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Las compras militares, su debido proceso y la transparencia, es un tema pendiente en la República Dominicana
En las gráficas, los ex titulares de Defensa en la República Dominicana, Manuel Antonio Peña Antonio, actualmente en proceso judicial, y Manuel Antonio Cuervo Gómez, quien sufrió prisión por las compras militares.
J. Modesto Rodríguez
Santo Domingo.- Primero fue el ex presidente Salvador Jorge Blanco ya fallecido, que ejerció de 1982 a 1986, quien debió verse en el banquillo de los imputados por asuntos de compras militares.
Aunque hay históricamente imputaciones de corrupción en el tren oficial en la República Dominicana, pese a los esfuerzos por sancionar a los responsables, el señalamiento de que hay impunidad frente a casos referidos y comprobados de corrupción administrativa estatal, pocos casos han sido ejemplarmente pagados a la sociedad.
Que se recuerde, solo el ex-presidente Salvador Jorge Blanco, quien murió el 26 de diciembre del 2010, llevado al poder por Partido Revolucionario Dominicano, fue llevado a los tribunales en un dramático proceso que fue calificado de persecución política. Posteriormente el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones contra el gobernante santiagués, que atribuyó el origen del juicio a “persecuciones políticas del presidente de la República entonces, Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano”.
Jorge Blanco fue encausado junto a un grupo de acusados, el ex-secretario de las Fuerzas Armadas, hoy Ministerio de Defensa, Manuel Antonio Cuervo Gómez, fallecido en enero del 2012 y el empresario Leonel Almonte, por presunto fraude contra el Estado, malversación de fondos públicos y una variedad de delitos.
Por todos esos hechos fueron condenados a cárcel, incluidos Jorge Blanco. El juicio, que fue televisado, se prolongó durante varios meses.
Fue acusado de desfalco por haber patrocinado supuestas compras irregulares para las FF.AA. a empresas ligadas a funcionarios de su gobierno. En el expediente, y por el mismo delito y otras alegadas infracciones, figuraban el propio Cuervo Gómez, el asesor presupuestario Leonel Almonte y el empresario Juan Tomás Peña Valentín. Esas operaciones, según la denuncia, envolvía 2.4 millones de pesos reseñó El Nacional.
Hace más de una veintena de años la Corte de Apelación de Santo Domingo dispuso la libertad provisional del expresidente Salvador Jorge Blanco y del exsecretario de las Fuerzas Armadas Manuel Antonio Cuervo Gómez, mediante el pago de sendas fianzas de dos millones de pesos.
Las compras militares en la RD pertenecen al "tono gris" en el nivel de la transparencia gubernamental
DOS EX TITULARES DE DEFENSA ENCAUSADOS
En este momento, otro alto cargo militar, el exsecretario de las Fuerza Armadas, Padro Rafael Peña Antonio, es procesado judicialmente por presunta participación en un alegado soborno de 3.5 millones de dólares para que fuera aprobada en el nivel legislativo, una compra de ocho aviones tipo "Súper Tucano" a una firma de Brasil. Junto a Cuervo Gómez, es el segundo ex titular de Defensa que es procesado por alegada corrupción en las compras militares.
Tanto Peña Antonio como los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, también acusados de recibir sobornos por la compra de ocho aviones a la empresa brasileña Embraer, fueron incluidos en un caso declarado "complejo" por el juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.
La acción judicial en este caso, en el plano nacional, partió de una solicitud elevada por Laura Guerrero Pelletier, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), la cual recibió desde brasil un grueso expediente en el se sustenta la investigación y acción judicial sobre el caso "Tucanos".
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso a Peña Antonio como medida de coerción por el caso Tucano impedimento de salida y presentación periódica los lunes de cada mes.
Mientras, dispuso también, tres meses prisión preventiva como medida de coerción en la cárcel de Najayo al coronel Carlos Ramón Piccini Núñez; a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez la implementación de grilletes e impedimento de salida, así como presentación periódica los lunes de cada mes.
INTERROGATORIOS
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogó al sobrino del senador Luis René Canaán, cuya empresa habría recibido más de 800 mil dólares en el caso Super Tucano. Samuel Pereyra Rojas es propietario de la empresa Saperofa, que supuestamente fue utilizada como un puente para proporcionar los sobornos entregados al legislador por Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. (Embraer), publica el periódico El Caribe.