Cincuenta organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales - entre ellas, CCOO -, ONG y asociaciones profesionales han presentado hoy la campaña "Contra la impunidad y por la Justicia Universal", con la que pretenden frenar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dificultará ejercer la jurisdicción universal por los tribunales españoles, y que se votará próximamente en el Senado. "Estamos aquí para alertar contra una reforma que restringe, recorta y limita el principio de jurisdicción universal al que España está obligada por distintos tratados internacionales", manifestó Itziar Ruiz Jiménez, Presidenta de Amnistía Internacional.

Javier Doz, secretario confederal de Internacional de CCOO, Antonio López, de la Secretaría de Internacional de UGT, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, Presidenta de Amnistía Internacional, Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Joan Garcés, Presidente de la Fundación Salvador Allende España y Premio Nóbel Alternativo y Zara Randan, Presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis de España, durante la presentación del Manifiesto de la campaña "Contra la Impunidad y Por la Justicia Universal", al que se han adherido ya cerca de 50 asociaciones, han realizado un llamamiento al Senado para que anteponga los derechos de las víctimas a los intereses de los países y no apruebe la reforma de la LOPJ que, en su opinión, "desvirtúa y limita" el ejercicio de la jurisdicción universal, lo que traerá graves consecuencias para la lucha contra la impunidad.

"Desde que Pinochet fuera detenido, aquellos que han perpetrado crímenes contra la humanidad no podían dormir tranquilos", explicó Ruiz-Gimenez, "se habría una ventana a la esperanza para las víctimas después de décadas de impunidad en sus respectivos países", pero ahora España entrará en la lista de los países más restrictivos en la aplicación de la jurisdicción universal.

La reforma, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo de PSOE y PP aprovechando el trámite para modificar una ley, de "tapadillo" y sin debate, según señaló Javier Doz, secretario confederal de Internacional de CCOO, significa un retroceso en la lucha para que no queden impunes los responsables de crímenes, torturas y otras violaciones de los derechos humanos.

En opinión de Joan Garcés, no se puede a atribuir a motivos económicos la reforma emprendida por el Gobierno. "En España hay miles de tribunales, y sólo seis tienen competencias sobre jurisdicción universal, con catorce casos abiertos, lo que supone un coste irrelevante", señaló. La causa puede obedecer, además de a las presiones de EE UU, Israel y China, a la pretensión de "imposibilitar que se juzguen los crímenes de la dictadura franquista".

Fuente: Boletin sindical 16jul09