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image El PP y UPyD han expresado en el Pleno del Congreso su rechazo a tramitar una proposición de ley del BNG para reforzar la presencia de las administraciones públicas en las entidades intervenidas, al considerar que se trata de abundar en un "modelo fracasado" de cajas de ahorros politizadas.

La diputada 'popular' Irene Garrido ha reconocido compartir algunas de las consideraciones puestas de manifiesto por el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, como por ejemplo la referida a la necesidad de controlar las indemnizaciones y retribuciones de los directivos de entidades públicas. "Pero ya hemos tomado cartas en el asunto y ya está regulado", ha recordado, aludiendo a la limitación establecida en el decreto ley de reforma financiera del pasado mes de febrero.

Sin embargo, los 'populares' no comparten la petición de los nacionalistas gallegos de que las comunidades autónomas puedan nombrar a los directivos de las entidades bancarias con presencia de cajas de ahorros. "Las personas que destinará el FROB tendrán como objetivo principal establecer el plan de reestructuración de la entidad, así que el criterio para elegirlas será la profesionalización y la experiencia", ha afirmado, acusando al BNG de querer "perpetuar el modelo politizado y localista ya fracasado".

ELEGIR LA MEJOR OFERTA

Con respecto a la petición, incluida también en la iniciativa, de dar prioridad de compra de las entidades intervenidas cuando el FROB termine el proceso de saneamiento y decida desinvertir, Garrido ha defendido que ese proceso se haga "con un mecanismo competitivo" para que se puedan "integrar al mercado de la manera más eficiente posible".

"No consideramos apropiado que las administraciones públicas tengan prioridad, sino que debe ser el FROB el que, entre todas las ofertas presentadas, determine cuál es la mejor desde el punto de vista económico y de sostenibilidad financiera. Eso garantiza un trato igualitario", ha zanjado.

UPyD también se ha opuesto a la propuesta. Su portavoz económico, Álvaro Anchuelo, ha coincidido en la necesidad de que la inyección de dinero público en entidades financieras se complete con la sustitución de los gestores por responsables públicos, pero ha expresado la "oposición frontal" de su grupo a la territorialización de las cajas que, a su juicio, se encuentra en el "origen de los problemas" actuales. "No tiene sentido que volvamos a un modelo fracasado de nombramientos políticos para gestionar entidades financieras", ha dicho.

EL PSOE SE ABSTIENE

El BNG tampoco ha contado con el apoyo del PSOE, cuya portavoz, la exministra Cristina Narbona ha avanzado que su grupo se abstendrá por tratarse de una "proposición muy concreta del papel de las comunidades autónomas en las entidades con ayudas públicas". "Y no podemos separar esa pieza del conjunto del debate, que debe ir mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora para dotar de confianza al conjunto del sistema, pero pensando en aquéllos a los que tiene que servir el sistema financiero", ha apostillado.

Por eso, ha reclamado que se aborde un debate sobre "los instrumentos de rendición de cuentas, de transparencia". "Votaremos abstención pero queremos seguir trabajando en la Cámara con la ambición de aprender de los errores del pasado y construir un sistema que responda a los intereses de la sociedad", ha zanjado.

SOLUCIONES DEFINITIVAS

Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela ha anunciado el voto favorable a la iniciativa porque "ofrece una oportunidad para abordar un debate estructural, y no puramente coyuntural, sobre la solución a los problemas del sector financiero", con el objetivo último de dejar de abordar reformas que "siempre van por detrás de los acontecimientos".

Así, ha aprovechado para reclamar una vez más la apertura de una comisión de investigación que, con "transparencia", esclarezca las "responsabilidades patrimoniales y penales, si las hubiera", porque "nadie puede pensar que lo que ha sucedido es consecuencia de una plaga bíblica consecuencia de algún pecado". "No se trata de buscar culpables, sino de buscar las causas de lo que ha sucedido", ha dicho.

Para Coscubiela, lo que ha ocurrido en Bankia "pone de manifiesto hasta qué punto la situación del sector financiero está absolutamente descontrolada". "Ante este grado de desconcierto es imposible mejorar la confianza", ha añadido, cifrando en al menos 60.000 millones de euros la cantidad de recursos públicos que serán necesarios para recapitalizar el sistema.

Por último, ha hecho referencia al decreto ley de reforma financiera que se convalidará este jueves y contra el que IU-ICV-CHA votará en contra porque el proceso concluirá con un "oligopolio que aumentará el poder de los bancos y debilitará los derechos de los ciudadanos" además de que "restringirá aún más el crédito a familias y empresas y afectará de manera espectacular a las obras sociales de las cajas".

ENTIDADES VINCULADAS AL TERRITORIO

La diputada de CiU Inmaculada Riera ha comenzado su intervención subrayando que "urge finalizar la reforma del sistema financiero", si bien ha defendido que la creación de un banco malo habría permitido mantener la actividad de las cajas de ahorro a la par que se saneaban los balances bancarios. Además, ha reclamado la intervención de la UE en la recapitalización de los bancos.

En cualquier caso, ha señalado que las reformas del sector no son óbice para que no deba "garantizarse la continuidad de la financiación de los sectores económicos estratégicos de cada territorio y de la obra social", con la implicación de las administraciones públicas que tengan interés en ello, por lo que ha anunciado el apoyo de los nacionalistas catalanes a la proposición de ley del BNG, si bien ha rechazado la politización de las entidades.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, también ha defendido la propuesta, argumentando que "la bancarización no puede concluir en la desaparición de la obra social y la financiación de los proyectos locales", y ha defendido que "las cajas son entidades útiles y necesarias". "No las desmantelemos sin más ni más", ha pedido.

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