A un mes de la última fecha límite que se ha impuesto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para cerrar un nuevo sistema de financiación autonómica, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aprovechó ayer para poner todas las cartas boca arriba y sacar pecho. "La cifra de recursos adicionales en la que trabajamos es de 9.000 millones de euros", dijo Salgado, para precisar a continuación que esa transferencia del Estado a las comunidades autónomas se hará de forma gradual, "por las especiales circunstancias de las finanzas públicas".

El Gobierno concretó ayer en público, por primera vez, cuánto dinero adicional está dispuesto a poner el Ejecutivo para zanjar el acuerdo de financiación, tras año y medio de negociaciones. Y para dejar claro que es una posición en firme, la vicepresidenta comentó que el nuevo pronóstico sobre el déficit estatal hasta 2012, que también divulgó ayer, incluía "la previsión del Gobierno sobre el nuevo sistema de financiación autonómica". Según la propuesta que aireó el tripartito catalán en marzo, la voluntad del Ejecutivo era trocear la transferencia de recursos adicionales en tres entregas (2009, 2010 y 2011) para evitar un impacto excesivo en sus cuentas.

Fuentes de la Generalitat de Cataluña aseguraron ayer, también por primera vez, que los 9.000 millones es la cifra global que ya manejaba el Gobierno en la propuesta de marzo, un extremo que Economía no confirmó. En la enconada negociación entre el Gobierno y la Generalitat (el Estatuto catalán obligaba a un acuerdo en agosto de 2008), el aumento de los recursos disponibles para las comunidades ha quedado como uno de los asuntos más controvertidos. La oferta que rechazó a finales de marzo el tripartito catalán, la partida adicional empezaba en 1.200 millones el primer año, para alcanzar los 2.000 millones en 2011. Entonces, ninguna de las dos partes se refirió al montante global extra para todas las comunidades.

Nada más ser elegido en su nuevo cargo, el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, coincidió con la Generalitat en considerar "insuficiente" la oferta, que él cifró en 8.000 millones para el conjunto del sistema. Un incremento que suponía casi un 8% sobre los 110.000 millones que recibieron las comunidades en 2006.

Salgado sí dio por buena la última oferta del Gobierno, aunque sin entrar en cifras concretas. La vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, negó contradicciones y que la cifra estuviera cerrada.

Tras una fase de enfriamiento de las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat, Salgado y el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, reunidos el 23 de abril en Madrid, acordaron revisar tanto la cifra como el modelo. Si se da por buena la cifra reconocida por Chaves, la oferta estatal aumentaría en 1.000 millones. La Generalitat opone que la situación apenas ha cambiado.

El Gobierno catalán ha modulado su rechazo, con vistas a facilitar un acuerdo, que está afectando electoralmente tanto al PSOE como al PSC. "No nos interesa tanto la cifra total, como lo que se quede Cataluña", señalaron ayer fuentes del departamento de Economía, que insistieron en recordar sus "grandes dificultades económicas" y que "una negociación debe afrontarse con cierta flexibilidad, no con posiciones rígidas y cerradas".

Elena Salgado afirmó ayer que las negociaciones "no se han parado", lo que deja la puerta abierta a una última discusión sobre las cifras, pero reiteró: "Creemos que lo que ponemos sobre la mesa da respuesta a necesidades de las comunidades autónomas y no desistimos de lograr que lo piensen".

La vicepresidenta insistió en que el modelo es "algo más que cifras, es un nuevo sistema de financiación". Y puso como ejemplo la subida de impuestos especiales que anunció ayer, más beneficiosa para las comunidades.Para la Generalitat, la prueba del algodón es que se modifique el criterio de reparto de los fondos, a favor de las autonomías peor financiadas. Y, en su opinión, la propuesta no lo garantiza.

"No vamos bien, no hay un cambio apreciable", sostuvo Joan Ridao, secretario general de ERC, componente del tripartito catalán junto al PSC. CiU considera "humillantes" los 9.000 millones e instó al PSC a retirar su apoyo a Zapatero. Por parte del PP, el diputado autonómico Enric Millo, consideró la propuesta una "burla en toda regla".