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PSOE y CiU buscan mañana un pacto en el Congreso contra la morosidad de empresas y administraciones

22/02/2010 15:12 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso celebrara mañana la primera reunión de la Ponencia encargada de examinar la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU, trámite que supondrá la primera oportunidad para que la federación catalana cierre un acuerdo con los socialistas sobre una iniciativa que plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.

Las negociaciones entre el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i LLeida, con su homólogo socialista, José Antonio Alonso, así como con las conversaciones con presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han permitido desbloquear la tramitación de esta iniciativa, paralizada desde el pasado mes de junio.

Como primer gesto, CiU retiró el recurso presentado ante la Mesa de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio contra las enmiendas del PSOE a la proposición de ley, que los nacionalistas catalanes consideran una "jugarreta malintencionada y perniciosa" que busca allanar el camino a la "iniciativa propagandística" de la Ley de Economía Sostenible.

Así, los socialistas piden la eliminación de todos los artículos del texto de CiU salvo dos, que proponen modificar para que se limiten a instar al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad.

En cualquier caso, aunque los nacionalistas catalanes cuentan de entrada con el respaldo del PP, PNV y Coalición Canaria, esperan que el PSOE retire dichas enmiendas y permita una tramitación rápida de la ley.

NADA QUE CONTRAVENGA LA DIRECTIVA EUROPEA

Sin concretar su decisión sobre las enmiendas, el portavoz socialista de Comercio y Turismo, Félix Larrosa, admitió la semana pasada que los socialistas tratarán de compaginar la negociación de esta iniciativa con la nueva Directiva Europea de Morosidad --que prevés que se apruebe antes del verano-- y con la futura Ley de Economía Sostenible, que también recoge medidas en este ámbito.

En este sentido, el portavoz socialista señaló que su grupo tratará de perfilar la aprobación "en paralelo" de la norma para que no se apruebe nada que contravenga dicha Directiva, que a su juicio contiene las líneas generales tanto de lo planteado por la Ley de Economía Sostenible que prepara el Gobierno como de la iniciativa de CiU.

VACUNA ESENCIAL PARA LAS PYMES

La proposición de ley de CiU ya plantea un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas, que el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, calificó en su momento como una "vacuna esencial" para acabar con "el enemigo número uno de las pymes".

De esta forma, el texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. En lo referente a las administraciones públicas, este límite se reducirá a la mitad, si bien con un periodo "transitorio" de adaptación de 45 días durante 2010.

Según Sánchez Llibre, la aplicación de esta ley garantizaría un ahorro de 10.500 millones en concepto de intereses de demora. Esta una es una de la principales reclamaciones que ha transmitido a CiU las patronales empresariales, de pymes y las asociaciones de autónomos como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

DUPLICAR INTERESES DE DEMORA.

Además, la iniciativa modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objeto de incrementar de 30.000 a 50.000 euros la cuantía máxima que permite reclamar judicialmente una deuda por el procedimiento monitorio, y articula un nuevo procedimiento judicial que permite a las empresas "reclamar de forma ágil" a las administraciones públicas el pago de sus obligaciones. Asimismo, incluye bajo esta denominación también a los entes públicos "como Renfe o Adif", a los organismos autonómicos y a las empresas públicas.

También endurecer las sanciones para los deudores que no cumplan los plazos, duplicando el interés mínimo de demora de forma que alcanzaría el 7%, según la tasa incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, y clarifica el concepto de costes de cobro exigible, incluyendo los gastos judiciales y bancarios..


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