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PP pide renegociar "lo que perjudique" el traspaso de empleo porque "no hay que pagar chapuzas de Urkullu y Zapatero"

19/10/2010 13:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El PP del País Vasco reclamará en el Parlamento vasco que la transferencia de las políticas activas de empleo se lleve a cabo antes del 1 de enero y que se "renegocie todo aquello que perjudique los intereses de los vascos" porque no hay que "pagar las chapuzas de Urkullu y Zapatero". Además pedirá al Gobierno central respecto al "derecho de revalorización" de las pensiones de casi medio millón de pensionistas vascos".

En un comunicado de prensa, el PP ha informado que trasladará estas iniciativas en el pleno del próximo jueves. Los populares defenderán una moción en la que reclamará al Gobierno vasco que haga efectiva antes del 1 de enero de 2011 la transferencia de las políticas activas de empleo "sin romper la caja única".

El parlamentario popular Antón Damborenea exigirá que no se perjudiquen los recursos de la Administración vasca y que se "renegocien aquellos aspectos que incumplan ambos criterios".

Damborenea ha criticado que, la reciente comparecencia del lehendakari en el Pleno de Control del Parlamento vasco, a petición del PP, no sirvió para aclarar "todas las dudas que tenemos en torno a este acuerdo entre Zapatero y el PNV". "Patxi López debe garantizar que se anteponen los intereses de los vascos por encima de otras cuestiones partidistas. Si el acuerdo del PNV con Zapatero nos obliga a pagar dinero, debe ser renegociado. No estamos para pagar las chapuzas de Urkullu con Zapatero", ha destacado.

El Partido Popular llevará este próximo jueves al Pleno del Parlamento vasco la defensa de la revalorización de las pensiones y la exigencia de transferir las políticas activas de empleo antes del 1 de enero "renegociando todo aquello que perjudique las chapuzas de Urkullu y Zapatero".

Además, a través de una Proposición no de Ley urgente, el parlamentario popular Antón Damborenea promoverá un posicionamiento mayoritario de la Cámara vasca para exigir ante el Gobierno central el respeto al derecho de 495.288 pensionistas vascos (cinco millones en toda España), a mantener su "poder adquisitivo".

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"Una decisión unilateral del Gobierno de España va provocar que casi medio millón de vascos vean gravemente erosionado su poder adquisitivo", ha criticado.

Asimismo, Damborenea exigirá levantar el veto "ilegal e inconstitucional" a la Proposición de Ley presentada en Madrid por la formación popular, recogiendo la voluntad "expresada reiteradamente" por el Congreso de los Diputados de que no se congelen las pensiones en 2011. "El veto carece de justificación constitucional, no se sustenta en razones económicas admisibles y entra en contradicción con poderosas razones sociales, al poner en cuestión el Pacto de Toledo y recortar los derechos de los pensionistas", ha advertido.

Según ha recordado el parlamentario popular, la congelación, "impuesta" por el Gobierno pretende ahorrar a costa de los pensionistas 1.400 millones de euros en el Régimen de la Seguridad Social y otros 130 adicionales en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

En su opinión, la congelación decretada por el Gobierno "va a perjudicar gravemente" el poder adquisitivo de cinco millones de pensionistas que, en virtud de una decisión "unilateral" del Gobierno, se ven privados de su derecho a la revalorización de las pensiones, que está establecido por Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, basada a su vez, en el Pacto de Toledo y en el Acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de 9 de octubre de 2006.

Ante esta situación, Damborenea considera "necesario" que el Gobierno "rectifique" y suprima "esta lesiva medida" y en consecuencia quede sin efecto el capítulo II (medidas de Seguridad Social) del R.D.L. 8/2010, "tal y como viene reclamando el Congreso de los Diputados de modo reiterado por una amplia mayoría".

El PP considera "urgente" la tramitación de esta iniciativa, puesto que una modificación legal requiere un tiempo mínimo de dos meses y la propuesta implica que el 1 de enero del año próximo los cinco millones de pensionistas (casi medio millón ellos vascos) vean reconocidos sus derechos.


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