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Ruíz-Gallardón planea un golpe mortal al Estado de Derecho

03/06/2013 20:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Pretende prohibir a los partidos, sindicatos y asociaciones ejercer la acusación popular en delitos de corrupción

La medida que Ruíz-Gallardón quiere introducir sería un intento de “controlar” asuntos seguidos contra poderosos políticos y banqueros

La impunidad de la corrupción

Jueces, formaciones políticas y organizaciones que, en algunos casos se personan en delitos de corrupción, ven la propuesta para la reforma del Código Procesal Penal de la comisión nombrada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, referida a la prohibición de que partidos, sindicatos y asociaciones puedan ejercer la acusación popular en delitos de corrupción, como una forma de dejar “indefensa” a la sociedad civil al tiempo que “aniquila” un derecho consagrado en la Carta Magna.

La Constitución Española, en el artículo 125, defiende el derecho de los ciudadanos a "ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine".

Sin embargo, esta propuesta elaborada por el grupo de expertos de Gallardón limitaría este Jurado solo a los casos de homicidios y asesinatos consumados. Igualmente reduce la capacidad de personación y la lista de delitos que son susceptibles de ser denunciados por la acusación popular.

El borrador, en fase de estudio por el Gobierno, limita los delitos que son perseguibles mediante esta acusación, que actualmente actúa en cualquier delito de naturaleza pública, incluidos los económicos.

De ser aprobado, solo podrá actuar en delitos de prevaricación judicial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes en los mismos.

Oposiciones en masa

Para el colectivo Jueces para la Democracia, con esta propuesta la "gran mayoría" de procesos de corrupción "no se hubieran destapado" ya que la Fiscalía, en algunos casos, no ha querido actuar. "Han seguido adelante gracias a las acciones populares", critican.

El colectivo judicial señala que “si esta nueva regulación sale adelante” supondría la "práctica supresión" de "una forma de participación que ha aportado mucha información de interés público y ha servido para que lleguen a juicio asuntos sobre los que, al menos, era oportuno que se pudiera resolver".

Así ha ocurrido en los casos instruidos contra entidades financieras como Bankia o Novacaixagalicia o contra personalidades como el exbanquero Miguel Blesa, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el llamado ´caso de los trajes´ o contra el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.

"Da la impresión de que el Gobierno pretende controlar políticamente la instrucción penal y, por otro lado, evitar que se produzcan acusaciones que no puedan ser controladas desde el poder político", reconoce el colectivo. Además, en su opinión, esta medida "puede generar impunidad" en un momento en el que no paran de aflorar casos de corrupción contra políticos o personalidades del mundo financiero.

La propuesta también ha sido muy mal recibida por el sindicato derechista “Manos Limpias“ que mantiene una posición activa en las investigaciones llevadas a cabo contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa o contra Iñaki Urdangarin.

La organización se planea llevar la ley al Tribunal Constitucional e incluso a instancias europeas si el Gobierno la aprueba en estos términos. Su secretario general Miguel Bernard ve esta idea "totalmente inconstitucional" porque "se carga, extermina y aniquila" el artículo 125 de la Constitución. "Esto no puede quedar así porque es un golpe al Estado de Derecho. No lo vamos a consentir", ha enfatizado Bernard, para remarcar que detrás de este planteamiento está el intento de "los poderosos por cubrirse" y por "dejar totalmente indefensa a la sociedad civil". "Es un retroceso a regímenes totalitarios nazis".

Igualmente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), con mayor representación en la Administración de Justicia, reivindica la "función social" de los sindicatos y se opone a cualquier "injerencia del poder político". "No puede haber resquicio que permita la impunidad de conductas delictivas", ha añadido.

Este sindicato precisa que "La limitación del ejercicio de la acción popular es una ´vuelta de tuerca´ más al derecho de tutela judicial efectiva que, últimamente, se ha visto vapuleado con reformas como la de las tasas judiciales, recurrida ante el Tribunal Constitucional por excesiva".

"Si esta nueva regulación sale adelante” supondría la supresión de "una forma de participación que ha aportado mucha información de interés público

La “justicia” de Gallardón

Las nuevas tasas judiciales, auspiciadas por Ruíz-Gallardón, y la anunciada reforma del Registro Civil, que en 2014 pasará de las manos de los jueces a las de los registradores de la propiedad —lo que implicará pagar por trámites que ahora son gratis—, ya han sido calificadas por algunos colectivos como una nueva forma de “privatización” de la Justicia. Sostienen que este nuevo copago es el primer paso para cambiar el modelo de servicio público de la justicia y favorecer el negocio de privados, y auguran que dejará a muchos ciudadanos de clase media sin posibilidad de defender sus derechos en los tribunales.

Se empezará a pagar en todas las jurisdicciones menos en la penal (que supone el 70% de todos los pleitos), en la primera instancia de lo social, en las reclamaciones por deudas inferiores a 2.000 euros y en ciertos asuntos civiles relacionados con derechos fundamentales o de menores. Tampoco pagarán quienes tengan derecho a justicia gratuita (familias que ingresan menos de 15.000 euros brutos al año).

