A propósito de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) que nace como sindicato el pasado agosto: Obligar al proxeneta a suscribir contratos laborales como cualquier otro empleador no sólo legaliza sino que además sistematiza una relación laboral de esclavitud sexual
En este punto da igual si es chulo, padrote, chichifo, mayate, maipiolo, cafiche, fiolo, madama, matrona o madrota; se llama proxenetismo y se come con papas… y con grilletes morales.
La España contemporánea está viviendo un debate marcado sobre los derechos de las trabajadoras sexuales en un sindicato que pretende regular el ejercicio de esta “la profesión más antigua del mundo”.
Se trata, concretamente, de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), el sindicato dedicado a actividades relacionadas con el trabajo sexual “en todas las vertientes”, que fue aprobado en un “autogol” del gobierno del PSOE el pasado mes de agosto, y que ha traído consigo discrepancias por parte de organizaciones feministas que, desde su raíz y por motivos más que inflexibles, son abolicionistas.
Preámbulo del que nace una cuestión: ¿Abolir es prohibir derechos?
Antes de ser capaces de respondernos esta interrogante, quizás debamos comenzar reconceptualizando un término al que se le huye en cuanto se pronuncia: la esclavitud.
Y es normal, la esclavitud es un fenómeno global que nos avergüenza como humanidad, pero que además es complejo e intenta invisibilizarse, sobretodo porque expresa de forma inequívoca a lo que pueden llegar las relaciones de dominación y que derivan en temas que parecen intocables por algunos medios de comunicación; como la venta de armas, el tráfico de drogas y por supuesto, la trata de personas o el turismo sexual.
Digamos que reglamentariamente se ha abolido la esclavitud, de hecho se constituye como un delito internacional. Por ejemplo, cuando es practicado por funcionarios públicos contra cualquier persona, independientemente de las circunstancias y la nacionalidad, se le cataloga como un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra cuando son practicados por un Estado beligerante contra los nacionales de otro Estado beligerante.
Lo cierto es que bajo este ropaje o más bien disfraz “abolicionista” (y no precisamente del que hablan las organizaciones feministas) en 2016 indicaba el International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) que 30 millones de mujeres y niñas han sido forzadas a la explotación sexual en los últimos 30 años, dato que no solo es sorprendente, en comparación con los doce millones de esclavos que entre los siglos XVI y XIX que fueron enviados a América como mano de obra forzosa, hacinados en barcos negreros (donde muchos perecieron), sino que puede corresponder a la cifra total de habitantes de un país.
El mismo año, la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado identificó a 386 mujeres víctimas de trata. De ellas, 33 eran menores de edad. Así lo detallaba el Movimiento por la Paz (MPDL) en el informe "La trata de mujeres hoy: mujeres nigerianas víctimas de trata en España", donde además se menciona que España es uno de los principales países de destino de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, siendo la mayoría de ellas jóvenes de entre 18 y 25 años que provienen de Nigeria, Rumanía, China, Brasil, Bolivia. Asociado a esto, y según algunos datos publicados recientemente, debemos agregar víctimas provenientes de Paraguay y Venezuela.
¿Y cómo regula esto el Código Penal español?
La prostitución de adultos era clasificada dentro del Código Penal como un delito contra la libertad e indemnidad sexual, y fue así hasta 2015 cuando el gobierno de Mariano Rajoy modificó el código sistematizando la prostitución.
Al mismo tiempo que se reconocía la existencia de una relación laboral en casos de proxenetismo, el Partido Popular aprobaba en el Senado modificar el artículo 187 del Código Penal y suavizar la presión sobre los mismos. A partir de ese momento, solo se castigaría a las personas que se lucren mediante la explotación sexual de terceros si lo hacen a través de la imposición de "condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas" o si se aprovechan de "una situación de vulnerabilidad personal o económica". Dejando la apreciación, acerca de cuándo se incurre en dichas circunstancia, abierta a la interpretación de los jueces.
