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El TS rechaza ampliar a las fiscales de 'Gürtel' la querella por las escuchas de Garzón

21/10/2010 15:37 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado incluir a las dos fiscales del 'caso Gürtel' como querelladas en el procedimiento que se instruye contra el juez Baltasar Garzón por intervenir las comunicaciones en prisión que los cabecillas de la trama presuntamente corrupta mantuvieron con sus abogados.

En un auto dado a conocer este jueves, la Sala de lo Penal desestima la petición realizada por Ignacio Peláez, abogado del empresario imputado en la causa José Luis Ulibarri, quien se querelló el pasado 24 de mayo contra las fiscales Anticorrupción Concepción Sabadell y Myriam Segura por ocultar una prueba que consideraba clave para la defensa del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en el asunto de los trajes de Orange Market.

Peláez se refería a un dato aportado en una de las conversaciones intervenidas por Garzón a uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Pedro Crespo, en la que éste afirmaba que Camps se pagó sus trajes, en contra de la versión aportada por la también imputada Isabel Jordán. Consideraba el querellante que al ocultar este dato conocido por las intervenciones en prisión, las representantes del Ministerio Público incurrieron al igual que Garzón en delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad.

ALERTARON DE LAS IRREGULARIDADES

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza, rechaza que las fiscales pudieran haber vulnerado el derecho de intimidad, al constatar que su actitud "no fue estrictamente pasiva, ya que en diversas ocasiones pusieron de relieve lo irregular que, a su juicio, resultaban algunas de las actuaciones y diligencias llevadas a cabo por el instructor".

Sí recuerda, en todo caso, que "ciertamente" disponían de otras posibilidades procesales "más efectivas y enérgicas" para "impedir u oponerse" a las fórmulas de investigación acordadas por Garzón "en caso de considerarlas incorrectas", como la de recurrirlas en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, añade que "la actuación incompleta o no exhaustiva difícilmente puede equipararse a la plena omisión, al menos hasta que los hechos resulten completamente esclarecidos y pueda conocerse la concreta influencia de cada uno de los implicados", en alusión al Cuerpo Nacional de Policía, el juez instructor y las fiscales del caso. En este sentido, el Supremo destaca "de modo especial" la necesidad de averiguar "de quién partió la solicitud de las intervenciones y en qué términos se hizo".

NO HAY PREVARICACIÓN

En relación con el delito de prevaricación imputado por el querellante, el auto de la Sala de lo Penal defiende que éste "sólo puede ser cometido por autor que tenga la condición de juez", por lo que la participación en él de las querelladas "habría de consistir, exclusivamente, en la de la cooperación necesaria".

Para Maza, la presunta actividad delictiva imputada a las fiscales sólo podría considerarse en un supuesto de "comisión por omisión", en referencia a que éstas habrían obviado su posición de "garantes" de los derechos de los encausados al no haber evitado su vulneración. En este punto, recuerda que la prevaricación, entendida como "delito de resultado", exige que "la no evitación" de una acción supuestamente delictiva "equivaliera a su causación", lo que no se puede aplicar al presente caso.

El querellante también acusaba a las fiscales de incumplir sus obligaciones profesionales de "imparcialidad, defensa de la legalidad y respeto por las garantías constitucionales", recogidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Constitución española. El Supremo rechaza esta pretensión al considerar "obvio" que ninguna de estas tres leyes "tipifica infracción de carácter penal alguna".

La conversación relativa a Camps habría tenido lugar en el centro penitenciario el 6 de marzo de 2009, en una entrevista entre Peláez (abogado del constructor José Luis Ulibarri) y Crespo en la que éste señala que el presidente valenciano "se pagó sus trajes" pese a las declaraciones de otra de las imputadas, Isabel Jordán, en sentido contrario. "Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque nos es cierto" reza la transcripción.


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