Aunque parezca insólito, éstas cosas ocurren. A mediados del mes de enero de este año, un profesor de educación física (A.F.P) y con plaza definitiva en el IES La Victoria (Tenerife) fue expedientado por el Inspector de Educación del mismo centro, por no obedecer las órdenes que le indicaban que debía montarse en bicicleta para impartir los contenidos del módulo "Conducción de Grupos en Bicicleta" perteneciente al Ciclo de Grado Medio "Conducción de Actividades en el Medio Natural".

A pesar de los continuos informes médicos de su especialista, la inspección médica decidió no darles importancia y emitió un informe diciendo que dicho profesor estaba apto para impartir la parte práctica del módulo en cuestión.

Al profesor se le abrió expediente y se le suspendió de empleo y sueldo (cobrando solamente la mitad de su salario) sin motivo alguno y argumentando que lo hacían para preservar los intereses del alumnado, cuando bien podría la Consejería haber pensado de igual forma y poner un sustituto desde el mes de setiembre, cuando dicho profesor comunicó su patología y su imposibilidad de impartir dichos contenidos.

Unos meses más tarde el profesor presentó ante el juzgado una demanda solicitando la anulación de la suspensión provisional por carecer de fundamento. Recientemente la jueza dictó sentencia dando la razón al profesor y anulando dicha suspensión provisional alegando que la misma debe de estar motivada y fundamentada convenientemente, además ordena que se reintegren la parte de sueldo que ha dejado de percibir el profesor.

El proceso continúa puesto que aún no se dictó una resolución definitiva del expediente y la Consejería aún está a tiempo de apelar la sentencia de la jueza. Mientras tanto el profesor continúa suspendido y está siendo el más perjudicado ya que la Consejería de Educación ha puesto una profesora sustituta en su lugar, lo cual da a entender que los alumnos no tuvieron perjuicio alguno.

Muchos casos de estas características suceden en el colectivo de docentes al servicio de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Una vergüenza que es preciso denunciar.