El 2 de mayo de 1966 el Gobierno de la dictadura autorizó la construcción de la central nuclear de Garoña (Burgos), cinco años después la conectaron a la red eléctrica. Hoy en día se tarda casi diez años en construir y conectar un nuclear, y esto no es debido a que antes las cosas se hicieran mejor sino todo lo contrario.

Realmente fue un ganga, compraron gran parte del equipo ya construido a una compañía americana que tenía dificultades para instalarla en California, por la oposición de los municipios y los militares. Mas de cuarenta años después, Garoña ha sido rentabilizada económicamente hasta máximos inimaginables, y aporta un insignificante 1, 3 % del total de la producción eléctrica.

El tiempo ha pasado y cuatro de los cinco accidentes graves que ha habido en el mundo se han producido en reactores del mismo tipo que el de Garoña. La vulnerabilidad de estas centrales no es algo novedoso, en 1971 el Gobierno norteamericano advirtió que si fallaba el sistema de refrigeración de emergencia de los reactores de agua ligera como este, corrían el peligro de sufrir una “explosión nuclear letal y propagar lluvia radioactiva”. Eso fue exactamente lo que paso en Fukushima en el 2011.

Pero Garoña, a pesar de estar amortizada, de no estar diseñada para soportar las situaciones que hoy se están comprobando en las pruebas de resistencia, de aportar una cantidad insignificante de eléctricidad al mix eléctrico actual, de seguir produciendo residuos nucleares para los que el gobierno no tiene solución, y a no abaratar ni un céntimo la factura eléctrica, …. y de ser idéntica y tan peligrosa como su hermana gemela de Fukushima; a pesar de todo eso juega con la arriesgada apuesta de futuro, contamina el río Ebro y constituye una vergüenza más para el gobierno más corrupto y maligno del siglo XXI y de varios anteriores, incluido el de Francisco Franco y a la vez, detiene el desarrollo de las energías renovables.

Esta historia no puede continuar igual que hace 41 años, se necesita un sistema energético inteligente, eficiente y 100% renovable, que el inefable ministro Nadal tendría que saber.

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha eliminado el último obstáculo para que la central nuclear de Garoña pueda retomar su actividad. El Consejo está estudiando para enviar un último informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre el proyecto de Real Decreto que modificará el reglamento sobre instalaciones nucleares.

El Gobierno del Partido Popular parece decidido a que España retroceda varios años con respecto a los países más avanzados en materia energética. El Partido Popular parece no haberse enterado todavía de que Alemania, gobernada por su correligionaria política, la CDU de Angela Merkel, no sólo abandonó su inicial plan de alargar la vida de sus 17 centrales nucleares, sino que ha aprobado un plan para clausurarlas todas en 2020, empezando con el cierre inmediato y definitivo de ocho de ellas en 2011. Al tiempo, Alemania ha decidido apostar por la eficiencia energética y las energías renovables para satisfacer su demanda de electricidad y convertirse así en el líder mundial en tecnologías de energía limpia. Meses después, el gigante alemán Siemens anunciaba el abandono total de su negocio nuclear, para concentrarse en las redes inteligentes y las energías limpias.

El Gobierno suizo ha sido inteligente y al ver la decisión de Alemania ha decidido seguir su ejemplo. Como explicó el embajador suizo en España en una recepción que tuvo lugar el pasado verano, Suiza, tras la decisión estratégica de Alemania, no podía permitirse el lujo de quedarse atrás en materia de eficiencia y renovables. Poco después Bélgica decidía adelantar 10 años el cierre de sus nucleares e Italia decía abrumadoramente no a la nuclear en referéndum, lo que ha relanzado allí el sector de las renovables.

Pero parece que para el Partido Popular Africa empieza en los Pirineos. Sólo así se entiende que este partido ignore estas decisiones de nuestros vecinos y que, siendo España uno de los primeros países en el desarrollo e implantación de renovables, ahora se permita el lujo de poner freno, de golpe y porrazo, a unas energías ambientalmente limpias y seguras, que permiten reducir sustancialmente nuestras emisiones de CO2, que generan gran cantidad de empleo y que permiten reducir nuestra dependencia energética, entre otras bondades.

