Nada nuevo en los mares orientales, "intrépidos" piratas a la caza de buques que constantemente se arriesgan a cruzarse en su camino. Empezaron por atrapar pequeñas presas, barcos deportivos, veleros, yates, etc., pero las cosas han ido cambiando en proporcional medida a la modernización del armamento adquirido por estos delincuentes, pasando a mayores sus actos de piratería.

Si bien no existe presa pequeña, ahora tampoco ven que exista presa grande. Buques mercantes, transatlánticos, petroleros o buques factoría son ahora el manjar más preciado, dado el enorme coste de estos, como el de sus mercancías, conseguir uno de ellos supone un enorme ingreso por el pago del rescate, sin el cual, la vida de tripulación y pasajeros corre serio peligro.

Afortunadamente, se producen movimientos políticos alrededor de esta nueva lacra, se trata de la preocupación por los distintos estados, de mantener protegidos a sus ciudadanos, aún a costa de los enormes costes que supone movilizar buques de guerra y dotaciones militares para ello. Parece la vuelta al siglo XVII, pero ahora, en el siglo XXI, parece haber un cierto consenso multiestatal encaminado al control de aguas internacionales, según el cual, el abordaje de un buque supone la invasión del estado de pertenencia del mismo.

Si una emresa decide faenar en unas determinadas aguas, por la rentabilidad que ello implica, no veo la razón por la que estado asuma parte de sus costes de producción

Pretender que nuestro ejército o armada sea fraccionado en cuantos buques naveguen por aguas de riesgo, algo que persiguen los armadores gallegos y vascos especialmente, resulta inconcebible a todas luces. No se trata de poner impedimentos a la protección de quienes se encuentran en zonas de riesgo, no, sino de ser objetivos con las circunstancias. Si una emresa decide faenar en unas determinadas aguas, generalmente debido a la rentabilidad que ello implica, no veo la razón por la cual pretenda cargar al estado (a todos los contribuyentes del mismo) una parte importante de sus costes de producción, los costes de seguridad necesarios para garantizar la llegfada a buen puerto, deben incorporarse directamente en el producto que los ha generado; por lo tanto, si han de subir el precio de determinadas especies de pescado, sea pues, ya que todo productor de un mercado de libre competencia debe encontrarse en competencia leal con el resto de productores.

En definitiva, ¿se trata de seguridad o de precios? Si es seguridad, creo que esta corresponde a la comunidad internacional, no al estado español; al tratarse de aguas internacionales o de territorios ajenos al estado español habremos de buscar soluciones ajustadas al derecho internacional. Por cierto, el juez Garzón ya ha dictado orden de prisión incondicional contra los dos piratas capturados por guardiamarinas españoles, en el marco de piraterá y terrorísmo internacional, la única pega es el elevado coste que nos toca pagar y que nadie ha comentado, coste que se produce más allá de nuestras fronteras, con serio riesgo de vidas y equipos.

Debemos ser muy cautos con las acciones que tomamos, pensar en todas las opciones y no acometer empresas de forma impulsiva en pos de dejar una imagen "políticamente correcta" en lugar de hacer lo correcto, a pesar de la política.