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Pobreza energética y vulnerabilidad económica para el 11% de los españoles

18/11/2016 11:30 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cinco millones de personas pasan frío en invierno por no poder pagar sus facturas. El retraso en el pago es en un año de más de 3, 2 millones de personas en España. El encarecimiento de la electricidad y el gas entre 2008 y 2014, de un 73% y un 67%, respectivamente

En pleno siglo XXI existe cada vez más gente en que se encuentra ante serias dificultades para poder mantener una temperatura adecuada en su casa durante los meses fríos. Cinco millones de personas pasan frío en invierno por no poder hacer frente a sus facturas. El retraso en el pago de éstas, es en un año de más de 3, 2 millones de personas en España. Entre los desencadenantes, el encarecimiento de la electricidad y el gas entre 2008 y 2014, de un 73% y un 67%, respectivamente.

La muerte de una anciana de 81 años en Reus, fallecida tras el incendio de su domicilio por culpa de una vela que usaba tras el corte de suministro eléctrico que sufrió dos meses atrás, ha reabierto el debate sobre la pobreza energética y los métodos para combatirla. Pese a los numerosos estudios que analizan este fenómeno todavía existe cierta oposición. Por ejemplo, y como repasamos aquí, el Partido Popular ha tumbado todas las iniciativas legislativas sobre pobreza energética desde que Rajoy llegó a la Moncloa.

Uno de los informes que pone cifras a la pobreza energética es el elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), 'Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética'. Entre 100 y 300 personas fallecieron en Canarias de 1996 a 2011 debido a la pobreza energética.

El estudio analiza hasta 2014, profundizando en los factores que inciden directamente en los hogares que terminan siendo afectados por cortes en los suministros o la vida en niveles energéticos reducidos. El estado civil, el país de origen, el nivel educativo y por supuesto la situación laboral son algunos de ellos, y dejan datos clave que radiografían la situación general de esta problemática, inédita hace unos años en España y que ha crecido de manera exponencial en los últimos años.

El equivalente al 11% de los hogares españoles se declaró en 2014 incapaz de hacer frente a los meses de invierno con una temperatura adecuada en la vivienda. Es una de las conclusiones más contundentes del informe de la ACA, que apunta al elevado precio de las facturas del gas y la electricidad como principal causa. Como apuntan desde el estudio, desde la última edición publicada en 2012 la pobreza energética ha crecido un 22%, lo que da cuenta de la velocidad a la que se extiende el problema.

Desde el inicio de la crisis a principios de 2008 hasta finales de 2014, el gas pasó de costar 5, 57 céntimos el Kw/h a 9, 59 céntimos de euro. Eso supone un incremento en la factura  del 67%.

Casi al mismo nivel pero en mucho menos tiempo (en un año) subió el sueldo de Juan Rosell, presidente de la CEOE, como consejero de la primera empresa del sector en España, Gas Natural. Concretamente, lo hizo un 64%, de los 127.000 euros que en 2014 a los 208.000 que se embolsó al año siguiente.

En la misma línea de subidas lo ha hecho el precio de la luz desde el inicio de la crisis. Los 13, 66 céntimos de euro a los que se pagaba el Kw/h eléctrico en 2008 han dejado paso a los 23, 67 céntimos a abonar por cada Kw/h consumido en 2014. Buena parte de las subidas se produjeron bajo el mandato del exministro José Manuel Soria. Un 73% más que en 2008 por la luz.

Durante su ineficaz mandato, y en su afán por poner fin al multimillonario déficit de tarifa que arrastraba el sistema eléctrico, Soria aprobó un nuevo sistema de fijación de precios basado en la cotización horaria de la electricidad en el mercado mayorista que no ha impedido que España sea, según Eurostat, el quinto país de la UE con la luz más cara para los consumidores domésticos.

El momento del pago de los cargos es uno de los más temidos por muchas familias, que ven como buena parte de sus ingresos se evaporan al hacer frente a los suministros básicos. El estudio de la ACA estima que más de tres millones de personas retrasaron el pago de las facturas en los 12 meses anteriores a la realización del cuestionario. El motivo, la situación económica en la que se encontraban.

Al margen del elevado precio de la energía, hay propuestas de consumo para reducir el gasto de suministros, con soluciones como estos nueve trucos para rebajar la factura. Y en el caso de la electricidad, desde 2009 existe un bono social que implica un descuento del 25% sobre la tarifa doméstica, del que pueden beneficiarse las primeras residencias de familias con todos sus miembros en paro y pensionistas que reciban la prestación mínima. Este mecanismo de protección (del que también pueden disfrutar las familias numerosas) no está vinculado a la renta. Pero en definitiva 1, 2 millones de personas gastan el 20% de sus ingresos en energía.