El Consejo de Seguridad Nuclear analiza la posibilidad de dar luz verde a la actividad de la planta hasta 2031 con numerosos condicionantes técnicos.

Mientras el Gobierno vasco recuerda que las instituciones de Euskadi se han pronunciado reiteradamente en contra de la reapertura, el presidente de Castilla y León ve Garoña "necesaria para la producción energética".

La posibilidad de que la central nuclear de Garoña vuelva a la actividad hasta 2031 parece estar más cerca. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha comenzado a estudiar el informe técnico sobre la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña hasta los 60 años de su vida útil. Garoña está parada desde diciembre de 2012 por decisión de sus propietarios Iberdrola y Endesa, que tienen el 50% cada uno de Nuclenor.

Aunque la decisión se va a prolongar en el tiempo dada la cantidad de documentación que deben analizar los cinco miembros del citado consejo, varias fuentes apunta que la decisión que se sopesa es favorable a la reapertura, aunque obligando a la empresa propietaria Nuclenor a adoptar medidas técnicas e inversiones importantes para asegurar que la central opera con total seguridad.

El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear y órgano controlado por el PP -que ha nombrado a tres de los cinco consejeros por dos el PSOE-, debe elaborar un informe preceptivo y vinculante con los requisitos necesarios para la reanudación de la planta, en el caso de que finalmente dé su visto bueno. En el caso que fuera negativo, Garoña se mantendría cerrada, pero si la opción que parece ganar terreno, la de la reapertura, se confirma, la decisión final correspondería al Gobierno del PP.

Dada la cantidad de condicionantes -sobre todo a nivel técnico, que vendrían acompañados de importantes cantidades de inversiones para cumplirlos-, serán las dos empresas eléctricas las que finalmente determinen si volver a poner en funcionamiento la planta nuclear, situada en Burgos, merece la pena.

Oposición ecologista

Los ecologistas que exigen constantemente el cierre definitivo de la planta nuclear, han apuntado que entre otros aspectos Nuclenor debería cambiar cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña.

El Gobierno Vasco y los ecologistas están en contra por razones de tipo político, económico, social... y médico

Se da la circunstancia de que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comunicó en abril de 2016 a los sindicatos en abril de 2016 que la central de Garoña se cerraría "por motivos económicos". Así quedó recogido en un correo electrónico remitido por la central mayoritaria en Euskadi, ELA, a la plantilla de la primera eléctrica española.

Galán habría realizado dicho anuncio en un encuentro con los sindicatos y los máximos representantes de Recursos Humanos de la eléctrica, en la víspera de la Junta General de Accionistas de Iberdrola del pasado año, celebrada en abril. En la citada reunión también estuvieron el director de Finanzas y de Recursos de Iberdrola, José Sáinz Armada, y el director de Recursos Humanos, Ramón Castresana.

Oposición vasca, Castilla León a favor

El Gobierno vasco, a través de su portavoz Josu Erkoreka, ha vuelto a reiterar  la postura "claramente contraria" de las instituciones vascas -tanto del Ejecutivo, como del Parlamento- a la reapertura de la central nuclear. El propio diputado general de Alava, el peneuvista Ramiro Gonzalez,  mostró sus dudas sobre el futuro de Garoña y dijo textualmente: "cuando vea que se empieza a desmantelar Garoña me fiaré y estaré tranquilo".

Este martes, el diputado general alavés ha apuntado que la reapertura de Garoña sería un hecho "gravísimo, inaceptable y un ataque a Álava", territorio al que "no se tiene en cuenta para nada" a pesar de la "responsabilidad e influencia en el PP nacional" de Javier Maroto y Alfonso Alonso. "El PP alavés es responsable de esta decisión y tendrá que dar explicaciones para las que no valen posicionamientos personales", ha advertido, en alusión a la oposición pública de Maroto a la continuidad de Garoña.