Estos condicionantes fueron introducidos sin debate y sin la participación de otras formaciones políticas. Aunque en un primer momento estaban incluidos en el anteproyecto de reforma del Código Penal, no figuraban en el texto que el Grupo Parlamentario Popular aprobó en el Congreso y que acabaría siendo remitido al Senado el 29 de enero de 2015.
La prostitución de adultos era clasificada como un delito contra la libertad e indemnidad sexual, hasta 2015 cuando el gobierno del PP modificó el código sistematizando la prostitución
La prostitución es otra forma de violencia de género y viene ligada a condiciones gravosas, abusivas, desproporcionadas y de vulnerabilidad.
Dicho de esta manera, queda en evidencia que la legalización de un sindicato de trabajadoras sexuales, legitima y además normaliza el proxenetismo como relación laboral.
“En la prostitución se manifiestan todas las violencias que las mujeres estamos desterrando en los demás ámbitos: la violencia física, psicológica, sexual, verbal, económica e institucional. Porque, además, la prostitución se nutre del racismo, el clasismo y la misoginia para mercantilizar a millones de mujeres en situaciones de vulnerabilidad, mientras que el resto de la sociedad mira para otro lado…” Así lo denuncia un manifiesto feminista publicado tras la legalización de OTRAS, que además ha sido respaldado por más de un millar de personas y algunas organizaciones.
“…Cuando decimos que la prostitución es un trabajo estamos condenando a las más pobres a tomar una salida que, las que tenemos más recursos y derechos, no queremos para nosotras. Además, la mayoría de las voces de mujeres que dicen ser libres para prostituirse no pertenecen a las mujeres migradas, que son las principales víctimas de trata y suponen el gran porcentaje de las mujeres prostituidas de nuestro país. La afirmación de que ellas sí eligen libremente, sirve de coartada a un sistema que explota y maltrata a una mayoría de mujeres racializadas sin papeles…” continúa.
¿Una realidad social que debe ser puesta sobre la mesa, aceptada y regulada?
El Ministerio de Trabajo también anunció haber iniciado los trámites para impugnar este sindicato por evidentes problemas “de fondo”. De hecho al conocer esa decisión, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció que le habían "colado un gol por la escuadra" y que "desconocía por completo" que su ministerio había dado el visto bueno al sindicato.
El Gobierno, a través de la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha subrayado que el Ejecutivo "no acepta de ninguna de las manera que haya un sindicato de trabajadoras del sexo" y ha señalado que la Abogacía del Estado "se ha puesto ya a estudiar cómo arreglar esta cuestión".
Obligar a los proxenetas a suscribir contratos laborales a estas mujeres no garantiza libertad alguna, pero no lo considera así el sindicato constituido el pasado 4 de agosto, manifestando que Pedro Sánchez “pretende dejar a las prostitutas como el único colectivo de trabajadoras en España sin capacidad Sindical”.
"Para nosotras los derechos laborales son pura utopía", ha lamentado Concha Borrell, secretaria general de la organización, que ha recordado que en su profesión no existen contratos, bajas por maternidad, vacaciones o jubilación.
Sin embargo, la historia de Concha no es ni comparable con la de esas 30 millones de personas traficadas en las últimas tres décadas. Según declaraciones donde comentaba que por problemas econñomicos que le "asfixiaban" paso se der contable a usar un alias laboral y convertirse en una escort de lujo en Barcelona. Hoy tiene 46 años y sus tarifas van desde los 300 euros por una hora hasta los 1.200 por pasar una noche entera con ella.
Y sus clientes, según cuenta, se mueven en la alta sociedad catalana.
Además, Borrell afirmaba que cuenta con el apoyo y aprobación de dos partidos políticos "contamos con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos. Estamos en conversaciones con ellos. Saben que sacarnos del limbo legal en el que estamos y regularizar al colectivo ayudaría a combatir la explotación sexual de muchas mujeres", aseguraba.
Continúa el debate…
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