Es una de las conclusiones a las que llega la Asociación de Ciencias Ambientales. Basándose en el promedio de las rentas mínimas de inserción en las Comunidades Autónomas, tasado en 415 euros al mes, el estudio concluye que el 3% de los hogares (o 1, 2 millones de personas) destina más del 20% de sus ingresos al pago de la energía. Para los miembros de la ACA lo aceptable sería que esta partida no superase el 5% del dinero que entra en casa, algo que ocurre, según sus cálculos, en el 45% de los hogares.

Una de las consecuencias más visibles de la pobreza energética son las goteras y humedades derivadas del insuficiente uso de la energía en las viviendas. Casi 8 millones de personas conviven con esta problemática en sus hogares según la ACA. Suelos, techos, cimientos o marcos de puertas y ventanas son los principales focos en los que se manifiesta el déficit de energía en las viviendas, derivando muchas veces en enfermedades. La eficiencia energética se erige como una de las principales soluciones a esta realidad, especialmente la rehabilitación de edificios antiguos que no cumplen con los estándares mínimos.

Iniciativas del BNG en el Parlamento de Galicia y en los ayuntamientos forzarán a los ciudadanos y organizaciones con medios a posicionarse de nuevo sobre los cortes de energía a personas sin recursos.

En el Congreso el Grupo Popular aseguró "solidarizarse" con las víctimas pero impidió protegerlas con una ley propuesta por la Izquierda Plural y apoyada por toda la oposición.

Organizaciones como Cáritas calculan que en Galicia más de 600.000 personas sufren pobreza y unas 120.000 están en situación de pobreza severa. Desde 2009, el número de hogares con todos los miembros en el paro se ha duplicado y, en apenas cuatro años, los núcleos familiares en los que no entra ningún ingreso han crecido un 63%. Numerosas organizaciones no gubernamentales alertan de que esta situación afecta especialmente a la infancia, en un contexto en el que más de 12.000 niños y niñas de Galicia viven en hogares en los que nadie realiza ningún trabajo remunerado. Este es el telón de fondo ante el que crecen las reclamaciones de medidas para frenar una de las consecuencias de esta situación, la pobreza energética.

El debate en las Cortes Generales fue el primero en el que el PP tuvo la oportunidad de frenar la pobreza energética por la vía legal, pero no el único, cuando menos en el caso gallego. El partido de la derecha tendrá que definirse al respecto tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos de Galicia a causa de iniciativas ya elaboradas por el BNG. La primera de ellas, ya registrada en el legislativo por Francisco Jorquera y Carme Adán, recoge una de las propuestas centrales del Comité Económico y Social Europeo para paliar el problema: la instauración de las denominadas "treguas invernales" que impidan "los cortes de suministro eléctrico a familias sin recursos que no tienen dinero para pagar las facturas", cuando menos "durante el período más duro del invierno". "Los niveles de pobreza en Galicia, así como las duras condiciones climatológicas de este invierno, hacen especialmente necesario que el Parlamento gallego se posicione respecto a la pobreza energética y sus dramáticas consecuencias", argumenta el Bloque.

En el caso de no atender esta reclamación, la misma exigencia llegará también al Gobierno gallego desde el ámbito local, toda vez que los nacionalistas también lanzarán esta reivindicación desde los ayuntamientos, entre otros motivos porque la reforma local va a traer consigo "la eliminación de servicios que se prestan en los ayuntamientos". La "permanente reducción de los presupuestos" públicos y "el encarecimiento de la energía", argumentarán en una moción dirigida a los plenos municipales del país, provocan que "cada vez más personas quedan sin prestaciones al agotar las ayudas de protección social, sin hogar o sin poder afrontar servicios básicos". En este contexto, señalan, los gobiernos locales "también deben impulsar ante el Estado español y la Xunta iniciativas" para garantizar esa prestación de servicios básicos "a los grupos más desfavorecidos".

Así, los ayuntamientos que le den luz verde a esta moción instarán a la Xunta a pedir que se imite a países europeos como Francia, que "limitan durante el tiempo invernal los cortes de suministro eléctrico a familias sin recursos" o Alemania, "que paga la calefacción y el alquiler a personas en paro de larga duración". En Galicia, dicen, estas medidas cobran aún más sentido porque es "excedentaria en la producción de electricidad" y, "mientras padece los costes sociales y medioambientales que supone la generación eléctrica, no obtiene ningún beneficio". Por todo ello, dicen, la Xunta debe "realizar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar el suministro energético a las familias que estén en situación de pobreza" y, mientras no lo haga, adoptar "medidas prácticas para evitar las dramáticas consecuencias" de la pobreza energética "en los hogares gallegos en mayor precariedad".

