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CGT inicia una campaña informativa y concentraciones en organismos del Estado a favor de la atención personal y del empleo público, y contra la obligatoriedad de la atención telefónica y la tramitación electrónica.

Salamanca, 8 de junio de 2021.

En los últimos años, se han ido habilitando medios alternativos para comunicarse con la Administración (atención telefónica, tramitación por internet, etc), mientras que poco a poco se iba obstaculizando la asistencia del público a las oficinas a través de la cita previa.

Esta situación se ha agravado totalmente desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Actualmente, la situación epidemiológica es de notable mejoría gracias a las vacunaciones, el Estado de alarma ha finalizado, las autoridades sanitarias están levantando progresivamente las restricciones y los distintos sectores económicos tratan de recuperar la actividad normal.

Se da la contradicción de que podemos ir a cualquier empresa, a cualquier comercio, viajar, comer y beber en cualquier local... pero, sin embargo, la gente difícilmente puede acudir a las oficinas de la Administración a realizar los trámites y consultas necesarios. Las trabas burocráticas, como la obligación de solicitar cita previa a través de determinados teléfonos o páginas web, en función del organismo del que se trate, hace que al final la gente tenga que acudir varias veces a la puerta de la oficina y llamar a varios números de teléfono para conseguir (si lo consiguen) ser atendidos por personal funcionario.

Sin embargo, los responsables de la Administración han decidido que el público no debe volver a las oficinas, sino que han de resolver todos sus trámites a través del teléfono o de internet. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de 2015 ya establece la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración a los profesionales y a las empresas (art.14), y sustituye el derecho de todas y todos a conocer los requisitos jurídicos o el estado de tramitación de sus expedientes, que había en la anterior ley, por el derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos (art.13). Es una acción deliberada que, como vemos, viene desde antes de la pandemia, y que no entiende de colores políticos, ya que la Ley se aprobó gobernando el PP, el actual gobierno de PSOE y UP no tiene ninguna intención de cambiar, y que están aplicando administraciones del Estado, autonómicas y locales de todo signo político.

Por tanto, todo estaba planeado mucho antes. La pandemia era la excusa, pero ya no hay motivos por razones sanitarias. Los verdaderos motivos son:

1. Los gestores consiguen así eliminar al público de las oficinas, ya que para ellos son personas molestas que plantean problemas y roban tiempo en su concepción de la Administración como si fuera una empresa y no un servicio público.

2. El cierre «de facto» de las oficinas públicas permite a los gestores la reducción de personal de atención al público, reduciendo gastos salariales y mermando las plantillas con un evidente empeoramiento del servicio público prestado.

3. Se da prioridad a los datos estadísticos frente a la atención al público. Se promueve que el poco público que acude lo haga con cita previa y con un tiempo tasado, de tal manera está perfectamente contabilizado las personas que acuden y el tiempo que se les dedica. Y se pretende retribuir más a quien menos se entretenga con la gente, en el afán imposible de tratar la Administración Pública como si fuera una empresa privada.

4. Al derivar al gran público de la atención presencial en ventanilla a la atención telefónica y telemática, los gestores pueden subcontratar esa atención con empresas privadas a través de contratos de millones de euros para diseños y mantenimiento de páginas web o atención telefónica, con personal precario que nada sabe de normativa o de trámites administrativos.

Las consecuencias de evitar la atención presencial y priorizar la tramitación electrónica son:

1. La atención a las personas es cada vez peor. Se les obstaculiza o se les niega poder ser atendidos directamente por una persona, se les exige tener unos medios y unos conocimientos técnicos que no tienen por qué tenerlos, y además hay que estar dotado de una paciencia y una insistencia extraordinarias, ya que, además, la administración electrónica, por su complejidad, suele dar problemas.

2. Las empleadas y empleados públicos también nos vemos perjudicados, ya que parte de nuestro trabajo se está derivando a grandes empresas tecnológicas y de atención telefónica. Se está reduciendo plantilla con empleo de calidad en la Administración y con los conocimientos y destrezas que necesita el público por personal precario, subcontratado y sin la capacidad requerida.

3. El gasto de las Administraciones es mayor, ya que los contratos que se adjudican a las empresas de telemárketing y mantenimientos web son millonarios, mucho más gasto que el supuesto ahorro en personal. Pero las adjudicaciones de esos contratos las dirigen los gestores, y además no computan como gastos de personal, que parece que es el principal problema de los gestores públicos.

4. Mucha gente está siendo desplazada del servicio público. A la burocracia que ya existía se suman ahora las dificultades técnicas que no todo el mundo puede solventar: personas mayores sin conocimientos digitales básicos, población rural sin la cobertura telefónica o de internet, población de bajos recursos sin acceso a los medios requeridos, etc. Muchos de ellos abandonan sus pretensiones o sus obligaciones con la Administración, o tienen que acudir a gestorías para poder realizar trámites que antes se podían realizar en cualquier Administración.

Campaña.

Desde CGT queremos mostrar al público que el empeoramiento del servicio público que prestan las Administraciones al cerrar o dificultar el acceso a las oficinas no favorece al personal, sino todo lo contrario, también nos perjudica, y, consecuentemente, también estamos en contra.

Las trabajadoras y trabajadores de CGT proponemos que las puertas de las Administraciones del Estado vuelvan a abrirse al público, y que las empleadas y empleados públicos podamos prestar un servicio público de calidad, ya que esta es nuestra razón de ser y porque es el contribuyente quien, con sus impuestos, está pagando nuestras nóminas. No los políticos ni los gestores de lo público.

