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El diputado socialista en el Congreso José Antonio Pérez Tapias y representantes de los propietarios de chiringuitos y de instalaciones de espetos de la costa de Granada han mantenido una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino con el Subdirector General del Ministerio, Pablo Martín Huerta, en la que han expuesto las demandas del sector antes las distintas realidades y proyectos en las playas granadinas.
El motivo de la reunión, según ha expresado el diputado socialista, era conocer la situación del sector para poder así encauzar todo lo relacionado con sus actividades en la Costa Tropical granadina.
Tras analizar la situación de las diferentes realidades y proyectos en las playas de Motril, Carchuna y Calahonda, Salobreña, Almuñécar y la Herradura, La Rábita y la Rijana, de Castell de Ferro, los representantes del colectivo, Francisco Trujillo y Eduardo Cárdenas, trasladaron al Ministerio la necesidad y urgencia de resolver algunos planteamientos en cuanto a chiringuitos y venta de espetos, dado el inminente inicio de temporada de verano de este año.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino se insistió en los criterios que rigen su actuación en cuanto a dichas instalaciones, a tenor de la Ley de Costas, manifestando a su vez la voluntad de encontrar soluciones a los problemas planteados.
Según la radiografía realizada sobre los chiringuitos de Andalucía por el Ministerio, en Granada hay 37 chiringuitos y ante esta realidad, el Subdirector General manifestó que, en todo caso, y como debe ser, el Ministerio aplicará en Granada los mismos criterios que se aplican en las provincias costeras colindantes y, en general, en toda España.
Así, se establece que se mantenga una superficie máxima de 150 m2 para establecimientos que en zonas de dominio público de playas se dediquen a la actividad propia de los llamados "chiringuitos". Siendo así, la distancia mínima entre establecimientos de ese tipo, ubicados en lugares adecuados desde el punto de vista medioambiental y también de uso público, de 200 metros.
Además, las instalaciones desmontables en el dominio público de playas han de tener una superficie máxima de 20 m2 y deberán guardar una distancia entre ellas de 100 metros.