Cataluña trato de impedir que se cortara la luz a las familias pobres entre noviembre y marzo, pero el gobierno del PP frenó esa posibilidad en el Tribunal Constitucional.

El PP se niega a impedir los cortes de luz o gas a quienes no pueden pagarlos.

La falta de recursos para mantener el hogar en condiciones térmicas adecuadas durante los meses invernales, que afecta a casi un 20% de la población gallega, fue abordada el pasado martes en el Congreso de los Diputados. Allí, el PP vetó una iniciativa elaborada por la Izquierda Plural y apoyada por la oposición en pleno para, entre otros aspectos, impedir que las personas sin recursos económicos pierdan el suministro de luz o gas durante el invierno si no lo pueden pagar. El PP asegura "solidarizarse" con las víctimas de la pobreza energética, pero no consideran "justificada" una ley para prevenirla y por eso ni siquiera accedieron a tomar en consideración la propuesta.

En un comunicado, la Cruz Roja ha señalado que "la bajada de las temperaturas, el encarecimiento de los precios de la energía, la antigüedad del parque de viviendas y la reducción de los ingresos, ayudas y subsidios, agravan alarmantemente la denominada 'pobreza energética', es decir, la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas".

Para hacer frente a esta situación, Cruz Roja desarrolla diversos programas de emergencia social que se dirigen a la cobertura de las necesidades básicas y al apoyo a las familias para afrontar las situaciones más graves a las que se ven sometidas.

Cruz Roja ha señalado que, según la Asociación de Ciencias Ambientales, el 17% de los hogares dedica un gasto "desproporcionado" de sus ingresos al pago de las facturas de la energía y el 9% se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

La situación es "más preocupante" en el caso de las familias atendidas por Cruz Roja, ya que, según el Boletín número 11 sobre la Vulnerabilidad Social, el 41, 4% de los hogares no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos. Además, del 22% de las personas atendidas que señalan problemas para sufragar gastos de la vivienda, un 42, 2% señala no poder pagar el alquiler, y el 14, 8 no hace frente al pago de la hipoteca desde hace algún tiempo.

Cruz Roja ha indicado que "estos son algunos de los preocupantes indicadores de la denominada 'pobreza energética', es decir, la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20 grados en invierno y 25 grados en verano)".

Si los poderes públicos hubieran hecho lo mínimo de su parte, con excepciones, la situación sería otra

Según el Boletín sobre la Vulnerabilidad Social, y con respecto a diciembre de 2013, se aprecia "un notable aumento" en los porcentajes de personas que solicitan ayuda a los Servicios Sociales, a Cruz Roja y a otras ONG para hacer frente al alquiler. Así, se ha incrementado en 8 puntos porcentuales quienes solicitan ayuda a Cruz Roja para pagar los gastos de los servicios del hogar, pasando del 16% al 24%.

En el conjunto del Estado, Cruz Roja atendió en 2015 a más de 700.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad gracias al apoyo de 1.250.000 socios y la labor de más de 200.000 personas voluntarias.

Los hogares desempleados, los grandes perdedores de la crisis.

La renta familiar es uno de los factores que determinan que un hogar se encuentre en situación de vulnerabilidad o pobreza energética. Esto se debe a que una familia con un nivel elevado de ingresos no sólo tendrá una mayor facilidad para afrontar los costes de la energía, sino que tiene, además, una mayor capacidad adquisitiva para disponer de una vivienda de mayor calidad y dotada de equipos más eficientes. En cambio, los hogares con rentas más bajas no sólo deberán destinar un porcentaje mayor de sus ingresos a los costes energéticos, sino que tendrán mayores limitaciones a la hora de mejorar la eficiencia energética de sus viviendas, y por tanto una mayor vulnerabilidad frente a la pobreza energética.

Con el objeto de analizar de un modo más profundo este factor, y caracterizar los hogares más vulnerables a la pobreza energética, el informe “La Pobreza Energética en España: análisis de tendencias”, publicado en 2014, estudió cómo afectan los diferentes indicadores de vulnerabilidad a los hogares en función de la situación laboral de sus miembros o cabezas de familia. Este estudio hace énfasis, además, en aquellos hogares cuya principal fuente de ingresos sea el subsidio por desempleo, dada la importancia de las tasas de paro en España, que ya en 2012 – última periodo considerado por el estudio – situaba a España, según datos de Eurostat, a la cabeza del ranking europeo, sólo por detrás de Grecia, y superando por más del doble la media europea, situación que se ha mantenido hasta el día de hoy.

