El presidente del TSJ extremeño espera que el nuevo gobierno del PP recupere el sistema de elección del CGPJ de 1980

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado, espera que el nuevo Gobierno de la Nación recupere el modelo original de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial, de modo que los doce jueces y magistrados "de todas las categorías judiciales" que establece la Constitución sean elegidos, como establecía la ley de 1980, por los propios jueces y magistrados.

"Yo espero que si el partido que ha ganado las últimas elecciones generales llevaba en su programa volver al sistema originario de 1980, pues que tome las iniciativas oportunas para que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan esos doce vocales de procedencia constitucional", ha sentenciado Márquez de Prado durante su intervención en el 'Acto de Apoyo de la Constitución Española' que se ha celebrado este lunes en el parlamento extremeño.

El presidente del alto tribunal extremeño ha recordado en su exposición, recogida por Europa Press, que del sistema de 1980 se pasó al que establecía la ley orgánica de 1985, que entregaba a Las Cortes la competencia que antes correspondía a jueces y magistrados, y posteriormente al de 2011, que aunque permite la intervención de asociaciones y grupos independientes, sigue reservando a Congreso y Senado la "última decisión", lo cual "no da completa satisfacción a quienes siguen reivindicando el sistema originario".

"POLITIZACIÓN"

Para Márquez de Prado el sistema vigente "afecta a la independencia del poder judicial teniendo en cuenta el grado de politización que la ciudadanía y la sociedad imputan al Consejo General del Poder Judicial, con el consiguiente menoscabo de su prestigio, que arrastra a veces a la propia administración de justicia".

El presidente del TSJ ha efectuado estas reflexiones como conclusión de un discurso en el que, como idea central, ha reivindicado la independencia del poder judicial, que procede de la división de poderes cuyas bases teóricas establecieron el británico John Locke y posteriormente el francés Montesquieu.

En otra fase de su intervención, Márquez de Prado ha aceptado que se puedan criticar "razonablemente" las decisiones judiciales, si bien deben "rechazarse descalificaciones personales y críticas exacerbadas", dado que pueden suponer un "claro atentado" a la independencia judicial y "hacen un flaco favor a la esencia de nuestro estado democrático de derecho", lo cual "supone un claro intento de politización de la justicia por intereses partidistas".