La atención presencial debe ser prioritaria. La atención telefónica y la tramitación electrónica deben ser optativas para quienes lo deseen y sean capaces, y deben ser gestionadas directamente por el personal de la Administración. No puede ser que la prioridad sea la atención telemática, que se dé la espalda a la atención presencial al pueblo, y que la gestión se subcontrate con empresas con personal precario y sin conocimientos.

Por ello, CGT instalará mesas informativas a las puertas de distintos organismos del Estado en Salamanca los próximos miércoles de este mes de junio, y facilitar esta información al público. También vamos a presentar escritos en papel y sin cita previa para que quede constancia de nuestro malestar, como empleadas y empleados públicos, y como ciudadanas y ciudadanos.

Asimismo, CGT convoca concentraciones de protesta, a favor de la apertura de las oficinas al público, y contra la imposición de la atención telefónica y la tramitación web de manera obligatoria. Serán a las 12 horas, e invitamos a todas las personas que quieran asistir, tanto empleadas y empleados públicos como ciudadanas y ciudadanos en general, en favor de la atención personal y contra la obligatoriedad de la tramitación informática.

Algunos ejemplos:

Seguridad Social:

La Seguridad Social solo atiende al público con cita previa. En Salamanca hay 3 teléfonos de cita previa, que facilita el guardia de seguridad que hay en la puerta. Además de tener que llamar insistentemente (pues no es fácil que lo cojan a la primera) hay que acudir a la oficina un mínimo de 2 veces: a buscar los teléfonos, y el día de la cita previa.

En la Tesorería General de la Seguridad Social, además, hay 2 aplicaciones distintas: La «Sede Electrónica» e «Importass», para fines distintos. Además, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene otra aplicación, «Tu Seguridad Social», y todas ellas tienen un acceso web distinto.

Si la llamada es por algún problema con alguna aplicación electrónica, hay que llamar a otro teléfono distinto, dejar tu número de teléfono, y esperar a que el funcionario que lleva ese tema llame a la persona interesada en cuanto tenga un hueco, que puede ser ese mismo día o al siguiente. Hay bastante cola, porque los problemas de este tipo son habituales.

Agencia tributaria:

La Delegación de la AEAT en Salamanca ha estado prácticamente cerrada al público hasta hace muy poco. Hay que pedir cita previa, para lo cual hay que llamar a un número de teléfono, que es para toda España y que atiende una máquina, con la consiguiente dificultad para muchos contribuyentes. Al igual que en la Seguridad Social, hay que acudir un mínimo de 2 veces, una en busca del teléfono y otra el día de la cita previa.

Hay otros teléfonos distintos si el objeto es acudir en busca del certificado digital o para la campaña de la renta.

Para el caso concreto de la campaña de la Renta, la AEAT ha reducido la cita previa al mes de junio, a pesar de que la campaña se inició en abril. Mientras tanto, ha habido otro teléfono para ayudar a través de una llamada telefónica a quienes han intentado presentarla desde su casa.

Servicio Público de Empleo:

El SEPE cerró sus oficinas a las personas afectadas por un ERTE, y a quienes deseen un certificado. Para los demás trámites hay que solicitar cita previa, en este caso, a través de la página web. La cita previa está bloqueada temporalmente por decisión del propio SEPE, con el objeto de evitar el colapso por falta de personal, y así derivar al público a que realicen las solicitudes vía web o por teléfono, que también está saturado.

Delegación de Hacienda:

Para acudir a Catastro hay varios teléfonos de cita previa disponibles en la entrada de la Delegación, que son atendidos desde Madrid, o se puede hacer a través de la sede electrónica de Catastro. El teléfono para el Registro de Catastro es distinto que para el resto de servicios.

Para otros trámites, como acudir a Registro, Clases Pasivas, el TEAR, u otros organismos del edificio, como la Jefatura de Telecomunicaciones o el Instituto Geológico y Minero, hay otros teléfonos de cita previa distintos o correos electrónicos, que son atendidos por los propios funcionarios que atienden al público y que además tienen que organizar la cita previa, por lo que cada persona que asista genera más trabajo.

Al igual que en la Seguridad Social y en la AEAT, hay que acudir un mínimo de 2 veces, una para tomar nota del teléfono o correo electrónico y otra el día de la cita previa.

Mutualidad de Funcionarios del Estado:

MUFACE ha cerrado las puertas de sus oficinas a los mutualistas salvo para los trámites estrictamente necesarios. Para esos casos, hay que pedir cita previa a través del teléfono 060, de la sede electrónica o de su aplicación para móviles. El teléfono 060 es atendido por una máquina. No se permite hacer trámites por correo electrónico. Y se ha reducido el período para algunos trámites en oficina a solo un mes al año.

Dado que una parte muy importante de los mutualistas es gente mayor, está habiendo graves problemas en la asistencia del público a la oficina, ya que no se manejan con la máquina del teléfono ni con la sede electrónica ni con la app de los smartphones. En algunos casos la plantilla está atendiendo a personas mayores a pesar de que tienen órdenes en contrario.

Dirección General de Tráfico:

En la DGT ya informan directamente de que, según la Ley de 2015, no atienden a empresas ni a sus representantes. El resto de personas pueden acudir con cita previa a través de la web.

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