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Artículo de opinión de Rafael Cid

En economía se conjuga <<ceteris paribus>> (si lo demás no varía). En política <<la herencia recibida>>, para tirar balones fuera. Fórmulas varias con las que justificar el incumplimiento sobrevenido <<donde dije digo, digo Diego>>. La excusa non petita para salir airoso de promesas hechas y luego defraudadas. En los últimos tiempos es frecuente reconocerlo en la retórica de la clase dirigente bajo la especie <<nadie lo vio venir>>, que vale lo mismo para un roto (la crisis financiera del 2008) que para un descosido (la pandemia del 2020). Un seguro a todo riesgo con el que flotar como un corcho por aguas bravas y cloacas sin por ello caer en el merecido descrédito.

Estas son las generales de la ley. Pero existen otras variantes ad hoc. Una de las más socorridas consiste en poner el listón exageradamente alto para luego acercar altruistamente las posiciones. Es lo que suele hacerse cuando <<negocian>> ERE de mayor cuantía los agentes sociales en comandita. Juego de tahúres adoquinado con los <<globos sonda>> lanzados por los medios afines para testar a la opinión pública, permitiendo que ganen ellos a costa del contribuyente. La estratagema se consuma poniendo énfasis en el rechazo que lo ejecutado provoca en los rivales, como si la protesta del contrario fuera por si sola garantía de excelencia de lo propio. Bipolaridad siempre rentable para quienes están en el poder.

Pongamos unos ejemplos de la actualidad que traen causa del Gobierno de coalición PSOE-UP, anclados en la versatilidad del relato. Uno: pretender que alargar un año más la vida útil de las centrales nucleares conlleva fijar una fecha para su cierre definitivo. Dos: blasonar de extender la prohibición de desahucios hasta el final del estado de alarma, como en la primera ola de la pandemia, obviando que durante el tiempo de confinamiento domiciliario se impedía salir de casa y los juzgados no practicaban lanzamientos porque estaban inoperativos. Y tres: prorrogar automáticamente el acuerdo de las Bases Militares con EEUU porque <<crean puestos de trabajo>> (ministro Alberto Garzón dixit). Con argumentos tan preclaros se podría validar la crítica de la derecha contra la Ley Celaá: dejar la enseñanza de la religión solo como oferta obligatoria no evaluable destruye empleo, el de los profesores de la <<asignatura>>.

Estos daguerrotipos nos ponen en situación para enmarcar la nueva norma educativa en el terreno del transformismo político: <<ladran, luego cabalgamos>>. Está claro que Lomloe rectifica algunas de las barbaridades que introdujo el adoctrinamiento carca de la Ley Wert (entre otras la catequesis en las aulas siguiendo la estela de la franquista Formación del Espíritu Nacional). Y no es esa su única virtud. Pero de ahí a considerar la de Celaá el colmo del progresismo hay un abismo torticero. Ni en lo referente a la escuela concertada ni en lo que tiene que ver con la enseñanza de la religión, el avance alcanza el umbral del cambio real deseable. Lo que ha hecho la ministra que da nombre a la cosa (otra vez el fulanismo legislativo como marca de la casa) es concordar sin consensuar. Ella misma lo confiesa: <<Es una ley que busca el equilibrio y no ha aceptado posiciones maximalistas presentadas por algunos grupos. Por ejemplo: que la religión salga de la escuela o que se cierre la concertada>> (El País, 22/11/2020).

Dicho y hecho. Porque en lo fundamental el Ejecutivo PSOE-UP ha practicado lo contrario de lo que ambos partidos, por separado, anunciaron desde las troneras de la oposición. <<Los socialistas denunciaran los acuerdos con la Santa Sede cuando regresen al poder>>, dijo Alfredo Pérez Rubalcaba en respuesta a la cacicada de Wert. Consciente de que no existiría la aconfesionalidad del Estado, como pregona el artículo 17, punto 3 de la Constitución, mientras primaran los acuerdos nacionalcatolicistas con el Vaticano. Y tanto más si atendemos a lo declarado por los líderes de Podemos e Izquierda Unida, siguiendo a sus respectivos programas. Pero eso no es lo que PSOE y UP acaban de aprobar. Ni se le parece. La Ley Celaá no ha acabado con la subvención con dinero público a la concertada (unos 6.000 millones), solo le ha puesto deberes para adecentar el despilfarro que significaba esa modalidad de escuela privada. Tampoco ha sacado a la religión de las aulas, dejando ese papel para las familias, iglesias, mezquitas o sinagogas, trasponiendo el espíritu y la letra del artículo 27, punto 3 de la Constitución (<<Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones>>). Lo que han hecho es sacarse de la manga un sucedáneo vehicular que deja en <<oferta obligatoria y no evaluable>> lo que en la Ley Wert era <<obligatorio y evaluable>>.

Sostener, como afirma la ministra del ramo, que <<la nueva ley de Educación cambia la filosofía elitista por equidad>>, es un magreo terminológico parecido al que implica llamar educación diferenciada a la segregación por sexos, como sostiene la neocayetana caravana naranja. Ni lo uno ni lo otro, lo que ha informado a la octava modificación legal en torno a los atributos de la escuela concertada es una especie de concordato low cost entre ambas orillas ideológicas. Un ten con ten. Y es que cuesta mucho ir contra la propia naturaleza. Fue el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero el que cebó los privilegios de la iglesia católica al aumentar del 0, 5% al 0, 7% la asignación tributaria en el IRPF. De la misma manera que siendo consejera de Educación en el Ejecutivo vasco de coalición PSOE-PNV, entre 2009 y 2012, fue Celaá la que autorizó allí 42 colegios concertados más, contribuyendo decisivamente a que el 42% del alumnado actual en Euskadi utilice la red público-privada de la enseñanza.

Todo porque el Concordato firmado entre Franco y la Santa Sede en 1953 sobrevive en los vigentes Acuerdos con el Vaticano, el preconstitucional de 28 de julio de 1976 y el dudosamente constitucional de 3 de enero de 1979 (nadie se cree que solo tres semanas después del referéndum sobre la Carta Magna ya estuviera listo el sacrosanto pacto). Llama la atención que apenas se haya comentado la unanimidad con que en esa jornada se aprobaron las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre el sistema público de pensiones por los mismos que tan encarnizadamente disputan la Ley Celaá.

Rafael Cid

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