Atendiendo al esfuerzo que aplica cada grupo de hogares a los costes energéticos, este análisis cobra mayor importancia cuando se destaca que los hogares cuya principal fuente de ingresos es el subsidio por desempleo son, además, los que mayor porcentaje medio destinan a los gastos de energía doméstica, situándose alrededor del 10%. De tal modo, si bien desde el año 2008 ha aumentado progresivamente el esfuerzo en todos los grupos, debido tanto al aumento de los precios de la energía como al descenso de las rentas familiares provocado por la crisis económica, en el caso de los hogares cuya fuente principal de ingresos es el desempleo este esfuerzo se duplica entre el año 2007 y 2012.

Un primer indicador analizado es el porcentaje de hogares con gasto desproporcionado en energía doméstica. Se considera que una familia destina un parte desproporcionada de sus ingresos al pago de las facturas de la energía doméstica cuando estas suponen más de un 10% de sus ingresos netos anuales. Este umbral, basado en la definición de pobreza energética que propuso Brenda Boardman (1991) en Reino Unido, definición adoptada en dicho país hasta el año 2011 para el cálculo de la pobreza energética, en España representaba hasta el año 2009 más del doble de lo que destinaban de media los hogares españoles al pago de las facturas de energía doméstica. Sin embargo es bastante significativo observar que, a partir del año 2011, coincide con el gasto medio de las familias cuya fuente de ingresos principal es el subsidio por desempleo.

De este modo, teniendo en cuenta los resultados del estudio, según los cuales un 17% de hogares españoles destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a los gastos energéticos, el porcentaje de hogares afectados es el doble (34%) cuando nos referimos únicamente a aquellos cuya principal fuente de ingresos es el subsidio por desempleo, o lo que es lo mismo, 1 de cada 3 familias cuya principal fuente de ingresos es el desempleo asume unos costes energéticos desproporcionados.

El segundo indicador analizado es el porcentaje de hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada. Los resultados del estudio muestran como dicho porcentaje es del orden del doble cuando nos referimos a hogares cuya fuente principal de ingresos es el desempleo, frente a la media nacional. Concretamente, en el año 2012 nos encontramos con un 9% de hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada, frente a un 18% cuando hacemos referencia únicamente al grupo de hogares clasificados como desempleados.

Se ha acompañado ambos indicadores con la tasa de paro registrada en España, que para los últimos tres años ha oscilado en torno a un 24-25%, presentando en 2014 unos niveles similares a los de 2012, último año analizado en el estudio La Pobreza Energética en España.

Por tanto, como conclusión, considerando que durante dicho periodo los precios energéticos se han incrementado, hasta un 4% en el recibo eléctrico en 2013, y con una estabilización durante 2014, y que las políticas de impulso a la rehabilitación energética no han tenido aún un efecto significativo en la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas español, se puede aventurar que la vulnerabilidad de los hogares en desempleo frente a la pobreza energética se habrá mantenido en los términos de 2012 al no haberse una evolución positiva en los factores que la provocan.

Un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) desvela que la pobreza energética en España alcanzaba al 16, 6% de los hogares a finales de 2012.

Este porcentaje creció un 4, 2% en el periodo 2010-2012 -plazo medido en el estudio-, lo que pone de manifiesto la intensidad del crecimiento de la pobreza energética en estos años de crisis.

La cifras del estudio de ACA son muy similares a las obtenidas por OCU en un estudio sobre presupuestos familiares realizado después, en el año 2013, que concluía que el 30% de los hogares restringía el uso de la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano por motivos económicos.

Otros datos a tener muy en cuenta del estudio de OCU confirman que el 20% de los hogares españoles había tenido problemas puntuales con los pagos de suministros, pero un 16% de ellos se encontraban en situación de pobreza.

¿Por qué hablamos de pobreza energética?

En concreto, más de un 10 % de la población. La encuesta de necesidades sociales 2014 sobre pobreza, documento que elabora el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco a fin de analizar los distintos indicadores de pobreza y ausencia de bienestar en la Comunidad Autónoma de Euskadi, incorpora dos datos que han sufrido un incremento significativo en el periodo 2008-2012. El número de personas que tienen problemas para mantener su hogar a una temperatura adecuada durante los meses fríos ha alcanzado en 2014 a 235.526 personas, cuando en 2008 no llegaba a las 90.000. Por otro lado, en 2014 la población afectada por cortes de suministro de servicios energéticos en el hogar (incluyendo agua, luz o teléfono) afectó a 38.255 personas frente a las 35.191 de 2008.

