Sigue sin haber acuerdo para prorrogar los ERTE derivados de la crisis de la Covid-19. Pese a que están de acuerdo en alargarlos hasta el 31 de mayo, Gobierno, patronal y sindicatos no pudieron tampoco este jueves rubricar un pacto para extender el actual documento a causa de la insistencia de los empresarios en suavizar la penalización a las empresas que despidan a trabajadores después de haberse acogido a un ERTE.

Las posiciones después de tres reuniones parecen inamovibles, y por ello no está previsto que haya más encuentros. Las patronales, por tanto, decidirán la semana que viene si apoyan la prórroga de los expedientes en sus términos actuales o no. Fuentes sindicales aseguran que el Gobierno y las centrales coinciden en que la prórroga del acuerdo alcanzado el pasado septiembre y que rige hasta ahora debe hacerse sin cambiar sus aspectos básicos, y ni el Ministerio de Trabajo ni CCOO y UGT se plantean ceder ante la exigencia de la patronal de rebajar la cláusula de salvaguarda del empleo.

Este es prácticamente el único asunto que ha impedido que los agentes sociales hayan alcanzado ya un acuerdo. Tal y como ha confirmado públicamente su presidente, Antonio Garamendi, la CEOE -y también Cepyme- quiere que una empresa pueda despedir a un trabajador después de salir de un ERTE y tener únicamente que devolver las ayudas percibidas por este empleado. Eso supondría un importante cambio con respecto a la norma actual, ya que ahora mismo las empresas tienen prohibido despedir hasta seis meses después de salir de un ERTE -salvo que estén en riesgo de concurso de acreedores- bajo pena de tener que devolver todas las ayudas cobradas.

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