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Artículo de opinión de Rafael Cid

A muchos el acrónimo del titular no les dirá nada. Pero a los que purgaron los mejores años de sus vidas bajo el sofocante tedio que supuso la etapa franquista, al menos les sonará. Pyresa era la imagen de marca de los medios oficiales: Prensa y Revistas Españoles. Servicio de Agencia, la cadena que reunía al aparto informativo del Movimiento Nacional (el partido único). Un conglomerado de diarios, emisoras y agencias (por ejemplo, EFE; bautizada F de Franco) al servicio del régimen. Tinglado que durante mucho tiempo configuró un monopolio cerrado, y cuyos tentáculos se extendían por toda la geografía a través de cabeceras y radios provinciales. Tras la transición, muchos de esos dispositivos de propaganda nacionalcatolicista mudaron de nombre y formato poniéndose al servicio de los sucesivos gobiernos de la democracia. Aunque nunca llegaron a ser verdaderamente libres, sino prolongaciones de los partidos en el poder, la cosa se hizo más llevadera con la irrupción del sector privado (radios, diarios, televisiones). Y no fue esa la única la única lacra heredara, en su gran mayoría los así recién llegados se nutrieron para sus puestos de responsabilidad de periodistas encumbrados al calor de la dictadura, con todo lo que eso conllevaba (Juan Luis Cebrián, primer director-fundador de El País, había sido un jefazo en el Diario Pueblo, el órgano de los sindicatos verticales, y su padre, Vicente Cebrián, fue sucesivamente director de Arriba, órgano de Falange Española, y de Pyresa).

Con esos antecedentes, parecía lógico que al cambiar a un sistema de libertades dentro de un Estado de Derecho (el franquismo era solo un Estado de Leyes), la libertad de expresión y comunicación adquiriera la dimensión social que precisa toda auténtica democracia. Sin embargo el artículo 20 de la constitución nunca llegó a fraguar como un referente clave de una sociedad civil proactiva. Todo se limitó a autorizar, junto a los medios estatales, la concurrencia de otros empresariales afines, cada vez más influyentes para troquelar demoscopias electorales. Con ello el mapa comunicativo creció sesgado de proclividades ideológicas y partidistas. Aquí nunca hubo una BBC y los rotativos siguieron adictos a la vieja disciplina de la voz de su amo. Igual que el ideal de la separación de los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a menudo no fue más que un desideratum, el ansiado <<cuarto poder>> fiscalizador no pasó de ser otro elementos más de la misma impúdica charada. Ya en el lejano 1985, el entonces vicepresidente del gobierno socialista, Alfonso Guerra, había sentenciado: <<<Montesquieu ha muerto>>.

De ahí que, al constituirse un gobierno de coalición de izquierdas, mucha gente pusiera sus esperanzas en que las nuevas autoridades promocionaran una corporación de medios de comunicación autónomos, gestionados por periodistas de probada solvencia profesional e independencia de criterio. Era mucho pedir, pero era lo mínimo que se podía esperar de una clase política que prometía asaltar los cielos, consciente de la importancia de la trama comunicacional a la hora de conformar una conciencia política. Ciertamente, muy pronto se revelaron signos que iban en la mala dirección, o sea más de lo mismo pero desde el extremo opuesto a lo que había sido tradición. Cuando Pablo Iglesias, antes de acceder al poder, declaraba <<no se milita en los partidos, se milita en los medios>>, estaba mostrando su voluntad de repetir el modelo Pyresa: que la opinión pública fuera una mera clonación de la opinión publicada.

La confirmación de esa sospecha ha llegado con la designación del nuevo organigrama de Radio Televisión Española (RTVE). Dotar al ente de una nueva dirección fue el objetivo cardinal del gobierno de coalición PSOE-UP, como quedó de manifiesto en el hecho de que la primera disposición de Moncloa (RDL 4/2018 de 22 de junio) consistiera en nombrar como administradora única a Rosa María Mateo, hasta designar por concurso reglado a los diez encargados de controlar 6.000 millones de euros de dinero público, que es el presupuesto del organismo para 6 años. Pero verdes las han segado. Lejos de cumplir lo prometido, regenerando democráticamente la corporación, lo que PSOE, Unidos Podemos y el PP han hecho es conformar su órgano rector a imagen y semejanza de sus intereses inmediatos. La única diferencia respecto a lo que hasta ahora había sido el rodillo imperante, es que aquel bipartidismo PSOE-PP se refuerza hoy con UP como tercera pata. Porque lejos de respetar las normas establecidas a bombo y platillo, se ha vuelto al sistema-pesebre de cuotas. Tantos vocales para mí, tantos para ti, y una pedrea de reserva para contentar a otras formaciones amigas. El bochorno y la desfachatez de la manipulación han llegado al extremo de que, de los 10 consejeros a nominar, solo 3 figuran entre los 20 con mayor puntuación de la convocatoria. Por el contrario, se dan casos extravagantes, como el del propuesto por el PP, Jenaro Castró, que recibió un cero patatero en <<proyectos de gestión>>, o el del promocionado por UP, José Manuel Martín Meden, colaborador del programa de Jesús Cintora (otro Ernesto Sáenz de Buruaga) y de la publicación podemita La última hora, amén de director de Mundo Obrero, cooptado al olimpo desde el puesto 56.

Pyresa rediviva, ahora por obra y gracia de <<uno de los nuestros>>. Hasta el Consejo de Informativos de TVE ha denunciado la cacicada, aunque no parece que sus trabajadores vayan a reeditar aquellos <<viernes de negro>> en protesta contra los manejos del PP en la santa casa. Eso en los medios gubernamentales, porque en los oficiosos la medicina aplicada sigue técnicas más sutiles. Diezmados por la falta de publicidad, la caídas de ventas a causa de la pandemia y los elevados costes de la transformación digital, quien más quien menos está chapoteando al borde del naufragio. Circunstancia que ha sido aprovechada por el gobierno para hacerles ver que no conviene a su precaria salud económico-financiera hacer excesos de crítica y menos oposición a la verdad oficial. Prueba de que Moncloa siempre sabe recompensar a quienes no dejan que la realidad estropee una buena historia, ahí están esos 25 millones de euros de dinero público concedidos a Mediaset y Atresmedia utilizando como viatico un decreto ley sobre medidas contra la crisis sanitaria. Está por ver que en algunas de las muchas tertulias existentes en las teles aparezca alguien que no sea directa o indirectamente <<un mandado>> de un partido político. Todo queda en familia y allegados.

Rafael Cid

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