Este indicador es conocido como “pobreza energética”, un fenómeno social que refleja las dificultades serias, o la imposibilidad, de acceso a los servicios energéticos necesarios en el hogar como el gas o la electricidad. Principalmente aparece como una consecuencia de la carencia de recursos económicos suficientes pero también puede ser el resultado de malas condiciones objetivas de la vivienda o del excesivo precio de los recursos energéticos.

La llamada de alerta acerca de este problema, desconocido en nuestro entorno hasta hace pocos años, la han lanzado diversos colectivos. Es el caso de la Asociación de Ciencias Ambientales, que en el año 2012 presentó un pionero informe sobre pobreza energética en España, o de la Plataforma por un nuevo modelo energético –en Euskadi Gure Energía- que con las reivindicaciones sobre el actual modelo energético ha puesto también de manifiesto esta penosa realidad. Esta cuestión ha sido incorporada a la agenda pública gracias a la labor de instituciones como el Sindic de Greuges o el Defensor del Pueblo que han presentado diversas propuestas a las administraciones púbicas dirigidas a definir a los colectivos más vulnerables. El Sindic de Greuges -en su informe sobre la pobreza energética en Cataluña en octubre de 2013- ya señalaba que la lucha contra la pobreza energética constituye una prioridad social que debe ser evaluada desde todos los ámbitos sociales.

Recomendación general para el debate social de la pobreza energética. La institución del Ararteko también considera oportuno llevar a cabo una profunda reflexión que favorezca el conocimiento y la prevención de la pobreza energética en Euskadi. Con ese objetivo presentamos este documento de bases para su debate. Es un documento abierto a los distintos grupos, agentes sociales e instituciones interesadas y dirigido a plantear propuestas y recomendaciones a las administraciones vascas. Se trata de poner en marcha medidas, acciones específicas que acompañen a las políticas públicas e iniciativas sociales ya existentes con el objetivo de reducir y paliar los efectos de este fenómeno que afectará a más de 200.000 vascos y vascas este invierno.

El consejero vasco en funciones de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha anunciado que el Gobierno Vasco elabora un nuevo decreto que incluye un apartado específico para la atención a los gastos derivados de situaciones de pobreza energética, que podría afectar a más de 159.000 personas en Euskadi.

La nueva normativa, que está en fase de borrador, se aprobará a finales de este año o principios de 2017 después de que tome posesión el nuevo Ejecutivo Autónomo, según ha precisado Toña al ser preguntado por el caso de la anciana fallecida en Reus en un incendio causado por una vela, ya que Gas Natural Fenosa le había cortado el suministro eléctrico por no pagar.

En declaraciones a los medios de comunicación, Toña ha explicado que el citado decreto "normaliza" las ayudas que ya se dan a través del Ayudas de Emergencia Social (AES), pero incluye un apartado concreto en el que se establece como "prioridad" la atención a las necesidades básicas de suministro de agua, luz y electricidad en casos de pobreza.

En ese mismo apartado y también como "prioridad" se regula el pago de los impuestos básicos con el objetivo de que "no se produzcan desahucios" en estos casos, según ha precisado el consejero.

En la actualidad y también a través de las AES, gestionadas por los ayuntamientos con fondos del Gobierno Vasco, ya se atiende a las personas que no pueden pagar las facturas eléctricas para que no les corten el suministro.

En 2015, según ha dicho Toña, el 44 por ciento de los diez millones de euros presupuestados para las AES se destinó a este tipo de gastos.

Además, se firmó un convenio con la Cruz Roja con una partida adicional y "específica" de 400.000 euros para que esta organización atienda a los colectivos que "por las razones que fueran" quedan fuera de la órbita de los servicios sociales municipales.

El Gobierno Vasco también ha suscrito distintos acuerdos marco con las empresas suministradoras de luz, energía, gas y agua para que las personas que no puedan pagar la factura por su situación de pobreza no sufran cortes de suministro "en ningún caso".

"Estamos en condiciones de decir que en Euskadi no debería suceder lo ocurrido en Reus, porque todos esos acuerdos y el trabajo de los servicios sociales garantizan que no suceda", ha remarcado, aunque ha matizado que "un caso individual, no atendido por los servicios sociales, es difícilmente evitable".


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