Así, divorciarse (excepto para las víctimas de violencia machista) tendrá una tasa de 300 euros más el 0, 5% de los bienes que se reclamen; recurrir una multa de tráfico ante un juez (sea cual sea la cuantía) supondrá, mínimo, 200 euros (podría llegar a 1.200 si se sigue recurriendo hasta la última instancia); el recurso de un trabajador contra una sentencia de despido, entre 200 y 300 euros. Y así con todos los pleitos. Si gana, el recurrente recuperará el dinero, pero solo en el caso de que haya condena en costas para la otra parte; si no, lo perderá.

Además de esto, Justicia prepara una ley, posiblemente para 2014, que pasará la gestión de las 8.700 oficinas del Registro Civil, que llevan ahora los jueces (o jueces de paz, no letrados), que son quienes inscriben allí (gratis) nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, nacionalidades y otros muchos trámites administrativos (1, 4 millones al año) a los notarios y registradores de la propiedad, porque estos “han perdido mucho trabajo por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria”, indican fuentes del ministerio.

Justicia asegura que los registradores —que son “ejercientes privados con funciones públicas”, como los notarios— no recibirán una remuneración por ese trabajo extra, y que tampoco cobrarán a los ciudadanos por el 80% de los trámites: seguirá siendo gratuito inscribir nacimientos, defunciones y resoluciones judiciales como las de adopción, tutela o incapacidad. También será gratis pedir copias de certificados, “porque las pedirá directamente la Administración”. El resto de trámites, probablemente, pasará a ser de pago (el ministerio dice que eso está “en estudio”), con tarifas —que fijará el Gobierno— de “entre 20 y 40 euros”, calculan fuentes oficiales. También habrá muchas menos oficinas.

Por otra parte, el matrimonio civil lo oficiarán los notarios, con lo que habrá una doble tasa: por casar y por inscribir después el matrimonio.

Las reformas pendientes de Gallardón

El Ministerio de Justicia está negociando con el PSOE una reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial para cambiar la elección de vocales del Gobierno de los jueces: la dejará en manos del Congreso, como hasta ahora (en contra del programa electoral del PP), pero intentando evitar que las asociaciones mayoritarias de jueces copen ese órgano. Esta ley se convertirá previsiblemente en otro foco de conflicto con los jueces; también la futura Ley de Planta, que reducirá el número de partidos judiciales y concentrará los juzgados.

Otra reforma “prometida” por Gallardón es la de Enjuiciamiento Criminal en la que uno de sus objetivos es que la instrucción pase de los jueces a los fiscales. Gallardón también reformará la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Pero sin duda, la reforma pendiente más polémica del actual ministro de Justicia es la ley de plazos del aborto, que provocó primer bajón de popularidad de Gallardón en muchas encuestas. El texto aún no ha visto la luz. Solo se sabe que acabará con el sistema de plazos actual.

¿Algo que alegar?

Como siempre, la maledicencia popular juega malas pasadas a los políticos y en el caso de Ruíz-Gallardón señala, en relación a la reforma que otorga el cobro de trámites antes gratis en los registros civiles, como una forma de favorecer a colectivos tan próximo al ministro de Justicia como el de los registradores y los notarios ya que, por ejemplo, sin ir más lejos una nuera suya es registradora, en ejercicio, al igual que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

También se ha visto como una posible forma de tapar “supuestos” trapos sucios del propio Gallardón el hecho de prohibir a los partidos, sindicatos y asociaciones para ejercer la acusación popular en delitos de corrupción ya que, según queda reflejado en la contabilidad oficial del Partido Popular, que está en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el ministro de Justicia, cobró numerosos sobresueldos en su etapa de senador.

Sólo en el año 1994, Galllardón habría recibido, a través de sobresueldos y gastos de representación, más de 2.275.000 pesetas. Cifra que habría que sumar al salario que Ruiz-Gallardón cobraba de forma oficial por ser senador. Es decir, al igual que otros altos cargos del Partido Popular en el Senado, el actual ministro recibía otras retribuciones que no se hacían públicas.

Según esta contabilidad, por ejemplo, en 1994 era habitual que, a finales de cada mes, Alberto Ruiz-Gallardón recibiese un ingreso en su cuenta por valor de 53.769 pesetas. En junio y diciembre de ese mismo año, la cantidad varió significativamente, alcanzando las 107.538 pesetas (justo el doble de lo que cobraba habitualmente, simulando de esta forma el cobro de una paga extraordinaria). Retribuciones que el ministro recibió al menos hasta abril de 1995, fecha en la que se anunció su candidatura a la Comunidad de Madrid.

En la contabilidad oficial de la cuenta que el Partido Popular disponía en el Senado, también quedan reflejadas otras transferencias a la cuenta de Alberto Ruiz-Gallardón. Así, el 30 de junio de 1994 el ministro recibió una “contraprestación” de 609.392 pesetas por concepto de “varios”. Un mes antes, el 31 de mayo, el PP transfirió al titular de Justicia otras 304.696 pesetas. Cifra que se dobló el 30 de septiembre, cuando desde la cuenta del Partido Popular en el Senado le ingresaron 610.622 euros.

El ministro de Justicia, por supuesto, ha negado tajantemente haber recibido sobresueldo alguno a lo largo de su carrera política.


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Montserrat Gutiérrez (343 noticias)
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