto para la delincuencia y el moto-taxis.

Este último elemento ha traído como consecuencia un crecimiento en la curva de la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito alcanzando un valor inaceptable de 34.6 muertes por cada 100, 000 habitantes en la República Dominicana calculado para el 2010, a lo que debemos añadir efectos negativos para la colectividad humana en lo referente a la salud con daños al medio ambiente, cuando los valores medios en América Latina y el Caribe y el Hemisferio Occidental son para ese mismo año de 18.6 y 15.4 fallecimientos a causa de violencia vial por cada 100, 000 habitantes, respectivamente, y que coloca al país en la Banda Critica o de más alto riesgo en las vías, en particular afectando al sector productivo de la nación entre 15 y 44 años en un 65%.

Este panorama aterrador que evidenciamos en nuestras investigaciones amerita una profunda reflexión de parte de todos los actores de la vida nacional y sobre todo, de los líderes políticos. Solo podremos lograr éxitos con una transformación o reingeniería del modelo actual del sistema de autoridad en la materia dándole autonomía financiera y administrativa basada en el objetivo central de formar una nueva generación de usuarios de las vías públicas capaz de motorizar la actualización de las legislaciones vigentes que nos coloque en el nuevo orden de la globalización.

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Sin embargo, el fenómeno pandémico consistente en las

elevadas defunciones y heridos por traumatismo en las vías da origen a un nuevo tema que debe enfrentar el Estado, denominado INSEGURIDAD VIARIA, SINIESTRALIDAD o VIOLENCIA VIAL, que no es más que toda acción perniciosa a la vida, la salud o los bienes, acción producida en un trayecto público o en una vía privada de uso público; cuyos indicadores actuales rompen todos los parámetros al compararlos con los de otros temas fundamentales.

El Estado asume la Seguridad Vial como el conjunto de medidas jurídicas y políticas tendentes a preservar la vida, la salud y las propiedades en las comunidades afectadas a lo largo de la red viaria, sin importar que el usuario sea peatón, pasajero o conductor; sin importar qué medio de transporte se use. Incluso, hoy día, la Seguridad Vial interfiere en las políticas de ahorro energético con el sistema de gestión y control de tráfico, además, en los programas de ahorro de combustible así como en las propuestas de índoles sociales en beneficio de los usuarios con un nuevo seguro de protección y asistencia a todos los usuarios involucrados en tragedias y el impulso de programas de prevención de siniestros y hospitalización.

El Estado debe estar consciente es que el volante es un arma letal, para lo cual sus ciudadanos deben capacitarse para adquirir el derecho de tomarlo. Y esta capacitación es responsabilidad no solo del Estado, también de la Sociedad y los Partidos Políticos.