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01/04/2019

CGT lleva años solicitando información sobre los contratos públicos sin resultado

Ha tenido que ser la CNMC la que ha nos ha venido a dar la razón sobre los irregularidades que se estaban dando y no la transparencia tanto de Adif como Renfe.

 CGT ha denunciado en infinidad de ocasiones las irregularidades a las que estábamos asistiendo desde hace años en los procesos de licitación de la Construcción y Mantenimiento, tanto en las de nuevas infraestructuras en la Red de Alta Velocidad como en la Red Convencional pertenecientes a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).

 CGT siempre ha solicitado transparencia en los procedimientos de contratación de empresas que venían a ocupar privadamente el espacio que pertenecía a los trabajadores y trabajadoras públicas, entre otras cosas porque somos conscientes de que realmente lo que se está llevando a cabo es la precarización del empleo en nuestra empresa mediante este procedimiento irregular de contratación. Lamentablemente, a día de hoy, es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) la que nos ha tenido que dar la razón en cuanto a que estamos asistiendo a procesos irregulares, tal y como se puede comprobar en artículos como los del siguiente enlace, en este caso referido a los cárteles de reparto de las licitaciones del mantenimiento de electrificación:

 https://blog.cnmc.es/2019/03/27/la-contratacion-publica-bajo-la-lupa-cartel-en-la-electrificacion-del-ave-1/ 

https://blog.cnmc.es/2019/03/28/los-carteles-de-la-electrificacion-al-detalle-2/

 La primera pregunta es, ¿qué responsabilidades se depurarán tras averiguarse que existe este entramado de empresas que están jugando con dinero público para sus intereses? Mucho nos tememos que la multa impuesta, que también pagaremos entre todos y todas, no va a cambiar mucho la estructura que ha permitido que esto suceda porque a día de hoy las licitaciones continúan.

 La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿para qué están los representantes sindicales del SEMAF, CCOO y UGT en el Consejo de Administración si no aportan información sobre estos procesos? Lamentablemente la opacidad con la que se actúa es completamente contraria al buen gobierno de las empresas públicas, permitiendo que con dinero público se contraten actividades por parte de empresas privadas que perfectamente podríamos llevar a cabo los y las trabajadoras de ADIF y RENFE actuales.

 El procedimiento de privatizar el mantenimiento de las infraestructuras se vuelve contrario a cualquier lógica económica. Sirva de ejemplo algo que ya denunciamos hace años: la adjudicación de la licitación de apoyo al mantenimiento de electrificación en el año 2014, correspondiente a la Línea Aérea de Contacto y a las Subestaciones Eléctricas de Tracción. La diferencia en el coste de realizar este mantenimiento con empresas privadas adjudicatarias o de hacerlo con empleados públicos de la plantilla de Adif, supuso quintuplicar los gastos. El malgasto que supuso ese exceso económico habría servido para aumentar la plantilla y poder seguir de este modo asumiendo el mantenimiento de la RFIG a la que estamos obligados por ley. Pero la lógica que impera desde hace tiempo entre los gestores de cualquier color político, acompañados por los sindicatos que desde el Consejo de Administración avalan estos ejercicios de privatización, es la de que hay que hacer ganar dinero a determinadas empresas en un trasvase de capital público.

 Tras conocer las sanciones impuestas por la CNMC tanto a empresas como a directivos, resulta claro que, además del delito de colusión de las empresas y de los directivos sancionados, existe una clara imprudencia de l@s directiv@s responsables de las distintas licitaciones en las distintas empresas que no han tenido en cuenta las recomendaciones de la CNMC en su “RADIOGRAFÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA” ni tampoco la Guía contra el fraude en la licitación pública. Porque de haberse seguido como sería lo lógico, no se hubieran dado estas irregularidades ni producido el saqueo de dinero público.

CGT pide que las empresas que han cometido este delito no puedan concurrir en 5 años

 CGT se suma a la resolución de la CNMC a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en cumplimiento de La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en su artículo 71.1 b) dice que incurrirán en prohibición de contratar con la Administración las personas (jurídicas) que concurra en alguna de las siguientes circunstancias:

“Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto.

  Desde CGT elaboramos una comparativa que reproducimos en el anexo adjunto y que demuestra muy a las claras la irracionalidad de las privatizaciones que se están llevando a cabo.

 Pero no solo ha sido en esta licitación del mantenimiento de electrificación, sino que analizando la adjudicación del mantenimiento de las infraestructuras y vías de diciembre de 2017 por un plazo de dos años, se puede comprobar cómo se propiciaba la dualidad de plantilla en las funciones de inspección de la infraestructura y vía. Esto supuso un coste del 10% del contrato adjudicado. En este caso se produce otro tipo de expolio público, cuyos costes se resumen en la adjudicación, por 322 millones de € durante dos años, de las citadas inspecciones, algo que supuso un coste de 30 millones/€. Pero lo realmente grave de esto es que había disponible una plantilla en ADIF en la rama de Conservación de Vía, con más de 1.100 trabajadores y trabajadoras repartidas en 160 Bases de mantenimiento por todo el Estado que siempre habían desarrollado estas funciones, a las que se les eliminaba esta carga de trabajo por la duplicidad del mismo. Los costes de esta práctica innecesaria habrían servido para contratar a 375 personas durante el periodo de duración del contrato.

 Actualmente se da la paradoja de que, en parte de la Red Pública ferroviaria, no se puede operar con la maquinaria pesada (bateadoras y perfiladoras) necesaria para el mantenimiento por falta de personal de Adif que se responsabilice de las funciones inherentes a la Seguridad en la Circulación, algo que hasta la licitación de este contrato de Mantenimiento de la Infraestructura y Vía para los años 2018 y 2019, se desarrollaba con la maquinaria existente en Adif y con personal propio; es decir, la calidad y seguridad del trabajo ha decaído alarmantemente.

 Para el año 2020, Adif tiene la intención de licitar el Mantenimiento de la Electrificación en la Red Convencional. La diferencia con el anterior contrato es que esta vez pretende aplicar los mismos criterios que en el contrato de Mantenimiento de la Infraestructura, es decir, contratando este trabajo como si no existiera personal de plantilla de ADIF. Nuevamente el expolio está servido mediante estos procedimientos que solo son posibles con la relación entre partidos políticos y las empresas adjudicatarias, así como con la opacidad del Consejo de Administración y la aquiescencia de los sindicatos que, como han demostrado en RENFE, son capaces de patrocinar la precarización del empleo.

 Desde CGT seguiremos exigiendo que las licitaciones se doten de la necesaria transparencia y que la plantilla de ADIF sea la necesaria para poder desarrollar las funciones que, como organismo público, tenemos obligación de prestar.

CGT siempre ha solicitado transparencia en los procedimientos de contratación de empresas

 

Secretaría de Comunicación del SFF-CGT.

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