Ni él ni su gobierno lo hacen. A lo sumo recurren al tópico de la no injerencia en los asuntos judiciales. Y si algo dicen es que todo lo que afecta a la institución monárquica es perjudicial para la salud democrática de España. Una afirmación que se justifica con el gran papel que el rey desempeñó en la Transición. Pero los españoles nos preguntamos qué tendrá que ver la Transición de finales de los 70 y principio de los 80 del siglo pasado con el año 13 en el que vivimos. Del papel de antaño se ha pasado al papelón de hoy. Menudo marrón tiene el país con la realeza.

Rajoy y su gobierno apelan a una historia pasada del rey y se aferran a su corona, que no es otra que un clavo ardiendo. Si el rey abdica, el pueblo español -incluidos un buen porcentaje de votante del PP- pedirá la reforma de la Constitución para cambiar el modelo de Estado. Y eso es precisamente lo que temen Rajoy y su equipo. Habría que disolver las Cámaras y convocar referéndum, primero, y elecciones, después.

A Rajoy no se le escapa que si el rey abdica, el príncipe Felipe tiene menos probabilidades de reinar de lo que al Gobierno le convendría. Eso pone en peligro su continuidad, especialmente si se celebran comicios para elegir presidente de la III República.

La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 57.5, que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley orgánica". Esa ley no se ha desarrollado después de tres décadas pero podría hacerse ad hoc incluso después de que el rey renunciara. Enriqueta Expósito, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, sostiene que la decisión de abdicar sigue siendo una "decisión personal y totalmente discrecional del monarca". El rey solo estaría "obligado" a comunicarla al Parlamento por "cortesía".

El catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Antonio Torres del Moral, decía a RTVE que "las abdicaciones no son decisiones personalísimas de los monarcas que se hacen efectivas de modo inmediato y sin más trámite". El rey tendría que comunicarlo al presidente del Gobierno para que lo pusiera en conocimiento de ambas Cámaras. El paso siguiente sería "presentar en el Congreso un proyecto o proposición de ley orgánica, aportando el texto de la abdicación y un único artículo que exprese su aprobación".

El rey puede atrincherarse en la casilla que le brinda y blinda Rajoy

Con independencia de los puntos de vista de los expertos, el Gobierno no puede condicionar la decisión del rey. Lo único que podría hacer el Ejecutivo es sugerirle o recomendarle que no abdicara. Si el monarca decidiera hacerlo, ni siquiera el Parlamento sería competente para impedírselo.

Con la imputación del yerno del rey a finales de 2011 se veía venir que quien sufriría mayor percance no sería el imputado marido de la infanta Cristina, sino la corona misma. La imagen del rey ha ido cayendo paulatinamente desde entonces, tanto por la caza del elefante y sus amistades peligrosas, como por la interacción del yerno y la hija. El rey estaba ya en jaque en el primer semestre de 2012 gracias a los méritos de su familia y a los suyos propios. Se veía venir el jaque mate. De hecho, lleva meses en esa posición, si bien es cierto que aún le quedaban algunas casillas por las que moverse en el tablero. Pero desde que el juez Castró imputó a la infanta Cristina, solo le quedan dos. Cualquiera de ellas es mate. La diferencia en la elección de una u otra dependerá de rey.

Si decide salvar a sus hijos -que no es sinónimo de que Felipe reine, pero sí podría librar a Cristina del banquillo- optará por abdicar y promover el advenimiento de la III República. Eso demostraría que el sentido de Estado atribuido a su persona se impone a sus intereses personales. Si él abre la vía de la república, su hijo no podrá desautorizarlo.

Le toca al rey mover ficha, es decir, elegir la casilla donde afrontar el jaque mate. Puede irse con dignidad y salvar algunos muebles familiares o, por el contrario, atrincherarse en la casilla que le brinda y blinda Rajoy. En esa posición, devorará a sus hijos, como sucedió en Tito Andrómico, la tragedia de Shakespeare. O lo que es lo mismo, dejará que los devore la opinión pública. Un sacrificio inútil porque, al final, esta partida la perderán el rey y Rajoy. De eso se encargarán los españoles, más pronto que tarde, por medio de los procedimientos democráticos que corresponden en cada caso: referéndum y elecciones generales.

La Fiscalía, dependiente del Gobierno, va a recurrir la imputación de la infanta Cristina. Confiemos en que emplee argumentos jurídicos sólidos y no bananeros. Los argumentos del juez Castro son jurídicos, consistentes y racionales. Si la cosa funciona y se rechaza la imputación de su hija, el rey tendrá la posibilidad de seguir agonizando por unas cuantas casillas más del tablero. Rajoy correrá la misma suerte. Sus destinos están ligados a los mismos movimientos de esta partida.

El rey estaba ya en jaque en el primer semestre de 2012 gracias a los méritos de su familia y a los suyos propios