La Comisión Europea ordenó este lunes a España recuperar una ayuda de 140, 7 millones de euros concedida al administrador de estructuras ferroviarias ADIF, por considerar que infringió las normas de la competencia y que estaba destinada a un proyecto innecesario.

La ayuda debía permitir construir cerca de Málaga (Andalucía) un Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF), donde los convoyes podrían circular a una velocidad de hasta 520 km/hora.

La Comisión, que vela por el cumplimiento de las normas de la competencia en la Unión Europea (UE), fue notificada en septiembre de 2013 de esos planes, que preveían una ayuda pública total de 358, 6 millones.

"Una investigación pormenorizada" permitió descubrir que España ya le había abonado a ADIF 140, 7 millones de euros en 2011, "antes de que la Comisión adoptara su decisión, infringiendo así las normas de la UE", precisó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La Comisión cuestiona igualmente la necesidad de ese proyecto, al indicar que "no responde a un auténtico objetivo de interés común".

"A falta de demanda de tales servicios específicos, el uso de las instalaciones del CEATF se limitaría, en la práctica, al ensayo de trenes y equipos hasta las velocidades comercialmente viables de 320 a 350 km/h, para las que ya existen centros de ensayo en la UE", prosigue el comunicado.

Para colmo de males, el proyecto parecía condenado a ser deficitario, dado que "pese a la financiación pública otorgada, ningún inversor privado manifestó su interés" en sumarse a él.

Por último, la Comisión afirma que "el proyecto no contribuye al objetivo de promover el desarrollo sostenible de Andalucía" y que "solo tendría escasos efectos a corto plazo mediante la creación de empleos temporales en el sector de la construcción durante la construcción de la infraestructura".

"El coste público habría sido desproporcionadamente alto y España no consiguió demostrar que las ventajas del proyecto compensaran los costes de construcción y las pérdidas de explotación", concluye.