Registran sede de Sony Music y la empresa de representación de Ana Torroja en el marco de la investigación a la cantante

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con el apoyo de la Agencia Tributaria, han registrado en Madrid la sede de Sony Music Entertaiment y una empresa de representación, RLM, S.A. Estas actuaciones se enmarcan en la operación "Relámpago", en la que se investiga los presuntos delitos fiscales cometidos por la cantante Ana Torroja, al menos entre 2006 y 2007 y que ascienden a 600.000 euros, informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes han precisado que en el domicilio social de Sony Music Entertaiment España, S.L., situado en la Avenida de los Madroños, en Madrid, se ha intervenido diversa documentación física y en soporte informático relacionada con la actividad presuntamente fraudulenta cometida por la cantante.

Por su parte, también se ha registrado el domicilio social de la mercantil RLM, S.A. --oficina de representación de la ex vocalista de Mecano-- situada en la calle Puerto de Santa María, donde se intervino numerosa documentación física y en soporte digital relacionada con los hechos investigados. Además se ha tomado declaración a tres personas, indicaron las mismas fuentes.

En abril de 2007, los agentes especializados de la Sección de Fraude Fiscal de la UDEF Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, y de la Jefatura Superior de Policía de Islas Baleares realizaron diferentes registros dentro de un operativo, bautizado como 'Relámpago', contra una supuesta trama de fraude fiscal, blanqueo de capitales y estafas inmobiliarias.

Entonces se detectó que uno de los despachos de abogados investigados se servía de diversas sociedades que a su vez estaban participadas por otras mercantiles ubicadas en paraísos fiscales, principalmente en Panamá.

Del análisis de la documentación intervenida en aquellos registros se obtuvieron indicios que apuntaban a que los ingresos declarados por Ana Torroja no se correspondían con los realmente obtenidos.

Para cometer el fraude, superior a los 600.000 euros, se sirvieron al parecer de varias sociedades españolas y extranjeras, radicadas algunas de ellas en paraísos fiscales como Panamá o Antillas Holandesas.