Frente a esas posiciones -mayoritarias en Euskadi-. el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cree que la citada central nuclear es "necesaria para la producción energética" y ha explicado que si el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) decide renovar la licencia de explotación sería una buena noticia. En todo caso, ha insistido en que hay que asegurar las condiciones de las instalaciones y ve "imprescindible" el visto bueno del consejo de seguridad. Y ha cifrado en 500 empleos directos y unos mil indirectos la  repercusión de la reapertura en el empleo en el entorno de Miranda de Ebro.

Podría haber bloqueo total en la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, si no se soluciona la solicitud de prórroga realizada en mayo del 2013, pues existe una división entre Iberdrola y Endesa sobre el futuro de la central y la incertidumbre generada en materia nuclear de cara al futuro.

Las hostilidades entre las propietarias se hicieron públicas el pasado 11 de abril al filtrarse una conversación del presidente de Iberdrola,   Ignacio Galán, con representantes sindicales en las que el ejecutivo salmantino anunció el cierre definitivo de Garoña, que permanece desde diciembre de 2012 en una especie de stand by.

Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría en Endesa, que apuesta por no tomar una decisión sobre Garoña hasta conocerse el veredicto del CSN. Este organismo tiene todavía que dar luz verde o rechazar la solicitud de prórroga y, en el primero de los casos, exigir una serie de inversiones a las propietarias para garantizar su seguridad.

El presidente de Endesa,  Borja Prado, respondió el día 26 de abril asegurando que la decisión sobre el futuro de Garoña «sería empresarial, no política», y afeó a Galán sus palabras. «Cada uno es como es. Yo no lo hubiera hecho», dijo al concluir la Junta de Accionistas celebrada en Madrid.

Y en medio de esta bronca pública se reunió el consejo de administración de Nuclenor la misma tarde del 26 de abril. Los representantes de Iberdrola en este organismo plantearon lo que era un secreto a voces, si bien no se propuso de forma oficial ni se incluyó en el orden del día:la eléctrica se planta y opta por iniciar de forma inmediata la clausura de la central, un proceso a su vez largo y complejo.

Para justificar esta posición, Iberdrola se apoya en un informe técnico de Areva fechado en marzo que eleva las pérdidas futuras de Santa María de Garoña a un volumen de entre 260 y 329 millones,  según fuentes próximas al consejo consultadas por los medios. La diferencia entre ambas cifras dependería de si el CSN da a la central un permiso para operar de 10 años -como se ha hecho tradicionalmente- o hasta 2031, como piden las eléctricas. Este análisis se ha realizado teniendo en cuenta el previsible comportamiento de la demanda, un precio del mercado de 40 euros por mwh, inversiones a realizar y otros costes de operación.

De esta forma, Iberdrola refuerza su postura y asegura que la central no volverá a ser rentable nunca, por lo que opta por su cierre. Por su parte, Endesa aboga por esperar a ver el dictamen del CSN. «Ambas partes tienen el 50% de los votos en el consejo. El bloqueo es absoluto», explican fuentes cercanas a Nuclenor.

Del CSN depende el volumen de inversión que tendrá que afrontar la instalación en los próximos años para funcionar, una cifra que según algunas fuentes del sector consultadas podría ser próxima a los 90 millones de euros.

En lo que están de acuerdo Iberdrola y Endesa es que en la central no se invertirá ni un euro más hasta nuevo aviso. La instalación absorbe cada mes cinco millones de euros en costes y en estos momentos no tiene ningún ingreso. El resultado final es que la factura del stand by que le queda a Iberdrola y Endesa asciende ya a 275 millones de euros, según fuentes empresariales. Esta cifra podría ampliarse hasta los 300 millones al final de este ejercicio. A los costes propios de la instalación hay que sumar alrededor de 15 millones de euros en inversiones de mantenimiento y de refuerzo de seguridad que Nuclenor ha ido realizando durante el periodo de parada.

Por su parte, el CSN ha comunicado públicamente que remitirá al Ministerio de Industria su informe sobre la prórroga de la central de Garoña. Expertos del sector nuclear consideran que el regulador dará el visto bueno a la instalación, si bien desde el punto de vista técnico volver a poner a punto la central será prácticamente imposible. «Es muy difícil que una central que ha estado parada cuatro años pueda volver a ponerse en marcha», añaden.