La justicia en la encrucijada

La  motivación que envuelve la renuncia  del Juez Marchena  a presidir el Poder Judicial  hay que buscarla  tras la  descarada intromisión que ejerce el  poder político en su hostilidad  de anular la independencia de los Tribunales, una injerencia que desde la instauración en 1978, de la Constitución española (CE), fue acentuando  su presión  hasta constatar  sin ningún género de duda  que  contra la versión oficial, el nuestro, es un modelo ficticio en lo que a  separación de poderes se refiere.

Pues a pesar que la Carta Magna establece  que  el Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial, y añade al respecto  que su principal función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado, no dejando  duda alguna sobre su finalidad con respecto  a   la separación de poderes,   lo cierto es  que no dispone de la  necesaria   independencia para  garantizar   libremente el desempeño de sus cometidos  y  poder actuar    imparcialmente  y sin ataduras políticas en  la defensa  de  la ciudadanía frente  las arbitrariedades  de sus gobernantes.

Lo que aquí está pasando diverge en lo substancial de tan primordial  objetivo  pues el espíritu  primigenio establecido en la Constitución fue modificado  políticamente   hacia la peor de sus versiones, y así, cuando para garantizar la independencia del órgano de autogobierno interno del Poder Judicial se  establecía en su implícito que de los  veinte vocales a elegir para su conformación  tan solo ocho juristas de reconocido prestigio serían  seleccionados en iguales partes  por el Congreso y el Senado, blindando  toda interferencia política sobre el   nombramiento de los doce jueces restantes.

Aún así, a pesar que la primera Ley Orgánica del Poder Judicial  mantenía invariable tal criterio, es decir, que   los doce vocales jueces  serían elegidos por todos los Magistrados y Jueces que se encontrasen en servicio activo, mediante voto personal, igual, directo y secreto, y por tanto sin  intervención de un solo político;  lo cierto fue que la aplicación de tal modalidad tuvo un corto recorrido,   pues aún siendo expresión genuina de un  auténtico Estado de Derecho tal aplicación  no duró más de cinco años, y todo porque con su carácter  totalitario  la mayoría de  nuestros políticos   se negaron a  asumir  la función  de un poder judicial independiente  y  la  aplicación del imperio de la ley en sus justos términos.

Eso fue lo que  motivó que  el órgano de gobierno de la Judicatura viese alterada  la elección de los vocales judiciales a través de los jueces, por un sistema de elección parlamentaria en consonancia con la reforma  de la  ley orgánica de referencia llevada a termino por el PSOE en 1985 para controlar políticamente a la Justicia; hasta el extremo  que el entonces Vicepresidente Alfonso Guerra, proclamó aquello de “Montesquieu ha muerto”, en clara alusión a la inexistencia real de separación de los tres poderes en España.

Cómplices de tal ignominia fueron las formaciones políticas PP, PSOE, PNV, CIU y contra todo pronóstico PODEMOS que venía a cambiar las cosas pero que al final también se sumó al trapicheo

Aquella maniobra  representó por tanto  un asalto político  al poder judicial con la finalidad  de poder interferir  de lleno en su estructura, mediante la designación de los vocales que pudiesen resultar afines, y así controlar el órgano de gobierno del estamento judicial, los nombramientos judiciales y las competencias relativas a la responsabilidad disciplinaria y estatuto profesional de Jueces y Magistrados;  una maniobra  cuya finalidad  no era otra  que   el control político de todos  los poderes del Estado, y por tanto un aval a la corrupción del sistema que tal decisión  trajo consigo.

A pesar de la irrupción política,    el Tribunal Constitucional validó vía sentencia  el contenido de dicha reforma estableciendo como salvedad matices restrictivos  sobre intercambio de cuotas partidistas y reparto de vocalías judiciales entre los distintos partidos políticos; salvaguarda  que  en absoluto fue tenida en cuenta como evidencia  el hecho que  desde su entrada en vigor la composición de los sucesivos Consejos del Poder Judicial, la designación política de sus miembros  estuvo  basada en el mercadeo  de cupos partidistas en abierta transgresión con los preceptos de la propia Constitución, una actitud que delata el nulo respecto por la misma de una  clase política de dudoso talante democrático; siendo cómplices de tal ignominia por su probada implicación las formaciones políticas  PP, PSOE, PNV, CIU y contra todo pronóstico  PODEMOS que venía a cambiar las cosas pero que al final  también se sumó al trapicheo.

De ahí  que  tras treinta y tres años  de mangoneo y   desvarío político, tengamos a España a  la cola de la  Unión en independencia judicial,   con el agravante de desoír   de forma reiterada las indicaciones  del Consejo de Europa sobre la obligada corrección  de conductas para que cualquier  reforma de la Justicia acotase  la intromisión política    y favoreciese  el cumplimiento del   Estado de Derecho. al resultar obvio   que por  salvaguarda  de  las garantías democráticas su Parlamento y  el Poder Ejecutivo no deben participar a efecto alguno  en el  proceso de selección del órgano de gobierno de los jueces.

Interferencia  que raya en la obscenidad cuando los que se  confieren atribuciones para  la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial son unos partidos políticos  implicados en   la corrupción  hasta la médula; justificación más que sobrada   para exigir  la   reconducir  a origen  de la situación  dejando sin efecto las actuales normas de aplicación y trasfiriendo el  cometido  electivo de la totalidad de los miembros del órgano colegiado   a  los propios jueces y magistrados

Mientras tal exigencia   no se haga  efectiva no cesará el deterioro de la justicia