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IU propone jubilación obligatoria a los 60 años y que la vida laboral no supere los cuarenta años de prestaciones

18/04/2009 13:48 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Izquierda Unida está desarrollando este fin de semana una intensa actividad para afrontar el mes y medio que falta hasta las elecciones europeas del próximo 7 de junio. Hoy sábado está celebrando un encuentro programático para perfilar su programa electoral, en el que cerca de 300 participantes discuten sobre centenares de propuestas. En pleno debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, IU propone la jubilación obligatoria a los 60 años y que la vida laboral no supere los cuarenta años de prestaciones.

La coalición se desmarca así del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien sugirió el pasado miércoles la posibilidad de alargar la edad de jubilación para mantener dicha sostenibilidad. La propuesta de Fernández Ordóñez fue rechazada por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, así como por los sindicatos UGT y CCOO. La patronal, por su parte, se mostró más prudente.

Esta propuesta forma parte de un borrador de trabajo para debatir durante este encuentro programático de hoy sábado y el Consejo Político Federal de mañana. Hasta que comience oficialmente la campaña de las europeasse irán añadiendo aquellas aportaciones que sean aprobadas provenientes de colectivos sociales, sindicatos, asociaciones profesionales, federaciones de IU, intelectuales y grupos de técnicos vinculados a la coalición.

Lo que si parece decidido es que el programa electoral se estructurará en 4 bloques: Por un nuevo modelo económico y de desarrollo; Construir la Europa Social; Por una Europa democrática y con derechos; y Por una Europa de Paz y Solidaridad. Todo para luchar por una Europa "democrática y social, que sitúe la economía al servicio de las personas y no a las personas al servicio de la economía, con una política claramente alternativa a las políticas neoliberales que han provocado la crisis", según plantea el borrador.

En el apartado de propuestas para los mayores de 65 años, IU ve necesaria una Directiva europea que unifique el régimen de pensiones, que la propia UE sea garante de que en ningún país se pongan en riesgo los derechos adquiridos, y que se equiparen las pensiones a las que se perciben en los países más desarrollados. Además, demanda que las pensiones contributivas nunca pueden estar por debajo de las necesidades económicas de los ciudadanos, mientras que las no contributivas, por su parte, deberán corresponder al salario mínimo interprofesional.

Asimismo, la coalición defiende que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sea reemplazado por un nuevo Pacto de Solidaridad centrado en crecimiento, pleno empleo y protección social y ambiental, así como sustituir la Estrategia de Lisboa por una 'Estrategia Europea para la Solidaridad y el Desarrollo Sostenible'. Además, reclama la aplicación "inmediata" de la resolución del Parlamento Europeo de octubre de 2008 para que el salario mínimo sea al menos el 60 por ciento del salario medio neto de cada país.

IU aboga también por la adopción de las directivas pertinentes para mejorar la estabilidad y la calidad del trabajo en todos sus aspectos, el control público y social del sistema bancario y financiero, el control democrático sobre el Banco Central Europeo (BCE), tasar las transferencias financieras y abolir los paraísos fiscales, introducir impuestos en el capital especulativo con el objetivo de crear un Fondo Europeo y nacionalizar el sistema de créditos y el sistema financiero. "La privatización de servicios debe invertirse", subraya el documento de trabajo.

Para IU, las normas presentes en el Tribunal Superior Europeo de Justicia son un "ataque frontal" a la negociación colectiva y las regulaciones laborales. Por ello exige reforzar la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores, reclama una jornada máxima de 40 horas semanales -aunque reconoce que lucha por una jornada ordinaria de 35 horas a nivel europeo-, defiende el derecho de los inmigrantes a trabajar "allí donde vivan" dentro de la UE y rechaza la 'flexiseguridad'.

En materia fiscal, reclama una reforma fiscal europea que ponga nuevos cimientos a la financiación pública y que acentúe la progresividad de las cargas fiscales, promueva una armonización justa de los sistemas fiscales, establezca impuestos globales "tipo Tasa Tobin" sobre los flujos de capital especulativo, persiga y penalice la delincuencia financiera, dé pasos en la abolición de los paraísos fiscales y comience a aplicar impuestos globales ecológicos.

NUEVO MODELO DE DESARROLLO

Precisamente sobre aspectos ecológicos y desarrollo sostenible versa otro de los puntos del borrador del programa, en el que la coalición exige "acuerdos máximos en estándares medioambientales" dentro de la UE y propone una ordenación del territorio que tenga como eje fundamental a la ciudadanía, con "sostenibilidad" y un "urbanismo social y progresista" que garantice el acceso a una vivienda digna. Dentro de esa sostenibilidad, IU apuesta por una red de transporte público y colectivo que cuente con el ferrocarril como sistema de transporte terrestre central.

La organización apuesta por un nuevo modelo productivo, energético y de consumo, "eficiente", con empleo de calidad y ecológicamente sostenible a largo plazo, con ahorro de recursos y transporte público, en el que conciencia ecológica vaya "en paralelo" al proyecto socioeconómico, generando un "modelo no consumista". Además, aboga por energías limpias, eficiencia energética, extender la educación ambiental a todos los ámbitos, y se opone a la energía nuclear.

En esta línea, exige el total cumplimiento de todos los compromisos "firmados y aceptados" por la UE en todos los ámbitos del cambio climático y de las políticas energéticas, y que incluyen reducir las emisiones globales un 30 por ciento para 2020 y al menos un 80 por ciento para 2050, aumentar el uso de energías renovables un 25 por ciento para 2020, o reducir el consumo de energía primaria. Además, IU se opone a la reducción del Protocolo de Kioto a un "sistema de mercado de cuota de emisiones".

Para todo ello, la coalición quiere reforzar y promover los servicios públicos en todos los sectores, por considerar que "no son una mercancía". Por eso defiende unos servicios "gestionados desde lo público, transparentes, de calidad y participados por los ciudadanos". Propone la exclusión del ámbito de la competencia de los servicios de interés general, así como una regulación más estricta de la contratación pública.

"Los ciudadanos son los que tienen que definir los servicios de interés general, pero nuestra propuesta es que al menos la educación, el ciudado de la infancia, la salud, las pensiones, la protección contra el desempleo, los servicios sociales, suministro energético, transportes públicos, abastencimiento de agua y saneamiento, servicios medio ambientales, correos, deporte y cultura no deben catalogarse como mercancías", expone el documento.


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