El limbo migratorio continúa para miles de centroamericanos

Rosa García nació en San Miguel,  El Salvador y vive en Estados Unidos desde 1986. Dice que después de 23 años de residir en Los Ángeles merece la oportunidad de tener residencia permanente como anhelan miles de sus compatriotas que han contribuído a la economía del país y han demostrado tener un carácter moral ejemplar.

Rosa, beneficiaria del TPS, limpia las casas de los millonarios en Hollywood, pero desde hace un año no trabaja y no tiene los $630 necesarios para renovar su TPS. Su plazo de estadía legal en Estados Unidos vencerá el 2 de enero de 2020, y, de no tener vigente su TPS, quedará por fuera de la extensión del TPS anunciada el 1 de noviembre por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

“Uno siempre está pensando en lo que va a pasar si se acaba el TPS, pero no me importa si me tengo que ir”, dijo Rosa, de 43 años. “Y si me deportan, me harían un favor porque ya tengo mi casita donde vivir, allá en mi tierra”.

Hace poco más de un mes, el DHS dio a conocer la extensión de la validez de la documentación relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los beneficiarios de TPS de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán hasta el 4 de enero de 2021.

La extensión de la documentación relacionada con TPS cumple con los requerimientos preliminares del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en la demanda Ramos v. Nielsen, y otros dos mandatos preliminares del Distrito Este de Nueva York y el Distrito Norte de California.

Si el gobierno de la administración del presidente Donald Trump prevalece en esta causa, la terminación de TPS para Nicaragua y Sudán entraría en vigor no antes de 120 días de cualquier mandato de apelación ante el tribunal de distrito.

La terminación de TPS para El Salvador entraría en vigor no antes de 265 días de cualquier mandato de apelación ante el tribunal de distrito del caso Ramos. Ello permitiría una transición ordenada de terminación para los beneficiarios afectados de TPS.

“Esta extensión significa 12 meses de tranquilidad durante las fiestas decembrinas, pero también una fecha de caducidad”, expresó Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una organización sin fines de lucro defensora de las comunidades centroamericanas de Los Ángeles.

Añadió que activistas y abogados de inmigración están pendientes de la apelación del gobierno de Donald Trump para contradecir el fallo del juez, y predijo que la decisión del mandatario seguirá el mismo camino de DACA y la batalla por la cancelación del TPS culminará en la Suprema Corte de Justicia.

“Por eso creo que la extensión del TPS es lo mejor que ha sucedido en el entorno de su cancelación”, dijo Sanabria. “Las vidas de cientos de miles de personas dependen del vaivén humanitario del mandatario en turno, y creo que al señor Trump no le interesan los daños económicos que causaría a Estados Unidos y a los países de Centroamérica porque, de un plumazo, él está dispuesto a pasarle el autobús por encima a más de 300, 000 almas que dependen del TPS”.

Salvador Sanbaria, director ejecutivo de El Rescate.

 Crédito: Jorge Macías.

Según datos oficiales del Banco Nacional de Honduras (BCH),  hasta septiembre esa nación recibió 3, 124.7 millones de dólares en remesas de sus conciudadanos residentes en Estados Unidos; para El Salvador, informes del Banco Central de Reserva (BCR) indican que los envíos de remesas familiares 4, 641.7.millones hasta octubre de 2019.

“Mi mamá [Sara] me trajo a Estados Unidos cuando yo tenía 14 años y no quisiera regresar nunca más allá”, expresó Flor Jiménez, de 41 años, nacida en Santa Ana, El Salvador. “Ojalá podamos quedarnos para siempre aquí; no quiero volver porque todavía recuerdo todos los muertos regados en las calles cuando ocurrió la guerra civil, y más ahora con el peligro de la violencia y muertes con las maras”.

Flor Jiménez y su madre, Sara Jiménez. Ellas son oriundas de Santa Ana, El Salvador.

 Crédito: Jorge Macías

De acuerdo con el Foro Nacional de Inmigración, los beneficiados por el TPS por país son: El Salvador (195, 000); Honduras (57, 000); Haití (46, 000); Nepal (8, 950); Nicaragua (2, 250) y Sudán (1, 040).

“Yo me hice ciudadana en abril pasado porque mi hija Diana -ciudadana estadounidense mayor de 21 años- me pidió y dejé de ser tepesiana después de 33 años de vivir aquí”, dijo Cecilia Rodríguez, presidenta de la Alianza Hondureña de Los Ángeles. “Pero todos tenemos que seguir luchando para que nuestra gente obtenga la residencia permanente”.

En el Congreso,  la Ley de Sueños y Promesas, H.R. 6, de las congresistas demócratas de California, Lucylle Royball-Allard y su copatrocinadora Nanette Díaz Barragán fue aprobada el 4 de junio de 2019. Actualmente está estancada en el Senado. El líder republicano Mitch McConnel no la ha sometido a votación.

Diaz Barragán se teme que si McConnell no llama a votación esta ley, no habrá una solución permanente a corto plazo para los beneficiados del TPS de El Salvador, Haití, Honduras o Nicaragua.

“Si la Ley de Sueños y Promesas es aprobada, alrededor de 429, 000 titulares de TPS y DED (Diferimiento de Partida Forzada) podrán obtener una tarjeta verde, lo que les daría un camino legal hacia la ciudadanía”, dijo la congresista.